En estos últimos meses se está decidiendo sobre el futuro de los usuarios de Internet: el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y el retraso en la implantación de las infraestructuras de comunicaciones, con graves problemas para el despliegue de las nuevas tecnologías están ocasionando graves perjuicios que no solo afectan a los usuarios, sino que se extienden también a las iniciativas empresariales que basan en Internet su posibilidad de desarrollo, y en general al conjunto de ciudadanos y al tejido empresarial de nuestro país.
Consideramos que el derecho de acceso, constituye el concepto clave que permitirá resolver los problemas a los que nos referimos y que su garantía, junto con otros derechos y libertades de los cibernautas debe orientar la actividad de las administraciones públicas.
Concebimos el derecho de acceso como un derecho básico de todo ciudadano del siglo XXI; son las infraestructuras y los servicios que nos permitirán desarrollarnos laboralmente, intelectualmente, econ¢micamente y, no menos importante, disfrutar de nuestro ocio de nuestra cultura y de nuestras relaciones.
Un derecho de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia y de su nivel de renta para acceder a la sociedad de la informaci¢n. A poder desarrollar con plena autonom¡a sus proyectos individuales, cooperativos o empresariales. Para todo ello necesitan el desarrollo de las infraestructuras y de una pol¡tica que apueste por un sector de futuro (El medio rural -Servicio TRAC- sigue en el m s absoluto de los olvidos y ya est bien de esta discriminaci¢n).
El comercio y los servicios deben ser accesibles a todos los ciudadanos disfrutando de las mismas ventajas, tanto de costes como de operatividad. Contemplado todo esto, el acceso a los servicios no debe ser cuestionado localmente puesto que Internet ofrece accesos globales (desde cualquier pa¡s) al que el ciudadano debe acceder independientemente de donde viva: centro o periferia, ciudad o peque_o municipio. Bien sean zonas de fuerte concentraci¢n urbana o parcelas
rurales aisladas.
Parece, para este gobierno, como si Internet fuese algo que tenemos que pagar por obligaci¢n, cuando nadie se plantea que tengamos un buz¢n en casa. Es como si aparte del sello del que nos remite una carta tuvi’semos que pagar el derecho a tener el buz¢n y s¢lo se puedan recibir env¡os grandes si contratamos un servicio especial. O m s bien como si el derecho a recibir correo pudiera ser cuestionado o, en el mejor de los casos, caro y complicado de contratar si se desea un buen servicio.
Todo ciudadano debe tener derecho a una cuenta de correo gratuita, a accesos poblicos a Internet, aon m s, a contar su propia historia en la red, a publicar sus aficiones, sus deseos, sus intereses. No se debe contemplar Internet como un lugar de mero negocio, sino como un lugar poblico en el que haya libre intercambio de informaci¢n. La Administraci¢n poblica, y dotando para ello del pertinente acceso a todos sus funcionarios, debe de tener completa presencia en la Red Internet para facilitar la vida a la ciudadan¡a (presetar expedientes, consulta de los mismos, etc.).
Nuestra postura es la siguiente:
1. El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¢n y Comercio Electr¢nico atenta contra la libertad de los ciudadanos en Internet y nos plantea serias dudas respecto a la constitucionalidad de muchos de sus art¡culos.
2. El medio rural sigue teniendo una nula y cara capacidad de conexi¢n y lo que es peor, no se est garantizando que tengan acceso a las tecnolog¡as que se est n implantando o que se implantar n en el futuro.
Las iniciativas m s interesantes del mundo de Internet se est n dando en reas aisladas, donde precisamente el ahorro de costes y la comunicaci¢n para contrarrestar el aislamiento las hacen m s otiles y necesarias.
3. Las infraestructuras m s avanzadas se est n fomentando en los parques tecnol¢gicos en los que los suelos son caros para las iniciativas innovadoras o inviables para iniciativas de los usuarios. Todos conocemos los parques tecnol¢gicos en las afueras de las ciudades en las que las grandes empresas pueden disfrutar de cable, estructuras intercomunicadas, buenas conexiones, pero en las que los alquileres y las distancias las hacen inviables para las peque_as empresas.
Reivindicamos una Red Internet y Nuevas Tecnolog¡as en los domicilios y en las ciudades donde vivimos y nos relacionamos.
Reivindicamos tambi’n la libertad para que cualquiera desde su casa, en su tiempo de ocio, o iniciando una aventura tecnol¢gica pueda tener el mismo acceso a las nuevas tecnolog¡as.
4. El caos al que se enfrenta el usuario es generalizado. Los obst culos a los que nos podemos enfrentar para realizar una simple conexi¢n se multiplica, y multitud de personas a nuestro alrededor se convierten en barreras. Ya casi no se pueden contabilizar el nomero de agentes que pueden impedir que un ciudadano tenga acceso a una tecnolog¡a: el casero de su casa puede impedirte instalar una l¡nea, el presidente de la comunidad puede decidir que no se instale una antena parab¢lica o de cualquier tipo en el tejado, la junta de distrito puede decidir donde o como se cablea sin necesidad de dar alternativas, el ayuntamiento puede establecer todo tipo de l¡mites a las infraestructuras, la comunidad aut¢noma regular una normativa diferente a la estatal perjudicando a los usuarios, un juez local puede precintar una base de comunicaciones, las preferencias de las empresas por determinadas zonas que son m s rentables a la hora de dotar de infraestructuras…La lista es interminable. Nos enfrentamos a ella cada vez que: queremos instalar ADSL, queremos colocar una antena parab¢lica, queremos tener cobertura con nuestro m¢vil, intentamos solicitar cable…
Cualquiera se siente en el derecho de impedir el acceso al ciudadano sobre un derecho que en realidad nos pertenece: el derecho al acceso a las comunicaciones.
Solicitamos que se regulen los procedimientos para que nadie nos pueda impedir tener unas comunicaciones que nos permitan desarrollarnos.
5. La situaci¢n se agrava con las nuevas tecnolog¡as, alarmistas y tecn¢fobos siembran el caos y el desconcierto con riesgos desde sanitarios a estructurales. Reclamamos que se difundan los estudios concluyentes de las autoridades sanitarias u otras a las que corresponda, que demuestren los riesgos reales y, en el caso de que existan, que se busquen alternativas para que todos gocemos de un acceso a las nuevas tecnolog¡as.
6. Los internautas espa_oles, un nomero cada vez mayor de los ciudadanos, tenemos un rea de actuaci¢n internacional. Tanto peque_as empresas como usuarios que buscan la excelencia de los servicios, necesitan competir, nutrirse, informarse, desarrollarse en lugares de todo el mundo donde ya disponen de infraestructuras avanzadas y donde se est n desarrollando las nuevas con normalidad.
7. Los ciudadanos necesitan cauces para poder reclamar sus derechos. Si hace falta una ley, es una ley que garantice el acceso para poder ser ciudadanos del siglo XXI, vivamos donde vivamos y sea cual sea cual sea nuestro poder adquisitivo. El acceso deber¡a estar garantizado por algon organismo, que alguien, adem s de las organizaciones de consumidores, pueda garantizar que todo ciudadano tenga acceso.
8. Y por supuesto reivindicamos la Tarifa Plana, o si lo prefieren la Tarifa Plana, a todas horas, en todos los lugares, con la calidad exigible en el momento actual de tecnolog¡a y a un precio que un ciudadano pueda acceder y no dedicado solo a una gran corporaci¢n s¡ se lo pueda permitir.
Fernando Rub¡n
Presidente de la Plataforma Internauta