La idea de la madera certificada es antigua pero su realidad no se materializó hasta los años 90, gracias a la iniciativa mundial de ADENA-WWF y de grupos de silvicultores conscientes.
Empresas de normalización auditan no sólo el producto sino el sistema de producción y certifican que un bosque cumple con los requisitos de sostenibilidad económica y ecológica que marca no un término legal o una convención humana, sino el propio sentido común (que es el menos común de los sentidos).
Las auditorías de bosques destinados a la producción de madera certificada tienen por objeto comprobar que la explotación silvícola, objeto del estudio, tiene viabilidad económica en el amplio sentido de la palabra. Es decir, que no se está sometiendo al bosque a sobreexplotación (desde el punto de vista ecológico) ni tampoco se está practicando un dumping comercial (desperdiciando recursos o explotándolos por debajo de sus posibilidades para alterar, a la baja, el precio final de la madera con el fin de competir mejor).
Las investigaciones de los bosques y sus producciones las realizan empresas de normalización de los cinco continentes que, a su vez contratan a especialistas a las distintas materias (botánicos, antropólogos, zoólogos, economistas, ingenieros forestales, abogados, sociólogos, etcétera) quienes dirigen sus pesquisas a la observación de si la explotación forestal estudiada respeta el equilibrio del ecosistema del que se trate, porque a la larga tampoco puede ser rentable sustituir bosques naturales por monocultivos madereros con fines comerciales.: y en el mismo sentido procurar que la explotación silvícola se integre en la cultura de la población autóctona, de manera que ninguna explotación que amenace a la población indígena recibiría el sello de madera certificada, mas al contrario se exige que los trabajadores de la explotación obtengan sueldos y condiciones de trabajo dignas.
Los precios de estos procesos de normalización varían mucho de un país a otro, y sobre todo, según el tipo de cultivo silvícola y de explotación. Por lo general las pequeñas explotaciones de bosque mediterráneo o atlántico no pueden costearse los gastos que originan las inspecciones de certificación de madera. Quizá sea esa la causa de que en España no haya tenido éxito este recurso, que en otros países, además de servir para proteger el medio ambiente y los derechos humanos, confiere un valor añadido al producto final.
Sin embargo, tarde o temprano, los silvicultores españoles, incluso los más modestos, tendrán que organizar alguna fórmula para no perder aún más cuota de mercado.
De hecho, empresas de distribución británicas exigen a los famosos fabricantes de puertas del Levante español que sólo envíen mercancías elaboradas con madera certificado, porque el consumidor del Reino Unido no admite otra oferta.
De momento, las manufacturas levantinas han de recurrir a maderas extranjeras (lo que encarece el producto final más que la propia certificación) por lo que urge que se organicen asociaciones de productores o cooperativas silvícolas capaces de agrupar a los pequeños silvicultores, a fin de que contraten colectivamente las auditorías pertinentes para sus bosques.
Este proceso se acelerará mucho más cuando entre el consumidor español se alcancen niveles de conciencia ecológica equiparables a los del resto de la Unión Europea (UE).
Los silvicultores de Finlandia han sido los primeros de la UE en introducir criterios éticos en su producción maderera, la primera exportación del sector primario finlandés.
Los criterios de la certificación de madera son de tan alto grado de sentido común que superan a las legislaciones de todos los países, sin contradecir ninguna. De hecho, uno de los criterios básicos para la certificación de un bosque o de una madera es que, ante todo, debe cumplir con las normas forestales de su área de origen.
En España se han tardado decenios hasta que se ha introducido tímidamente en la legislación la restricción a la venta de madera quemada procedente de incendios forestales o se ha regulado el uso de bosques autóctonos tras un fuego de estas características (que la historia y las evidencias policiales nos demostraban que era provocado, y muy probablemente, por el mismo cerebro que luego traficaba con esa madera o con esas tierras).
La madera certificada se presenta como un magnífico instrumento para evitar veleidades mafiosas, incluso en los más perversos terratenientes de la Amazonia o de otros latifundios forestales del planeta, pero la proliferación de este sistema de producción y venta corresponde en buena parte al destinatario final: el consumidor.
De ahora en adelante no tendremos mucho dinero a escandalizarnos ante los abusos de madereras sin escrúpulos, si no somos nosotros mismos quienes exigimos en nuestra tienda de muebles, de puertas o en cualquier comercio que venda artículos de madera, que ésta proceda de bosques certificados.
No se trata sólo de exigir este sello de garantía sino de estar dispuesto a pagarlo. En general, no es mucho más caro. Pero hay quien piensa que esa ligera subida en el precio del producto es un lujo que no puede costearse.
Quizá el verdadero lujo sea obtener madera a bajo precio a costa del trabajo infantil, condiciones laborales de semiesclavitud, desplazamiento forzoso de población autóctona o destrucción de culturas aborígenes, deforestación sistemática de ecosistemas vírgenes, destrucción de bosques autóctonos para sustituirlos con especies foráneas, reducción, en suma, de la biodiversidad y de la, hoy por hoy, única fábrica de oxígeno de que dispone la Humanidad: el mundo vegetal.
+No es esto último un lujo mucho más caro? +o es que hay alguien dispuesto a pagar con su salud o con su vida una rebaja en el precio de una mercancía?
La dignidad humana y la continuidad de la vida sobre la Tierra están en juego, y la única forma de ganar la partida es esta: introducir criterios éticos en el mercado mundial. Muchos silvicultores ya lo han hecho. Ahora esperan la respuesta del mercado. +A qué esperamos nosotros?
