La convulsión social que vivió el país con mayor intensidad desde hace dos semanas atrás es producto de la aplicación ciega de un modelo de privatización y apertura a las inversiones sin medir los costos ambientales y sociales, que en este caso alcanza a servicios básicos como son la provisión de agua potable y alcantarillado y el acceso a fuentes de agua.
La movilización de los diferentes sectores del país se origina en el rechazo a la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, promulgada el 20 de octubre de 1999, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.
En Bolivia no existe en la actualidad una Ley de Aguas, pero se han presentado varios anteproyectos que no lograron su promulgación.
Durante 1999 se intensificó el debate debido a que la Presidencia de la República entregó al Parlamento la 29 versión de proyecto de Ley de Aguas, elaborada sin consensos ni consulta pública y parecía que el gobierno tenía realmente la intención de lograr su aprobaci¢n. Esto motiv¢ que se realicen grandes marchas campesinas y que las organizaciones sociales rechacen el anteproyecto, a tiempo de presentar una propuesta propia.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y Servicios B sicos present¢ a la C mara de Senadores el proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Este proyecto de ley en realidad deber¡a ser un componente de la Ley del Recurso Agua, sin embargo sorpresivamente entr¢ en agenda de la C mara de Senadores siendo promulgada el 20 de Octubre de 1999 como Ley 2029.
La aprobaci¢n de la Ley 2029 se dio de manera totalmente inconsulta y astuta y para evitar el debate sobre los recursos h¡dricos. Para ello, la coalici¢n de gobierno logr¢ una alianza coyuntural con su principal oponente pol¡tico, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido del ex presidente Gonzalo S nchez de Lozada, bajo cuyo gobierno se dise_o la aplicaci¢n del modelo econ¢mico vigente. Diversos analistas pronosticaron que la aplicaci¢n de esta ley generar¡a un mundo de conflictos por el acceso al agua.
Por otro lado, su aprobaci¢n es una muestra no solamente de lo que significa la participaci¢n y consulta ciudadana para los sucesivos gobiernos de Bolivia sino que pone en evidencia las incongruencias en las pol¡ticas y en la aplicaci¢n de las mismas, del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que financia el establecimiento del Marco Regulador del Sector Agua Potable y Alcantarillado, cuyo presidente, Enrique Iglesias, dec¡a en un memorando emitido a sus directores en Noviembre de 1999: «… el Banco ha emprendido una serie de acciones para fortalecer sus relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que incluyen: consulta amplia en el contexto de la evaluaci¢n de proyectos, operaciones para fortalecer a la sociedad civil y los procesos de participaci¢n en el nivel local, alianzas para el desarrollo entre gobierno, sociedad civil y el sector privado, e iniciativas para promover el di logo sobre pol¡ticas en el nivel sectorial, particularmente en los sectores sociales.»
Asimismo, el documento del presidente del BID se_ala que existe consenso con las organizaciones de la sociedad civil en que «una mayor participaci¢n de las comunidades, un di logo efectivo con todos los sectores sociales, y procesos m s abiertos y transparentes son elementos esenciales para asegurar que los proyectos del Banco tengan un impacto positivo y sostenible en el desarrollo.»
La Ley 2029 no solamente establece regulaciones para la prestaci¢n del servicio de agua potable sino para el acceso a las fuentes de agua para cualquier uso, otorgando exclusividad al concesionario sin tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones sociales, las que deben convertirse en usuarios de los servicios del titular de la concesi¢n.
Adem s, establece una indexaci¢n de tarifas al Indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos. Por otra parte, la ley permiti¢ regularizar contratos como el de la empresa Aguas del Tunari, subsidiaria de International Water Limited de Londres, de propiedad de Bechtel Enterprises Inc. De San Francisco, California y Edison S.p.A. de Mil n Italia.
El contrato con esta empresa fue firmado por la todopoderosa Superintendencia de Aguas que fue creada sin un marco regulatorio espec¡fico y con la nueva ley se convirti¢ en la Superintendencia de Saneamiento B sico con competencias para otorgar concesiones, revocarlas y resolver conflictos. La concesi¢n otorgada a Aguas del Tunari implica la ejecuci¢n del Proyecto Misicuni, la dotaci¢n de agua potable, la dotaci¢n de agua de riego y la generaci¢n de energ¡a el’ctrica en la central hidroel’ctrica de Misicuni.
Las facilidades que la ley otorga a los concesionarios, como Aguas del Tunari, les permiten proponer tarifas que desean cobrar que se constituyen en la base de aprobaci¢n por parte de la Superintendencia. En consecuencia, esta empresa aplic¢ un tarifazo en la ciudad de Cochabamba, que fue uno de los motivos que hicieron de la ciudad de Cochabamba, desde inicios de a_o, y de todo el pa¡s, en la actualidad, un escenario de una revuelta impresionante. La poblaci¢n, de esta manera, dio a conocer su desacuerdo con: el alza desproporcionada de tarifas, la firma de un contrato de concesi¢n que lesiona seriamente la econom¡a de la poblaci¢n y la aprobaci¢n de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
La feroz represi¢n desatada por el gobierno desde las primeras manifestaciones en Enero y Febrero, solo logr¢ fortalecer el movimiento social, que decidi¢ la anulaci¢n del contrato y la modificaci¢n de la ley 2029, acordando la negociaci¢n de los conflictos pero la inoperancia del Legislativo, la intransigencia del Ejecutivo y muy particularmente de la Superintendencia, provocaron el cansancio de los mediadores y acumularon tensiones que a fines de marzo se expresaron en la convocatoria a nuevas medidas de presi¢n.
La Coordinadora por el Agua y por la Vida (que agrupa al Comit’ de Defensa del Agua, a las Federaciones de Regantes, de Fabriles, Maestros, Comerciantes, Campesinos y otras, y a colegios profesionales como los de Ingenieros, Abogados y Economistas) hab¡a organizado una Consulta Popular que recogi¢ la opini¢n casi un nime de cerca de 50.000 personas en contra de la Ley de Agua Potable, en contra del incremento de tarifas y en contra del consorcio Aguas del Tunari. Basada en ese resultado convoc¢ el martes 4 de abril a un bloqueo general de la ciudad y de las carreteras exigiendo al Gobierno la soluci¢n definitiva al problema del agua.
El viernes 7, el Prefecto del departamento anunci¢ la salida de la empresa, pero los festejos populares culminaron en duelo, decepci¢n y en dos d¡as de virtual guerra civil, ya que la decisi¢n tomada por la autoridad no contaba con el respaldo del gobierno central. El prefecto present¢ su renuncia y la poblaci¢n renov¢ el bloqueo de la ciudad. A medianoche la polic¡a detuvo dirigentes haciendo uso de mucha violencia y brutalidad. El s bado 8 fue promulgado el estado de sitio en todo el pa¡s. Los bloqueos campesinos de carreteras se fueron incrementando en varios departamentos del pa¡s.
La respuesta de la poblaci¢n fue intensificar los bloqueos reafirmando la voluntad de conseguir los objetivos propuestos por encima de toda represi¢n, pidiendo incluso la renuncia del presidente B nzer y todo su equipo. Durante todo el s bado se dieron enfrentamientos en Cochabamba, mientras que los campesinos y militares se enfrentaron muy duramente en la poblaci¢n de Achacachi el d¡a domingo.
El domingo 9 se supo oficialmente que el consorcio Aguas del Tunari decidi¢ rescindir el contrato con el gobierno el que lleg¢ a un acuerdo con la Coordinadora, poniendo as¡ fin al conflicto. El acuerdo comprende:
– El retorno del servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa estatal Semapa (residual), la conformaci¢n de un directorio transitorio con representaci¢n institucional profesional y laboral a sugerencia de la Coordinadora, para dar continuidad al servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Cochabamba, con la responsabilidad en el plazo m s breve posible de dar funcionamiento institucional a la empresa operadora, as¡ como de convocar a todas las instituciones vivas y leg¡timas del departamento a fines de tomar determinaciones relativas a la soluci¢n del agua a largo plazo. Se condicion¢ la desmovilizaci¢n de bloqueos a la aprobaci¢n de las modificaciones en el Parlamento de las modificaciones consensuadas en Cochabamba.
– La presentaci¢n de documentos emitidos por la Superintendencia sobre la resoluci¢n del contrato con la empresa Aguas del Tunari.
– El compromiso del gobierno para atender heridos, indemnizar a familiares de los fallecidos, retornar a los confinados en funci¢n al proceso de pacificaci¢n social.
Este documento dio fin parcial al problema, alivi ndose la tensi¢n sobre todo en la ciudad, mientras que en el rea rural se manten¡an los bloqueos de caminos hasta la promulgaci¢n de la Ley 2029 reformada.
El d¡a martes 10 el Parlamento aprob¢ la Ley Modificatoria de la Ley 2029, tras una intensa negociaci¢n con la Coordinadora del Agua y su instancia de apoyo: la Mesa T’cnica del Agua, logrando la mayor¡a de los puntos demandados, bajo diversas presiones nacionales e internacionales.
Lo ocurrido muestra que Bolivia no es el pa¡s modelo de aplicaci¢n de las medidas de ajuste estructural promovido internacionalmente. La anulaci¢n del contrato con Aguas del Tunari es un golpe duro para el proceso de privatizaci¢n encauzado desde la anterior gesti¢n. Al parecer la poblaci¢n ya est cansada de ver como se acomodan las leyes a las empresas «capitalizadoras», las que se llevan todas las ganancias dejando en el pa¡s todos los impactos sociales y ambientales que generan en la explotaci¢n de recursos naturales.
FORO BOLIVIANO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO-FOBOMADE
