A ello, hay que añadir la imposibilidad material que la práctica generalidad
de los usuarios y consumidores honestos tienen de realizar su copia privada
de las obras adquiridas en soportes digitales, quienes lógicamente acuden a
la búsqueda de su copia privada, fundamentalmente en las redes P2P.
A mayor abundamiento, incluso la Directiva comunitaria 2001/29/CE, relativa
a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,
reconoce expresamente la copia privada cuando establece como excepción del
derecho de distribución de los autores, artistas y productores la
reproducción «en cualquier soporte efectuadas por una persona física para
uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que
los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo
en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las
medidas tecnológicas»; es decir, ampara lo que es conocido aquí como copia
privada.
La dejación del Gobierno que permanece impasible y distante ante la
generalización de los sistemas anticopia y, a pesar de ello, la
generalización del canon compensatorio que está engordando con cantidades
desorbitadas las arcas de unas entidades que se proclaman gestoras de
derechos de autor mientras insultan y amenazan a quienes expolian, adoptando
incluso medidas contrarias a los usuarios y consumidores como son los
intentos de criminalización de Internet, quedan en evidencia incluso desde
las instancias europeas que, desde la aprobación en el año 2001 de la citada
Directiva, ya anudaron la posibilidad de la exigencia de la remuneración
compensatoria a la reproducción de las obras sujetas a derechos de autor, no
a la «posibilidad» de reproducción ni a la susceptibilidad de determinados
materiales o equipos de ser medios «idóneos» para la reproducción, y la
imposibilidad material de tal reproducción o copia privada por los sistemas
anti-copia a la inexigibilidad de una remuneración equitativa que nada podía
retribuir y que, además, son amparadas por mecanismos de protección
jurídica.
Entretanto, los bolsillos de los consumidores y usuarios, empresas y
administraciones son objeto de expolio con cada canon compensatorio por nada
que tienen que pagar, lo cual es de agradecer a quienes hacen dejación de
las obligaciones que les competen, nuestros gobernantes, quienes al parecer
siguen de vacaciones permanentes, salvo para permitir el daño al interés
general que representan los consumidores, usuarios, empresas y
administraciones en beneficio de una minoría, que ni siquiera son los
autores supuestamente protegidos por las autoproclamadas entidades gestoras
de sus derechos, sino unas superestructuras burocráticas enriquecidas,
formadas y financiadas con la finalidad esencial de ser instrumentos de
persecución generalizada y de amenaza permanente como instrumentos jurídicos
de criminalización de toda la sociedad.
No puede resultarnos extraño, por tanto, que cualquiera de los gerifaltes de
esas superestructuras burocráticas se sienta autorizado para insultar
nuestra inteligencia y lanzar acusaciones generalizadas de criminalización
hacia Internet y sus usuarios, y que ese río revuelto sea aprovechado por
quienes se lucran con esas medidas ilegales e injustas para realizar
aseveraciones de todo tipo y seguir lanzando, como si se tratara de sesudos
estudios, cifras faltas de toda credibilidad, inventadas cuando no faltas de
todo rigor científico en el mejor de los casos.
Asociación de Internautas
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