INSEGURIDAD, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS VENEZOLANOS

Organismos humanitarios, el Fiscal General, y diferentes representantes del quehacer nacional venezolano vienen denunciado la situación, que no recibe una solución eficaz y eficiente por el gobierno y menos aún por parte de desbordados, malentrenados y malpagos organismos policiales.

De acuerdo con la última encuesta de la firma Datanálisis, el 42 por ciento de la población considera que el de la seguridad es la mayor problemas personal y del país, muy por encima del desempleo y el costo de la vida.

Monseñor Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmó que no es responsabilidad sólo del Ejecutivo emprender acciones para enfrentar el alto índice delictivo en el país, porque son muchos los actores sociales involucrados que deben colaborar para resolver el problema.

El prelado indicó que es necesario establecer un diálogo para elaborar una política integral que enfrente esa situación para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.

«Es necesario que se abra un proceso educativo para la poblaci¢n, para que no seamos encubridores ni tampoco intentemos hacer la justicia por nuestras propias manos; es necesario que se cree la confianza en un sistema judicial que sea realmente aut¢nomo y al servicio de la gente», dijo.

Los linchamientos en los barrios, opin¢, constituyen un problema muy complejo, que no se puede achacar a un solo elemento, sino que se relaciona con la falta de empleo, oferta de estudios y la mala prestaci¢n de todos los servicios poblicos, a la par de que no hay programas para los j¢venes desocupados. Adem s, a ello se une la falta de confianza de la ciudadan¡a en los ¢rganos jurisdiccionales.

Monse_or Porras expres¢ que es necesario investigar si existe una pol¡tica de exterminio de delincuentes por parte de ¢rganos de seguridad del Estado

El diputado del oficialista Movimiento al Socialismo, Carlos Tablante, consider¢ que el Gobierno nacional debe declarar una emergencia en materia de seguridad ciudadana, en atenci¢n al intolerable nomero de muertes durante los fines de semana y los rumores sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

«Se est  hablando de predelincuentes y de exterminios; se est  pidiendo una ley sustitutiva de la de Vagos y Maleantes, que fue derogada por inconstitucional (…) tenemos que luchar contra la delincuencia, pero manteniendo blindada nuestra Constituci¢n, que es una de las m s avanzadas del mundo en materia de derechos humanos».

Adem s, Tablante manifest¢ su preocupaci¢n por fen¢menos como el sicariato vinculado al control de los mercados de la droga: «Este tipo de situaciones no se resuelve sacando a la Guardia Nacional a la calle. Necesitamos invertir tiempo y dinero para que nuestras polic¡as hagan labores de investigaci¢n e inteligencia, lo cual implica una alianza entre los organismos del poder poblicos responsables de la lucha contra el hampa», dijo.

Entre las acciones inmediatas que, segon el diputado, deben orientar la declaratoria de emergencia que propone, figura un desarme general, «porque hay un exceso de portes de armas, incluso en manos de gente acusada de cr¡menes, lo que muestra que en muchos niveles hay una asociaci¢n entre delincuentes y funcionarios».

Por su parte, el Ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso D vila, jaqueado por las denuncias, anunci¢ este mi’rcoles la realizaci¢n de una campa_a nacional para la prevenci¢n del delito, uno de cuyos objetivos es la formaci¢n de comunidades vecinales para el ejercicio responsable de sus deberes y derechos ciudadanos y realizar un programa de educaci¢n para la convivencia y participaci¢n ciudadana en procesos de desarrollo humano y econ¢mico, sustentables en el tiempo.