Esta cifra contrasta con el elevado número de denuncias que tramita el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Tan sólo en los primeros seis meses de 1999, el Seprona realizó 87.823 denuncias, 1.794 atestados y 419 actas. En distintas ocasiones este cuerpo de seguridad verde se ha quejado de la falta de caso que se hace de sus actuaciones en los juzgados.
Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, o contra la flora y la fauna, preocupan cada vez más a los fiscales, a juzgar por las reflexiones que incluyen en sus Memorias anuales, que han sido recogidas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal jefe de Zaragoza, por ejemplo, considera que este tipo de delitos no se ha incrementado debido no sólo a una mayor concienciación de los ciudadanos, sino a una mayor preocupación por parte de la Administración central y de las autonómas.
Por lo que se refiere a los delitos contra el medio ambiente, el año pasado se mantuvo la tendencia de los anteriores, con un incremento sostenido. En total se incoaron 686 diligencias por este delito, que se comete al realizar emisiones tóxicas, vertidos, radiaciones, excavaciones ilegales, ruidos, inyecciones o depósitos (en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, aguas terrestres o marítimas y aguas subterráneas), en contra de lo previsto en las leyes.
Pero esas diligencias previas no llegan a convertirse en sentencia, en muchos casos, porque, tras la investigación, el fiscal concluye que los hechos no tienen entidad como para decretar la apertura del juicio oral.
Algunas sentencias citadas el año pasado, por este delito, fueron la condena al responsable de una explotación minera de Huelva por vertidos ácidos en un cauce público (un año de prisión y 500.000 pesetas de multa), o la de un juez de Valencia que impuso esa misma pena al dueño de una fábrica de lámparas por vertidos tóxicos.
En cuanto a los delitos contra la flora y la fauna (que se cometen por cortar, talar, quemar, recolectar o traficar ilegalmente con flora protegida, y por cazar o pescar especies amenazadas, entre otras conductas), durante el año pasado fueron incoadas 659 diligencias previas.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha resaltado la importancia de la primera sentencia que se dictó sobre esta materia. Ocurrió en Asturias, donde el fiscal presentó sendas denuncias por talas de acebo, una especie arbórea protegida.
En un caso, los responsables de una empresa de madera no sólo cortaron los árboles para los que tenían autorización sino que, para facilitar la tarea de sacar los troncos fuera del monte, talaron los acebos que allí había. En el otro, al realizar una plantación de eucaliptus talaron los acebos que había en la zona, a pesar de que en la autorización se indicaba que debían respetarlos.
En 1998 distintos jueces dictaron sentencias condenatorias por cazar especies amenazadas: un armiño, un gato montés, dos cernícalos, un chorlito dorado común y una hembra de gamo.
