Se trata, según la UE, "de tener en cuenta las nuevas formas de comercio que no existían entonces". Para ello, se introducirán normas uniformes y modernas de competencia judicial en materia civil y comercial en los quince estados miembros de la Unión Europea, y se simplificará y acelerará el reconocimiento y la ejecución de decisiones.
La rapidez de los procedimientos y la seguridad jurídica son también "exigencias esenciales" en esta época, marcada por la multiplicación de las transacciones comerciales.
Por su parte, las organizaciones de los consumidores europeos ya han anunciado que vigilarán muy de cerca este proceso de adaptación de la normativa legal, y que se opondrán a cualquier iniciativa que suponga que un ciudadano no pueda acudir a los tribunales de su país para denunciar que ha sido engañado en una compra realizada por internet.
