El 27 de mayo en el barrio porteño de Once, Daniel Coria y un grupo de amigos caminaban divirtiéndose por la calle. Pasaron frente a un templo de la comunidad judía que estaba custodiado por el prefecto Daniel Salinas, al que la alegría y la joda le parecieron «disturbios», por lo que hizo sonar su silbato para callar a los «vagos y mal entretenidos». Estos, que evidentemente no saben respetar la autoridad, le gritaron que se metiera el pito en el trasero. El prefecto, enfurecido, sacó su arma reglamentaria y le pegó un tiro a Coria, matándolo instantáneamente.
El «guardian del orden» fue detenido. Argumentó que disparó porque Coria le tiró una piedra. El juez Zelaya le dictó la prisión preventiva por homicidio simple. Cuando se implementó la custodia de instituciones judías por la Prefectura, CORREPI advirtió que sacar a la calle personal armado de esta fuerza con la excusa de «ahorrar» personal policial era una forma de militarizar la ciudad, lo que se iba a manifestar en hechos de gatillo f cil de la Prefectura, que por su funci¢n espec¡fica eran entonces menos frecuentes. Una vez m s debemos admitir que cuando pensamos mal de las pol¡ticas del Estado, no nos equivocamos.
Siete integrantes de la Policia Federal de Jujuy fueron detenidos acusados de homicidio en perjuicio del comerciante Manuel Fernandez de 39 a_os, al que fusilaron hace una semana en la localidad de Tilcara. Fernandez ven¡a a bordo de su camioneta Ford F- 100 despues de una jornada de caza cerca de la frontera con Bolivia. En un camino fue interceptado por los federales, que lo hicieron bajar de su rodado, lo hicieron arrodillar y le pegaron un tiro, que entr¢ por la nuca y sali¢ por su cara.
Rapidamente los canas intentaron una explicaci¢n del fusilamiento y llamaron a los canales de TV argumentando que Fern ndez era un peligroso narcotraficante que se desplazaba desde el Altiplano, con una buena cantidad de coca¡na, que previamente hab¡an puesto en su camioneta. Reci’n despu’s de dos horas llamaron al juez federal de turno, que desconfi¢ de la versi¢n policial. Despu’s de citar a los familiares de Fern ndez, qued¢ aclarada la patra_a policial. Entonces los funcionarios poblicos arguyeron que se hab¡an confundido ya que ten¡an el dato que a la misma hora que Fern ndez se desplazaba con su camioneta, iba a pasar con una similar el terrible e imaginario narco boliviano.
El hecho es merecedor de algunos comentarios. Primero, que la polic¡a juje_a, que alguna vez sufri¢ purgas, sobre todo despu’s del macabro hecho del ingeniero Rodriguez Laguens, sigue siendo la misma. Porque el poder pol¡tico requiere este tipo de polic¡as.
En segundo lugar, que no es casual que los canas hayan ido a buscar a los periodistas para hacer difundir sus mentiras. ¥Cuantas veces los formadores de opini¢n salen a explicar a los televidentes los «enfrentamientos» con peligrosos delincuentes a los que se ven obligados los abnegados polic¡as!. Y onicamente hablan de la «maldita polic¡a» cuando matan a un periodista.
El 29 de junio, Marcelo Gonzalez fue detenido por la polic¡a correntina por «averiguaci¢n de antecedentes». Fue llevado a la sede de Investigaciones T’cnico-periciales, ex divisi¢n de delitos y leyes especiales y ex brigada de investigaciones en la epoca de la dictadura. Gonzalez era oriundo de la Capital Federal y estaba cumpliendo una condena por un delito cometido en la ciudad de Goya. Como estaba pr¢ximo a cumplir su condena, gozaba de un regimen de libertad condicional de 12 hs. diarias para trabajar. Fue detenido en el supermercado T¡a y se le pretendi¢ imputar la adulteraci¢n de documentaci¢n y el robo del automotor que ten¡a, que era propiedad de su empleadora, que lo hab¡a mandado al negocio a hacer unas compras.
Gonzalez fue salvajemente torturado durante toda la noche, y al d¡a siguiente apareci¢ con un tiro en la nuca de un rev¢lver Mangum calibre 357, que se pretendi¢ que «accidentalmente» se hab¡a disparado. Posteriormente se detuvo a dos oficiales y dos suboficiales de la polic¡a correntina.
En lo que va del a_o, los canas de Corrientes cometieron dos homicidios de gran trascendencia poblica, el de Juan Carlos «Chicharra» S nchez y el de German Morales, en enero y febrero respectivamente, que oblig¢ al Ministro de Gobierno y Justicia de la intervenci¢n radical de la provincia a disolver la mencionada divisi¢n de Delitos y Leyes Especiales.Pero como sostuviera nuestra compa_era Hilda Presman de la Comisi¢n Provincial de Derechos Humanos «Hoy comprobamos que m s all de los sucesivos cambios de nombre y de domicilio, sigue en pie la misma maquinaria asesina de la vieja Brigada de Investigaciones».
Correpi
