El modelo forestal chileno ha sido mostrado como el ejemplo por antonomasia de desarrollo forestal y ha venido siendo exportado a los países de la región. Implementado durante la dictadura militar, tal estilo de desarrollo del sector, que generó concentración económica, desplazamiento de indígenas y campesinos y daños al medio ambiente, está hoy siendo severamente cuestionado -incluso con acciones directas- por parte de los afectados. En este caso, los indígenas Mapuches.
Durante los meses de febrero y marzo del año pasado, el sur de Chile se ha visto conmovido por una serie de sucesos conflictivos en relación con las reivindicaciones territoriales de los Mapuches. Excepción hecha del área metropolitana de Santiago, allí habita el grupo más numeroso de esta etnia originaria del actual territorio chileno, compuesta por alrededor de un millón de personas.
Tomando acciones directas para efectivizar sus derechos ancestrales sistemáticamente ignorados, 300 Mapuches de las comunidades de Temulemu, Didaico, Pantano, junto a otros provenientes de Lumaco atacaron el 5 de marzo el fundo Chorrillos, al SW de Traigu’n. Su prop¢sito era poner fin a la tala de las plantaciones de pino que Forestal Mininco considera de su propiedad. La Reforma Agraria impulsada por el Presidente Eduardo Frei Montalva – padre del actual Presidente- reconoci¢ la propiedad de las comunidades Mapuches sobre estas tierras. La dictadura militar pinochetista confisc¢ posteriormente las mismas, que fueron puestas a la venta y adquiridas por esta empresa.
En tanto la polic¡a defend¡a el predio, el numeroso grupo de Mapuches -que inclu¡a hombres, mujeres y ni_os- atacaban con boleadoras, hondas y armas de fuego, animados por consignas como «Son pocos (los polic¡as) y pelean por plata; nosotros somos m s y peleamos por la vida». Catorce personas resultaron heridas en la refriega y un clima tenso se instal¢ definitivamente en la zona. Los ind¡genas lanzaron un ultim tum para que Mininco detenga definitivamente sus actividades.
Mientras suced¡an estos incidentes, la empresa mencionada talaba rboles en otro sector de la misma comuna, operaciones que continuaron al d¡a siguiente. En una actitud de provocaci¢n, las tareas de maderero se desarrollaron a escasa distancia de la casa del lonko (jefe mapuche) Pascual Pichon en Santa Rosa de Colpi. Dirigentes Mapuches consideran que la actitud de la empresa es una burla al propio sistema judicial, puesto que no hay todav¡a pronunciamiento sobre el tema. Por lo tanto no se descartan movilizaciones ulteriores.
Una semana despu’s, en la provincia de Arauco, un grupo de cien personas, que componen treinta familias de la etnia mapuche de diversas comunidades aleda_as al sector Lautaro-Antiquina, ocup¢ un fundo donde operaba Forestal Bosques Arauco. Juan Huenupi, miembro del consejo de la Corporaci¢n Nacional de Desarrollo Ind¡gena (CONADI) en la VIII Regi¢n, manifest¢ que «la gente est cansada y no se hace justicia». Record¢ que los ind¡genas que participaron de esta acci¢n reclaman 50.000 hect reas que les fueron reconocidas en la ‘poca de la Reforma Agraria y que luego les fueron quitadas por la dictadura militar. Tras ocupar el predio durante un d¡a, los Mapuches se retiraron a la espera de que sus reivindicaciones sean de una vez o¡das.
El 13 de marzo, cerca de ah¡, en la zona de Ca_ete, un grupo de Mapuches asaltaron la hacienda Lleu-Lleu. El asalto tuvo lugar despu’s de celebrarse un nguillatun (reuni¢n mapuche), en el que participaron ind¡genas de varias comunidades de la provincia de Arauco, en la VIII Regi¢n, as¡ como de la IX Regi¢n. Osvaldo Carvajal, el actual propietario del predio, considera que se encuentra injustamente implicado en un conflicto hist¢rico entre los Mapuches y el estado chileno y ha iniciado acciones legales contra los asaltantes. Al d¡a siguiente los Carabineros detuvieron a la realizadora mapuche Jeanette Paill n -del Centro de Estudios y Comunicaci¢n Mapuche Lulul Mawidha- mientras se encontraba filmando un ngillatun. Adujeron que la misma hab¡a participado del asalto a la finca el d¡a anterior, acus ndosela de hurto y saqueo a la propiedad privada. Sin embargo, su detenci¢n en realidad forma parte de una serie de actos intimatorios y de violencia sufridos por el Centro Lulul por parte de grupos civiles y paramilitares de las empresas forestales de la zona. Otros ind¡genas fueron tambi’n detenidos con posterioridad al asalto de Lleu-Lleu. El 20 de marzo la Justicia dispuso la libertad de cuatro de ellos por falta de pruebas, en tanto tres permanecen incomunicados hasta ser llevados ante los tribunales. En relaci¢n con este hecho Mar¡a Llanquileo, vocera de la coordinadora mapuche de Arauco, anunci¢ ese mismo d¡a un encuentro de todas las comunidades de la provincia en apoyo de los detenidos, del que participar n organizaciones de otros puntos del pa¡s.
La situaci¢n de violencia que impera en la regi¢n se origina en una situaci¢n de injusticia, en la que las empresas forestales, con el apoyo irrestricto del Estado, se apropiaron de las tierras de los pueblos originarios. Frente a esta situaci¢n, los Mapuches apelan a generar hechos pol¡ticos para intentar volcar la balanza a su favor para el reconocimiento de sus derechos territoriales.
Los Mapuches se encuentran entre los sectores m s postergados de Chile y est n enfrentados al callej¢n sin salida de la p’rdida de sus territorios y recursos naturales a manos de los que ellos llaman «los chilenos usurpadores», vale decir las poderosas empresas forestales. Despose¡dos de su base material de existencia, su cultura peligra. Segon el ex-Ministro de Agricultura del gobierno de la Unidad Popular, Jacques Chonchol, la dictadura fue «el principal responsable» del conflicto que se est viviendo, ya que «impuls¢ una contrarreforma agraria y las 300.000 hect reas que se les hab¡an entregado a las comunidades como reparaci¢n hist¢rica, les fueron usurpadas y sacadas a remates bajo operaciones fraudulentas, y las compa_¡as forestales las compraron a precios muy bajos». De este modo las empresas forestales «han monopolizado las tierras y han forestado incluso terrenos agr¡colas, lo que es un crimen para el pa¡s». El esquema forestal impuesto a partir de la dictadura militar deriv¢ en la concentraci¢n de la propiedad, los medios de producci¢n, el gerenciamiento y la toma de decisiones en un reducido grupo de conglomerados que dominan la cadena productiva en el rubro. Un ejemplo es justamente el de Forestal Arauco. Por otra parte, como es sabido, los monocultivos de pino radiata y eucalipto en el sur del pa¡s han sido uno de los principales factores de destrucci¢n del bosque austral chileno.
Las empresas generadoras del da_o social y ambiental han mantenido una actitud de dureza frente a los reclamos de los Mapuches. Forestal Mininco, perteneciente al conglomerado transnacional Compa_¡a Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), contando con el apoyo de CORMA (Corporaci¢n Chilena de la Madera), acaba de calificar la acci¢n de los Mapuches en el fundo Chorrillos como «terrorismo rural». Andr’s Ovalle, gerente de la compa_¡a, aduce que esas tierras «agr¡colamente son improductivas y s¢lo sirven para la forestaci¢n». Por su parte Felipe Lamarca, portavoz de SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) considera que «el gobierno debe respaldar plenamente a los privados en cuanto al derecho que les corresponde de disponer y administrar sus recursos y evitar plantear propuestas que limiten dicho ejercicio», a la vez que se alarma por la movilizaci¢n de los ind¡genas, conducidos por una nueva generaci¢n de l¡deres, con vinculaciones nacionales e internacionales a movimientos ecologistas e indigenistas. Propone que los Mapuches abandonen su territorio o directamente sean trasladados a la ciudad, pero asistidos por «pol¡ticas estatales de integraci¢n, para que no engrosen la marginalidad».
Lejos de cumplir con el rol que le corresponde en materia de defensa de los derechos culturales y territoriales de los antiguos habitantes del rea austral del Chile actual, el estado chileno no ha hecho m s que actuar a favor de las empresas forestales. Mario R¡os Santander, Vicepresidente del Senado, dice que «el gobierno no ha dispuesto recursos en el tema ind¡gena». Por su parte la Ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, admite que el gobierno no cuenta con tierras para ofrecer a los Mapuches en la IX Regi¢n. El gobierno ha estado permanentemente dubitativo entre la convocatoria al di logo y la represi¢n. A su vez la acci¢n de la CONADI, sumamente condicionada por un presupuesto insuficiente, ha resultado inoperante tanto en el plano de la conciliaci¢n del conflicto como en el de la satisfacci¢n de las demandas de los pueblos ind¡genas perjudicados.
Dos visiones aparecen claramente enfrentadas en la ra¡z del conflicto. Una, la del desarrollismo a ultranza, con un estado que fomenta el protagonismo del sector empresarial, el cual, a su vez, ha venido consumiendo vorazmente los bosques nativos, utilizando su madera para alimentar la industria de la pulpa y el papel y reemplaz dolos por monocultivos forestales con ese mismo fin. Para las grandes empresas, los Mapuches no son m s que una molestia y lo que habr¡a que hacer con ellos es sacarlos. La otra visi¢n es la de los pueblos nativos, aferrados a la defensa de su tierra, sus medios de vida y su cultura. No se trata -como alguna prensa ha tratado de ridiculizar- de dar marcha atr s a 300 a_os de historia, sino de reconocer los derechos de los pueblos ind¡genas a su territorio, su cultura y su integridad, tal como es la tendencia en la legislaci¢n de muchos pa¡ses de Am’rica. Esta ser¡a la forma de detener la violencia en la regi¢n. Ello servir¡a adem s para frenar un estilo de desarrollo en el sector forestal que beneficia a unos pocos y perjudica no s¢lo a los Mapuches, sino a la gran mayor¡a de los chilenos. Eso es en esencia el tan mentado y promovido «modelo forestal chileno», que se pretende adem s imponer en toda Am’rica Latina.
Fuentes: Dar¡o Jana 6/3/99, 10/3/99, 12/3/99; Jorge Calbucura 10/3/99, 11/3/99, 18/3/99, 20/3/99; MAPULINK 13/3/99; Monti Aguirre, IRN, 15/3/99; Defensores del Bosque Chileno, «La tragedia del bosque chileno», Ocho Libros Editores, Santiago de Chile, 1998. Comentarios a cargo del WRM.
