El Gobierno de las islas Baleares, que desde el pasado mes de julio está controlado por una coalición de izquierda nacionalista que preside Francesc Antich, del Partido Socialista Obrero Español, ha provocado el debate social, con su proyecto para el cobro de una «ecotasa», un impuesto aplicable a los turistas a su llegada a las islas.
Cada verano entran en Baleares cerca de diez millones de turistas. Se calcula que se podrían recaudar diez mil millones de pesetas al año, cobrando unas mil o mil quinientas pesetas a cada viajero no residente. El Gobierno autonómico tiene un presupuesto general de 140.000 millones de pesetas.
Este año el sector turístico supondrá un billón de ingresos para Baleares. Los empresarios se oponen a la «ecotasa» y han sugerido crear una lotería turística como alternativa, aunque la iniciativa ya ha sido rechazada por el Ejecutivo balear. Los grandes hoteleros, los operadores internacionales y las compañías aéreas se oponen a la imposición de la tasa turística, aunque su fin sea reinvertirla en mejorar la oferta (opción que ha sido reclamada por la patronal de hoteleros de Menorca, isla que es reserva de la biosfera y que pretende ofrecer programas de calidad y complementos alternativos medioambientales).
La aplicación de una «ecotasa» tiene antecedentes en algunos países de América Latina y del Mediterráneo.
