La Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible se celebra 10 años después
de la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y treinta años
después de Estocolmo. En este periodo hubo algunos avances, sobre todo a
escala local y estatal, pero en general los problemas de pobreza y
deterioro ambiental se han agravado.
Uno de los objetivos de la Cumbre de Johanesburgo es la ratificación de
varios tratados internacionales: Protocolo de Kioto, Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad, el Tratado Internacional sobre Recursos
Genéticos de Plantas para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), el
Convenio de Rotterdam sobre consentimiento previo informado antes de
exportar ciertos productos químicos peligrosos y plaguicidas, el acuerdo
de la ONU sobre recursos pesqueros que incluye varios planes de la FAO,
el Convenio de Basilea sobre el transporte de residuos tóxicos y el
Convenio europeo de Aarhus sobre el acceso a la información, que debería
globalizarse.
Pero aún más importante es tratar de avanzar en la solución de los
problemas de desarrollo y medio ambiente que afectan a los países más
pobres: agua y el saneamiento, acceso a la energía a los 2.000 millones
de personas que carecen de servicios modernos de energía sin agravar el
cambio climático, salud, productividad agrícola y conservación de la
diversidad biológica y los ecosistemas.
El gobierno de Aznar en España no ha hecho los deberes y ha jugado un
papel nefasto en la preparación de la Cumbre de Johanesburgo durante la
presidencia de la UE, relegando a un tercer plano todo el proceso
preparatorio, como demuestran las Cumbres de Barcelona en marzo o la de
Sevilla en junio de 2002.
Los Verdes-Izquierda Verde consideramos que la Cumbre de Johanesburgo
debe unir la equidad social con la sostenibilidad ambiental, sin
descuidar ambos aspectos, y debe huir de la retórica, sin llegar a
compromisos concretos, sobre todo de recursos financieros. Es la hora de
la acción, y de pasar de las palabras a los hechos.
En Johanesburgo se debería sentar las bases para crear una Organización
Mundial del Medio Ambiente, dentro de la estructura de la ONU, y con
presupuestos y capacidad ejecutiva, que sirva de contrapunto a la
omnipotente Organización Mundial de Comercio, y una Agencia de las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética, que sustituya a la
desprestigiada Agencia Internacional de la Energía Atómica.
Los Verdes-Izquierda Verde apostamos por reforzar las Naciones Unidas y
sus agencias pero corrigiendo sus debilidades burocráticas, y por el
fortalecimiento del Consejo Social y Económico de la ONU con la creación
de un nuevo Consejo de Seguridad Social.
En España apostamos por una política real de reducción de las emisiones
de gases de invernadero, cumpliendo como mínimo el Protocolo de Kioto,
por elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7 del PIB, y por avanzar
realmente hacia la sostenibilidad y la equidad.
De Río a Johanesburgo
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en
Johanesburgo (Suráfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre,
reunirá a dirigentes mundiales, activistas y representantes de empresas,
para trabajar en un programa con miras a asegurar que el planeta Tierra
pueda ofrecer una vida digna a todos sus habitantes, en el presente y en
el futuro. La Cumbre se celebrará en el Sandton Convention Centre, a las
afueras de Johanesburgo. También se celebrará un foro no gubernamental
en un lugar próximo llamado Gallagher.
La Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible se celebra 10 años después
de Río. La Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró
en Río del 3 al 14 de junio de 1992, llegó demasiado tarde como para
impedir los problemas que pretendía resolver, ignorando el principio de
precaución, pero demasiado pronto como para alcanzar acuerdos
satisfactorios, a pesar de dos largos años de negociaciones.
Río-92 se celebró veinte años después de la Conferencia de Estocolmo de
1972. Treinta años después de Estocolmo y 10 de Río, los problemas
sociales y ambientales, lejos de solucionarse, se han agravado. La
población supera los 6.200 millones de habitantes, el doble que en 1972,
y hoy 800 millones de personas viven en la extrema pobreza. Las
proyecciones muestran que la población mundial llegará a los 8.000
millones de habitantes para 2025 y a los 9.300 millones de habitantes
para 2050, para estabilizarse en los 12.000 millones de personas a
finales del siglo XXI.
El 15% de la población mundial vive en países de altos ingresos y a ella
corresponde el 56% de todo el consumo del mundo, mientras que al 40% más
pobre de la población mundial, que vive en países en desarrollo,
corresponde únicamente el 11% del consumo. El promedio de gastos de
consumo de una familia africana se ha reducido en un 20% en comparación
con 25 años atrás.
La tasa de pobreza general en los países en desarrollo, basada en un
umbral de pobreza de 1 dólar de ingresos al día, se redujo del 29% en
1990 al 23% en 1998. El número total de personas que viven en la pobreza
por ingresos se redujo sólo de cerca de 1.300 millones a 1.200 millones.
Hay 815 millones de personas desnutridas en el mundo, y 777 millones de
ellas viven en los países en desarrollo. Las cifras están reduciéndose
en Asia, pero aumentan en África. La pobreza se debe al injusto reparto
de la renta: el 1% de la población mundial acapara el 57% de la renta
mundial, lo que significa que apenas 60 millones de ricos tienen unos
ingresos superiores a 6.000 millones de habitantes, según el informe del
PNUD del año 2002.
Cada año se pierden 14,6 millones de hectáreas de bosques y miles de
especies, reduciendo y erosionando irreversiblemente la diversidad
biológica. La capa de ozono, a pesar del Protocolo de Montreal, no se
recuperará hasta mediados del siglo XXI. El dióxido de carbono presente
en la atmósfera (370 partes por millón) se ha incrementado en un 32%
respecto al siglo XIX, alcanzando las mayores concentraciones en los
últimos 20 millones de años, y hoy añadimos anualmente a la atmósfera
más de 23.000 millones de toneladas de CO2, acelerando el cambio
climático. Se prevé que las emisiones de dióxido de carbono aumenten en
un 75% entre 1997 y 2020. Cada año emitimos cerca de 100 millones de
toneladas de dióxido de azufre, 70 millones de óxidos de nitrógeno, 200
millones de monóxido de carbono y 60 millones de partículas en
suspensión, agravando los problemas causados por las lluvias ácidas, el
ozono troposférico y la contaminación atmosférica local.
El accidente de Chernóbil, la proliferación nuclear y la acumulación de
residuos radiactivos, son ejemplos de los riesgos de la energía nuclear.
El posible conflicto entre dos potencias nucleares, como India y
Pakistán, por Cachemira, o el de Oriente Próximo, donde Israel posee
cerca de 100 bombas atómicas, son ejemplos de que aún no ha desaparecido
la amenaza nuclear.
El consumo mundial de energía supera los 9.000 millones de toneladas
equivalentes de petróleo, y más de 680 millones de vehículos, la mayoría
en el Norte, circulan por costosas infraestructuras. Mientras cerca de
dos mil millones de personas carecen de electricidad.
La pesca excesiva, el sobrepastoreo, el consumo de leña, el empleo de
plaguicidas y abonos, la contaminación, la producción de residuos y el
crecimiento de las áreas metropolitanas, destruyen los recursos a un
ritmo nunca conocido. Los cultivos transgénicos, inexistentes en 1992,
hoy superan los 45 millones de hectáreas, y han surgido nuevas amenazas,
como la nanotecnología y la ingeniería genética aplicada a los seres
humanos.
Desapareció el conflicto Este-Oeste, pero los gastos militares apenas se
han reducido, e incluso han aumentado tras los atentados del 11 de
septiembre, con una única superpotencia, EE UU, mientras han estallado
numerosos conflictos y sobre todo se han ahondado las diferencias entre
el Norte y el Sur, así como las desigualdades dentro de cada país. La
ideología neoliberal pretende erigirse en el pensamiento único, dictando
las políticas económicas de todos los países.
El Norte consumista y desarrollado no quiere asumir sus
responsabilidades en la destrucción ambiental y en la explotación de los
pueblos del Sur, negándose a hacer ninguna concesión sustancial (deuda
externa, transferencia de tecnología, comercio internacional, ayuda al
desarrollo, reducción de las emisiones de CO2), y a cambiar su
insostenible modo de vida.
A las élites que gobiernan el Sur tampoco les interesa que algo cambie.
Ellas son el Norte del Sur, y no están dispuestas ni a redistribuir más
equitativamente la renta y la tierra, ni a democratizar sus países, ni a
respetar los derechos humanos, ni a acabar con la corrupción, ni a
frenar la destrucción de sus ecosistemas. En Johanesburgo las élites del
Sur pretenden practicar un nacionalismo demagógico, para vestir su
voracidad y el expolio de sus pueblos y ecosistemas, y en el fondo se
alegrarían tanto como George W. Bush del fracaso de la Cumbre de
Johanesburgo.
La «Carta de la Tierra» quedó reducida en Río a un prólogo descafeinado
y sin valor normativo. Los fondos para implantar la Agenda 21 son
raquíticos, y para colmo el Banco Mundial es el organismo encargado de
su gestión. La Cumbre de Monterrey no logró aumentar la Ayuda Oficial al
Desarrollo al 0,7% del PIB de los países industrializados.
Pero el hecho más significativo desde la Cumbre de Río es la creación de
la Organización Mundial de Comercio y la aceleración de la globalización
económica, eliminando las trabas al comercio mundial de mercancías y
servicios, sin consideración por la degradación ambiental, las
crecientes desigualdades y la destrucción de empleos en las economías
del Tercer Mundo.
El Convenio sobre el Cambio Climático, debido a la presión del gobierno
estadounidense, no contempló en 1992 ningún compromiso firme para
estabilizar las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero,
y las mismas inconsistencias afectan al Convenio sobre Diversidad
Biológica.
No obstante, hay que destacar algunos pasos positivos, como el Protocolo
de Kioto en 1997 (que debería ratificarse y entrar en vigor en
Johanesburgo, si EE UU y sus aliados no lo impiden), el Protocolo de
Bioseguridad (también debería ratificarse, con la oposición de EE UU),
la creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la firma de
un Convenio sobre Desertificación y la creciente organización de la
sociedad civil en torno a las ONG y a los movimientos sociales. El auge
de la energía eólica y solar es otro indicador claro de que es posible
también otro futuro energético, sin nucleares ni combustibles fósiles.
El mundo, la biosfera en la que vivimos, no puede soportar por mucho más
tiempo el actual modelo de desarrollo insostenible, con las terribles
desigualdades sociales y la degradación ambiental. Río, ¿sirvió para
algo? A riesgo de pecar de optimismo, cabe afirmar que Río supuso un
avance en la conciencia colectiva. Johanesburgo, independientemente de
sus resultados concretos, tendrá efectos similares.
La Cumbre del Desarrollo Sostenible de Johanesburgo
Uno de los objetivos de la Cumbre de Johanesburgo es la ratificación de
varios tratados internacionales: Protocolo de Kioto, Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad, el Tratado Internacional sobre Recursos
Genéticos de Plantas para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), el
Convenio de Rotterdam sobre consentimiento previo informado antes de
exportar ciertos productos químicos peligrosos y plaguicidas, el acuerdo
de la ONU sobre recursos pesqueros que incluye varios planes de la FAO,
el Convenio de Basilea sobre el transporte de residuos tóxicos y el
Convenio europeo de Aarhus sobre el acceso a la información, que debería
globalizarse.
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, resumió los
progresos que esperaba ver en Johanesburgo en cinco esferas:
1. Agua y el saneamiento: Poner el agua potable al alcance de por lo
menos 1.000 millones de personas que carecen de agua apta para el
consumo y proveer de saneamiento adecuado a 2.000 millones de personas.
El agua contaminada, el saneamiento inadecuado y la falta de higiene
causan más del 80% de todas las enfermedades en los países en
desarrollo. El paludismo por sí sólo provoca más de un millón de muertes
al año. Para el año 2025, las dos terceras partes de la población
mundial podrían vivir en zonas sometidas a una escasez de agua de
moderada a aguda.
2. Energía: Dar acceso a la energía a 2.000 millones de personas que
carecen de servicios modernos de energía; promover las fuentes de
energía renovables; reducir el consumo excesivo y ratificar el Protocolo
de Kioto para abordar la cuestión del cambio climático. La población de
los países industrializados consume 10 veces más energía por habitante
que la población de las regiones en desarrollo.
3. Salud: Abordar los efectos de los materiales tóxicos y peligrosos;
reducir la contaminación del aire, que mata a tres millones de personas
todos los años, y la incidencia del paludismo asociada con el agua
contaminada y la falta de saneamiento.
4. Productividad agrícola: Trabajar para revertir la degradación de las
tierras, frenar la erosión y la desertificación, que afecta
aproximadamente a los dos tercios de las tierras agrícolas del mundo.
5. Diversidad biológica y ecosistemas: Revertir los procesos que han
destruido aproximadamente la mitad de los bosques tropicales húmedos y
los manglares de la Tierra, amenazan al 70% de los arrecifes de coral y
están diezmando las pesquerías. Más de 11.000 especies están amenazadas
de extinción, más de 800 ya se han extinguido y otras 5.000 podrían
extinguirse, a menos que se adopten las medidas adecuadas.
Entre los objetivos oficiales de la Cumbre están los siguientes:
– Lograr que la mundialización facilite el desarrollo sostenible;
– Erradicar la pobreza y mejorar los medios de vida en las zonas rurales
y urbanas;
– Modificar los patrones insostenibles de producción y consumo, incluida
la cuadruplicación de la eficiencia energética en los próximos 20 ó 30
años;
– Promover la salud mediante el acceso seguro y económicamente asequible
al agua potable, la reducción del plomo en la gasolina y la mejora de la
calidad del aire en locales cerrados;
– Proporcionar acceso a la energía y mejorar la eficiencia energética
mediante la creación y la utilización de tecnologías que fomenten las
fuentes de energía renovable y de alta eficiencia energética, y
modificar los patrones insostenibles de consumo de energía;
– Ordenar de manera sostenible los ecosistemas y la diversidad biológica
mediante el mejoramiento de los indicadores y los sistemas de gestión,
haciendo frente a los problemas de la pesca excesiva, las prácticas no
sostenibles en materia de selvicultura y la contaminación marina;
– Mejorar la gestión de los suministros de agua y la distribución de
recursos hídricos de manera que sea más equitativa;
– Proporcionar recursos financieros y tecnologías ecológicamente
sostenibles;
– Apoyar el desarrollo sostenible en África mediante programas nuevos y
amplios que permitan crear instituciones y sistemas que puedan abordar
cuestiones relacionadas con el hambre, la salud y la protección del
medio ambiente, así como la gestión de los recursos;
– Fortalecer el sistema de administración internacional con miras al
desarrollo sostenible.
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
Después de cinco años de difíciles negociaciones se logró aprobar en
Montreal un Protocolo de Bioseguridad que es el primer tratado
internacional que reconoce a los organismos manipulados genéticamente
una categoría de organismos necesitada de su propio marco jurídico. Este
acuerdo internacional permitirá a los países importadores de alimentos
transgénicos regular su entrada de acuerdo con el principio de
precaución, lo cual supone un avance notable, aunque otros aspectos son
insatisfactorios, y pueden entrar en contradicción con la Organización
Mundial de Comercio, erigida en promotora de la libre circulación de
todo tipo de productos, incluso los más dañinos para el medio ambiente y
la salud.
El 29 de enero de 2000, a pesar de la poderosa oposición de los países
exportadores de transgénicos, como Estados Unidos y Canadá, 130 países
acordaron el llamado Protocolo de Bioseguridad, que les da el derecho,
sobre la base de la aplicación del llamado principio de precaución, de
rechazar las importaciones de transgénicos. La Unión Europea acordó en
junio de 2002 ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad del
Convenio de Diversidad Biológica, aprobado en enero de 2000 en Montreal
(Canadá).
El Protocolo se refiere exclusivamente a los organismos transgénicos
vivos, dejando fuera todos los productos derivados (como es el caso de
los piensos, por ejemplo, aunque sus materias primas provengan de
organismos transgénicos). Pero a pesar de sus limitaciones, es un paso
adelante y se deben hacer todos los esfuerzos para que sea ratificado en
Johanesburgo.
Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de
un acuerdo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 39
países industrializados, incluidos los de la antigua URSS. El
compromiso, que se encuentra en un difícil periodo de negociación y
ratificación, tras la negativa del Presidente George W. Bush a
ratificarlo, secundado por Australia y Canadá, obliga a limitar las
emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, compuestos
perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y
hexafluoruro de azufre) respecto al año base de 1990 para los tres
primeros gases y 1995 para los otros tres, durante el periodo 2008-2012,
en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el
conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón.
Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener
sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción global acordada es de un
5,2% para los países industrializados.
El Protocolo es probable que se apruebe en la Cumbre de Johanesburgo en
Suráfrica, y la opinión pública debe presionar todo lo necesario para
que así sea. En su primera etapa no obliga a los países en desarrollo,
dadas sus reducidas emisiones actuales por habitante, y sobre todo las
emisiones históricas acumuladas. Los países industrializados, con el 20%
de la población mundial, son responsables de más del 60% de las
emisiones actuales, y de la práctica totalidad de las emisiones
históricas, y a pesar de estos hechos incuestionables, EE UU condicionan
la ratificación del Protocolo a la asunción de compromisos por parte de
China (el segundo emisor mundial) y otros países en desarrollo,
contradiciendo el llamado Mandato de Berlín, alcanzado en la COP1 en
1995.
El Protocolo de Kioto ha sido firmado por la mayoría de las partes,
aunque sólo lo han ratificado la Unión Europea y Japón entre los grandes
países desarrollados afectados, y según la mayoría de los científicos
del IPCC es un paso totalmente insuficiente para evitar el cambio
climático aún en el caso de aplicarse de forma estricta, pero incluso
este mínimo compromiso se ve amenazado por la oposición del gobierno de
EE UU y los «detalles» de la aplicación y el desarrollo de algunos
instrumentos del protocolo, tras el acuerdo alcanzado en la Conferencia
de las Partes en Marrakech en el año 2001, como el mecanismo de
desarrollo limpio (CDM) de cooperación de los países industrializados
con los países en desarrollo (artículo 12 del Protocolo), los sumideros
(art. 3.3, 3.4 y 3.7), el intercambio de emisiones, las iniciativas de
aplicación conjunta (Joint Implementation, JI y AIJ) entre países
industrializados (art. 17) y las posibles sanciones por incumplimiento
de los compromisos adquiridos.
La Unión Europea tiene, en general, las posiciones más avanzadas entre
los países del Anexo I, gracias a la presión de la opinión pública
europea y de los partidos verdes, y ya lo ha ratificado, coincidiendo
con la presidencia española. Por lo que se refiere a los países en
desarrollo, éstos rechazan cualquier medida que pueda impedir su
desarrollo, ven con preocupación las repercusiones en sus países y en
algunos casos tratan de obtener fuentes adicionales de capital a través
del mecanismo de desarrollo limpio.
Estados Unidos es el gran responsable del cambio climático, pues con
sólo el 4,6% de la población mundial, emite el 24% del CO2 mundial (más
de 20 toneladas por habitante y año). Las emisiones de gases de
invernadero en EE UU han aumentado un 21,8% entre 1990 y 1998. El
Protocolo de Kioto obliga a EE UU a reducir sus emisiones en sólo un 7%.
Los gobernantes de EE UU no quieren reducir las emisiones domésticas, y
pretenden con todo tipo de artimañas (negativa a ratificar el Protocolo,
sumideros, mecanismos de flexibilidad) seguir con su insostenible modo
de vida consumista y despilfarrador, a costa de afectar de forma
irreversible al clima del planeta, y sobre todo a las poblaciones más
pobres del Tercer Mundo.
Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor tiene que ser ratificado
por un número suficiente de países desarrollados, que en conjunto sean
responsables del 55% de las emisiones. Dada la posición de la
administración republicana de Bush en EE UU, y su oposición a la
ratificación, ésta no está ni mucho menos asegurada. Estados Unidos, con
el 36,1% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I, en la
práctica casi tiene poder de veto, mas cuando cuenta con la complicidad
de otros países, como Australia y Canadá.
Reducción de la pobreza
La erradicación del hambre y la pobreza son dos derechos humanos
fundamentales y debería ser la base para analizar los progresos
realizados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johanesburgo. La creación y la financiación de una acción pública para
garantizar tales derechos apenas progresa y la Meta del Milenio de la
ONU de reducir la pobreza mundial a la mitad antes de 2015 están muy
lejos de convertirse en realidad.
El 20% más rico de la población mundial ganaba 30 veces más que el 20%
más pobre en 1960. En 1990 la proporción era de 60 a 1, y en 1997 la
diferencia era de 74 a 1, según el PNUD. El siglo XX ha acentuado la
desigualdad, en vez de reducirla. En 1820 la proporción era de 3 a 1, de
7 a 1 en 1870, de 11 a 1 en 1913, y de 74 a 1 en 1997, es decir, hoy las
desigualdades son mayores que nunca.
La globalización pivotada y gobernada por el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y
la OCDE, no contempla ningún mecanismo de redistribución de la renta. La
mitad de la población mundial, más de 3.000 millones de personas, viven
con menos de dos dólares diarios, mientras las 225 personas de mayor
fortuna poseen un patrimonio equivalente a la renta de 2.500 millones de
personas, y la fortuna de las 15 personas más ricas supera al PIB del
conjunto de los países del África subsahariana.
Para paliar el desastre de la globalización de la pobreza, se han
propuesto algunas medidas, como la condonación de la deuda externa de
los países más pobres y el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), hasta alcanzar el 0,7% del PIB de los países ricos. Pero los
pobres probablemente prefieran que les paguen más por el café y otros
productos de exportación a las medidas meramente caritativas; como decía
un chiste, «Pagar mejor el café, y menos ONG». Las remesas de los
emigrantes (unos 110.000 millones de dólares anuales) suponen más del
doble de toda la Ayuda Oficial al Desarrollo.
En los países del Sur las mujeres satisfacen la mayoría de las
necesidades básicas de sus familias y contribuyen de forma significativa
a la agricultura rural y a las economías locales. El fortalecimiento de
la perspectiva de género debe convertirse en una ingrediente esencial
del proceso de desarrollo sostenible con un énfasis especial en el
reparto de trabajo productivo y doméstico, la migración, el acceso a la
propiedad, poder y presupuestos.
La Conferencia para la Financiación del Desarrollo en Monterrey en 2002
vino determinada por la resistencia de los países industrializados a
aumentar la ayuda al desarrollo, hasta alcanzar el objetivo de la ONU
del 0,7% del PIB, o de llegar a un acuerdo significativo para aliviar la
deuda externa de los países en desarrollo. La UE debe superar la
posición que presentó en la conferencia de Monterrey y debe asumir un
papel de liderazgo en la financiación del desarrollo sostenible en los
países en desarrollo.
Agenda 21
La Agenda 21 o Programa 21 se ha visto entorpecida por cuatro factores
principales, según la ONU:
*Un enfoque fragmentado que ha permitido que las políticas y los
programas aborden cuestiones económicas, sociales y ambientales, pero no
de una manera integrada;
*La utilización excesiva de recursos que los ecosistemas no pueden
soportar;
*Una ausencia de políticas coherentes en las esferas de las finanzas, el
comercio, las inversiones y la tecnología, y de políticas proyectadas
con una visión a largo plazo;
*La falta de recursos para ejecutar el Programa 21. Los países en
desarrollo han tenido dificultades en obtener nuevas tecnologías e
inversiones privadas de los países desarrollados, y la ayuda al
desarrollo se ha reducido en el último decenio.
Entre los preparativos para Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha
publicado un informe de 63 páginas en el que se analiza el progreso
logrado durante la última década para poner en ejecución el Programa 21,
un plan mundial para el desarrollo sostenible que fue aprobado en la
Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro. El informe evalúa las
tendencias económicas, sociales y ambientales de los últimos diez años y
presenta sugerencias sobre cómo la comunidad internacional puede volver
a relanzar sus esfuerzos para alcanzar las metas dispuestas en el
Programa 21.
La Agenda 21 o Programa 21, según la propia ONU, es un buen plan, pero
con una débil aplicación. El medio ambiente mundial sigue siendo
demasiado frágil y las medidas existentes para su conservación están
lejos de ser suficientes. Ha habido un progreso muy limitado en la
reducción de la pobreza en los países en desarrollo, y la globalización,
por sí misma, no ha beneficiado a la mayoría de la población mundial.
En general, los intentos para impulsar el desarrollo humano y para
detener la degradación del medio ambiente, no han sido eficaces durante
la pasada década. Los escasos recursos, la falta de voluntad política,
un acercamiento fragmentado y no coordinado, y los continuos modelos
derrochadores de producción y de consumo, han frustrados los esfuerzos
de poner en ejecución el desarrollo sostenible, o el desarrollo
equilibrado entre las necesidades económicas y sociales de la población,
y la capacidad de los recursos terrestres y de los ecosistemas para
resolver necesidades presentes y futuras.
A pesar de una década de resultados pocos satisfactorios, el Programa
21-el acuerdo adoptado por unanimidad en la Cumbre de la Tierra de 1992,
en Río de Janeiro-sigue siendo válido, aunque en él faltan, no por
casualidad, cuestiones tan importantes como la energía nuclear o el
control de las empresas multinacionales.
El mundo ha cambiado en los diez años que han transcurrido desde Río,
con nuevas necesidades y desafíos creados por la globalización, la
revolución de la información y las comunicaciones y la propagación del
VIH/SIDA.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha disminuido de 58.300 millones de
dólares en 1992 a 53.100 millones en el año 2000. La AOD, en proporción
al Producto Interior Bruto (PIB) de los países de la OCDE, bajó del
0,35% en 1992 al 0,22% en el año 2000. Sólo cinco países-Dinamarca,
Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia-alcanzaron el objetivo de destinar
un 0,7% de su PIB a la ayuda oficial directa durante el año 2000. La
mayoría de los países menos desarrollados vieron como la AOD se redujo
por lo menos en un 25%.
España ante la Cumbre de Johanesburgo
España no ha hecho los deberes y ha jugado un papel nefasto en la
preparación de la Cumbre de Johanesburgo durante la presidencia de la
UE. En este sentido cabe destacar que el gobierno de Aznar ha relegado a
un tercer plano todo el proceso preparatorio, como demuestran las
Cumbres de Barcelona en marzo o la de Sevilla en junio de 2002. El
trabajo de la presidencia española de la Unión Europea ha sido
calificado por la propia Agencia Europea de Medio Ambiente como «un paso
hacia atrás». El discurso de Aznar ante el Parlamento Europeo ni
siquiera mencionó el medio ambiente. El desinterés es manifiesto, más
allá de las políticas de imagen sin base real.
La gestión de Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente, y directo
responsable de los trabajos de preparación de la Cumbre, supone un
importante retroceso respecto a otras presidencias o lo que fue el
propio proceso de Río. Gracias al gobierno de Aznar la población
española desconoce todo lo relacionado con la Cumbre. La ayuda española
al desarrollo apenas llega al 0,2 del PIB y en parte la canalizan ONG
ligadas al PP o al Opus Dei.
Además la gestión de Aznar, y de su ministro Jaume Matas, se ha
caracterizado por la ausencia total de diálogo con la sociedad civil
(nunca ha reunido el Consejo Asesor de Medio Ambiente) y el resto de las
fuerzas políticas, la imposición de un desastroso Plan Hidrológico
Nacional, la ausencia de toda política real para cumplir el protocolo de
Kioto a pesar de que las emisiones ya duplican las autorizadas, el
retroceso de la política ambiental durante la presidencia española de la
Unión Europea, el retraso en la aplicación de las normas y leyes
comunitarias, la no aprobación de la Estrategia Española para
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y los planes
sectoriales previstos, la elaboración de una supuesta Estrategia
Española de Uso Sostenible sin presupuestos ni actuaciones concretas, el
incumplimiento del Plan Nacional de Residuos Urbanos, la no aprobación
de la Estrategia Forestal Española, la presentación de planes sin
presupuestos ni objetivos claros que no pasan de un brindis al sol, como
el Plan forestal, y el nombramiento de personas con escasa preparación y
capacidad de gestión al frente de la mayoría de las aéreas de medio
ambiente y desarrollo, y que en muchos casos proceden de empresas
privadas con intereses ligados a las actuaciones del gobierno.
La oposición a la llamada «ecotasa turística» en Baleares manifiesta
claramente su talante desarrollista y opuesto a la sostenibilidad
ambiental, y además no hay que olvidar que el nombramiento de Jaume
Matas responde al interés del PP en recuperar el gobierno balear,
promocionando la figura de su candidato, aunque Jaume Matas ni sabe de
medio ambiente ni tiene interés en protegerlo, y de hecho durante su
etapa como ministro no ha parado de hacer declaraciones encaminadas a
desgastar al actual gobierno de coalición de Baleares. El gobierno de
Aznar no ha dado ningún paso para avanzar hacia una fiscalidad
ecológica, y ha bloqueado las iniciativas en este sentido en el marco de
la Unión Europea.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente nunca se ha reunido con Matas como
ministro. El Consejo es un órgano de participación, creado tras la
Conferencia de Río de 1992, a semejanza de organismos similares que
existen en la mayoría de los países europeos y del resto del mundo. El
objetivo es claro: impedir la participación de los sindicatos,
organizaciones sindicales, ecologistas, agrarias y de consumidores en la
política ambiental.
El gobierno del PP, en vez de promover la participación de la sociedad
civil en la política ambiental y en la ayuda al desarrollo, la ha
impedido por todos los medios, incluso en el terreno más básico, como es
el acceso a la inform
