Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 45,61% en el año 2004 respecto a 1990. El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2004 (3,55%) ha sido superior al del año 2003, debido a que fue un mal año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica fue un 23,3% inferior a la del año 2003, y consecuentemente las centrales de ciclo combinado de gas natural y las de carbón funcionaron más horas (el consumo de carbón aumentó un 3% respecto al año 2003, y el de gas natural un 15,5%).
El consumo de energía primaria aumentó un 3,7%, y las emisiones de CO2 por usos energéticos crecieron un 4,2% en 2004. Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 45,61% en España entre 1990 (año base) y 2004, cifra que triplica con creces dicho 15%.
España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario, incumpliría gravemente el Protocolo de Kioto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima. Según los escenarios contemplados en los diversos planes energéticos, elaborados en la anterior legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 58% a las del año base.
Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra podría superarse ampliamente. El Plan Nacional de Asignación de emisiones de CO2 derivado de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborado por el gobierno socialista, contempla un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% para ese mismo periodo, es decir muy por debajo de la tendencia señalada, lo que haría posible el cumplimiento del Protocolo acudiendo a los mecanismos de flexibilidad, pero no está aún acompañado de la correspondiente corrección de los planes energéticos, ni de un plan de aplicación de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, ni de una estrategia española sobre cambio climático y para la aplicación del Protocolo de Kioto, por lo que tal objetivo podría no alcanzarse.
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 88 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 141,56 Mtep en el año 2004 (un 61% de aumento). En 2004 la dependencia energética alcanzó el 77%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990. El documento del Ministerio de Economía titulado Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011, elaborado en la época del PP, estimaba que el consumo de energía primaria será de 175 Mtep en el año 2011, con un crecimiento anual del 3,09% para el periodo 2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de 21,1 Mtep en el año 2004 (14,9% del consumo de energía primaria) a 14,4 Mtep en 2011 (8,2%), el de petróleo pasaría de 70,8 Mtep en 2004 (50%) a 83,4 Mtep en 2011 (47,6%), el gas natural de 24,55 Mtep (17,3%) a 39,3 Mtep (22,5%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 16,55 Mtep a 16,6 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 11,7% en 2004 al 9,9% en 2011), las energías renovables deberían alcanzar el 12% previsto en el año 2010, algo difícil con el desarrollo actual, pues sólo la eólica va a buen ritmo (en teoría se pasaría de 8,87 Mtep en 2004, incluida la hidráulica, a 21 Mtep en 2011), y el resto corresponde al saldo de la electricidad.
Si se cumplen estas previsiones del anterior Gobierno del PP, las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarán entre un 78% entre 1990 y 2012 (según se deduce del Plan citado), y un 58% en el escenario más favorable de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética aprobada en 2003, lo que haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012. El consumo de energía primaria, con la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, pasará de 141,56 Mtep (Millones de toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2004 a 165 Mtep en el año 2012, lo que supone un incremento del 16,6%. El consumo final pasará de 104,4 Mtep en el año 2004 a 126 Mtep en el año 2012, un aumento adicional del 20,7%. Entre 2000 y 2012 el consumo final en la industria crecerá un 35,4% (la industria consumirá 46,5 Mtep en 2012), el transporte un 48,8% (consumirá 48 Mtep en 2012) y los usos diversos un 33,2% (consumirán 31,5 Mtep en 2012). El Plan de Acción que elabora actualmente el IDAE podría y debería mejorar este escenario.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal en el mejor de los casos se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. De hecho, el Plan Nacional de Asignación prevé un 2%, cifra realista y alcanzable. Urge revisar tanto la planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 como la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, tal y como pidió en su día el propio PSOE en la oposición.
También conviene recuperar el borrador de la Estrategia Española Contra el Cambio Climático, elaborado por consenso en el Consejo Nacional del Clima en la pasada legislatura, pero revisándolo para complementar la Estrategia con un calendario y una financiación, como demandaron en su momento los representantes de las comunidades autónomas de la oposición, las organizaciones ecologistas y los sindicatos.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España aumentaron un 3,7% en 2004 respecto a 2003, y entre 1990 y 2004, sin incluir los sumideros, crecieron un 51,35%, pasando de 228,4 millones de toneladas en 1990 (año base) a 345,7 millones de toneladas en 2004 (ver Tabla 1). En 2004 representaron el 82,9% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros.
Emisiones de metano (CH4). En 1990, año base, se emitieron en España un total de 27.846.760 toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, mientras que en 2004 se llegó a 37.243.679 toneladas en unidades de CO2 equivalente, con un aumento del 33,75%. El metano representó en 2004 el 8,94% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros. En 2004, la fermentación entérica ocasionó el 40,2%, la gestión del estiércol el 23,4%, los vertederos el 20%, la minería del carbón el 2,7%, el petróleo y el gas natural el 2,2%, y las aguas residuales el 5,5%. Los cultivos de arroz emitieron sólo el 0,8%.
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base, ascendieron a 24.251.880 toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron el 6,7% de las emisiones de gases de invernadero en España en 2004, sin incluir los sumideros. En 2004 las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (66%). El sector energético emitió en 2004 el 14,4%, la industria química el 7%, la gestión del estiércol el 5,7% y las aguas residuales el 4%.
Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC). Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras que en 2004 las emisiones fueron 5.024.320 toneladas de CO2 equivalente, con una importante reducción a partir de 2001, por la recuperación de HFC en determinados procesos industriales.
Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles. En 2004 representaron el 1,2% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros). Emisiones de carburos perfluorados (PFC) La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8 y C4F10. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (832.510 toneladas de CO2 equivalente).
Las emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 269.030 toneladas de CO2 equivalente en 2004. En 2004 representaron el 0,06% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España. Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 106.010 toneladas de CO2 equivalente, y en 2004 las emisiones aumentaron hasta llegar a 304.560 toneladas de CO2 equivalente. En 2004 representaron el 0,07% de las emisiones totales brutas.
Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 2004 han sido las siguientes: Sector energético. Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, y el auténtico nudo gordiano, pues en 2004 representó el 77,9% del total, con un aumento del 51% respecto a 1990. Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2004 el 8%, con un aumento del 18% respecto al año base de 1990, inferior a la media. Los disolventes y otros productos sólo representan el 0,4% del total, y han aumentado en un 31% respecto al año base. La agricultura y la ganadería representan el 11% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 20% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores emisores. Los residuos representan el 2,9% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 65% respecto al año base. Las emisiones de metano son las más importantes. El Protocolo de Kioto Tras la ratificación de Rusia, el Protocolo de Kioto entró en vigor el pasado 16 de febrero. En el año 2001 el presidente George W. Bush decidió no ratificar Kioto. Hay que tener en cuenta que EEUU, con el 4,7% de la población mundial, es responsable de cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El Protocolo de Kioto permite que los países industrializados puedan vender y comprar derechos de emisión, tomando como referencia el año base 1990. En 1990 aún existía la URSS, con unos consumos energéticos enormes, y unas emisiones igualmente elevadas. La implosión posterior cambió radicalmente la situación, y Rusia, Ucrania y el resto de los países de la antigua URSS, podrán vender «derechos de emisión» a otros países industrializados que superen los límites marcados por el Protocolo de Kioto. De hecho Rusia esperaba vender esos «derechos de emisión» (el llamado «aire caliente») a Estados Unidos, pero la negativa de la Administración de Bush a ratificar el Protocolo de Kioto, por ahora, le ha dejado sin comprador, y el precio al que venderá su «aire caliente», sin EE UU, será muy inferior, por la simple razón de que habrá menos demanda de toneladas de CO2.
También por esa misma razón el coste de cumplir Kioto será mucho menos grave de lo que se ha dicho por algunos sectores. El coste de la tonelada de CO2 posiblemente no superará los 10 euros. El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un acuerdo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 38 países industrializados. El compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las del año 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción global acordada es de un 5,2% para el conjunto de países industrializados.
El Protocolo no obliga en una primera fase a los países en desarrollo, dadas sus reducidas emisiones por habitante. Las consecuencias del Cambio Climático El cambio climático global es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo, y España en particular, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, subida del nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos extremos, como la gota fría y las inundaciones, con graves daños a la agricultura, los bosques, los ecosistemas marinos y terrestres, el turismo, los seguros y las infraestructuras. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas costeras y en los bosques. La temperatura media anual ha subido una media de 1,5º C en el periodo 1970-2000 en España, según datos del Instituto Nacional de Meteorología, y se prevé un descenso medio de las precipitaciones del 10%, un aumento de la evapotranspiración, un descenso del 33% de la humedad del suelo y una subida del nivel del mar, lo que acarreará graves trastornos ecológicos, sanitarios, económicos y sociales. Un reciente estudio científico sobre las consecuencias del cambio climático en España ha sido presentado recientemente corroborando los efectos adversos de la alteración del clima.
Tales efectos tendrán costes económicos hoy inconmensurables, pero en todo caso muy elevados, algo que conviene recordar cuando se analizan los posibles costes de cumplir con el Protocolo de Kioto. El coste de no actuar sería muy superior. La herencia recibida De 1996 a 2004 las emisiones aumentaron un 36%. Los gobiernos del PP dejaron una grave herencia que sin duda ha dificultado la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Emisiones y dificultará el propio cumplimiento de las obligaciones españolas dentro de la Unión Europea. Los gobiernos del PP no elaboraron ningún plan para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010.
Tampoco elaboraron el Plan Nacional de Asignación, incumpliendo los plazos, y dado el aumento de las emisiones, han dejado un margen de actuación muy pequeño al nuevo gobierno, que deberá recuperar los ocho años perdidos, para poder cumplir los compromisos de España en el marco del Protocolo de Kioto y el reparto de la carga en el seno de la Unión Europea, que fue ratificado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
España, alejamiento de Kioto y evolución negativa de la eficiencia energética
Se afirma, no sin razón, que las emisiones por habitante en España en 2012 sin la aplicación del Protocolo de Kioto serán inferiores a la media de la Unión Europea de 15 países, pero hay que recordar que la media española es muy superior, más del doble, de la media mundial. El aumento en España es muy superior al del resto de los países europeos, y nuestro sistema energético es cada año menos eficiente, necesitando más energía, y emisiones de gases de invernadero, para producir la misma unidad de PIB. España es el país de la UE de los 15 que más se aleja de sus compromisos dentro del Protocolo de Kioto. España ya se acerca a la media de emisiones europea y si sigue la tendencia superará en pocos años la media de emisiones per cápita de la UE 15.
La economía española ha registrado los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea, lo que perjudica nuestra competitividad y agrava el déficit exterior, a causa de la subida del precio del petróleo y del gas natural, importados en su práctica totalidad. Si en 1996 España partía de una situación similar en cuanto a la intensidad primaria respecto a la UE (220 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de 1995 en España frente a 211 en la UE-15), en el año 2002 España había aumentado su intensidad energética hasta 229 kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1.000 euros de 1995, mientras que la UE la había reducido a 191, datos que demuestran la pérdida de eficiencia energética en España respecto a la UE. Las políticas europeas se orientan hacia desacoplar el crecimiento de la actividad económica del consumo de energía, tanto final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones. Ha habido una ausencia de políticas de ahorro, eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible, y las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro.
Nuestra obligación es invertir la tendencia sin dañar el nivel de actividad y la competitividad, y aprovechar Kioto como una oportunidad de modernización para nuestra economía. Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, daños al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica) el Gobierno ha iniciado una política encaminada a frenar las emisiones, minimizar el impacto del cambio climático en España y jugar un papel activo dentro de la Unión Europea, aunque dicha política requiere aún de un completo desarrollo para ser efectiva y corregir la tendencia dominante que se ha mantenido a lo largo de 2004 y sigue el mismo curso en los primeros meses de 2005, sin que aún se pueda observar corrección alguna de tendencia.
Con el escenario actual, España incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima. Lo razonable no es lanzar una campaña alarmista sobre los costes, multiplicando por diez su incidencia en el PIB, sino poner los medios, las políticas y los presupuestos para cumplir el Protocolo de Kioto, lo que significa promover las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte colectivo. Esa es una estrategia de ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena en términos ambientales (menos emisiones), tecnológicos (innovación), económicos (mayor competitividad, menor déficit comercial, menos compra de derechos) y sociales (más empleo).
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA)
El PNA apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables, parte de la voluntad de cumplir el Protocolo de Kioto, afecta a todos los sectores emisores (incluidos los «difusos», como transporte y usos residenciales), implica a todos los agentes sociales (Administraciones, empresas, sindicatos y ONG) y a las diversas administraciones (diversos Ministerios, Comunidades Autónomas y Municipios), y abre un proceso participativo. Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto van a jugar un papel importante (el 7% de las emisiones del periodo 2008-2012), por la dificultad de conseguir las reducciones deseadas sin afectar al empleo y a la actividad económica. El PNA hace hincapié en el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), dada la presencia de empresas españolas en Latinoamérica. El periodo base para el PNA son las emisiones de los años 2000, 2001 y 2002, y afecta a unas 1.000 instalaciones. Las emisiones tienen su origen tanto en las actividades industriales, como en los sectores difusos (agricultura, sector comercial y los consumos de energía de los ciudadanos). El Gobierno exigirá de las empresas industriales el esfuerzo correspondiente de limitación de sus emisiones, pero asume que no es la industria quien debe hacer frente al exceso de emisiones «difusas».
El esfuerzo de cumplimiento debe basarse en el principio de «quien contamina paga», y el Gobierno debe poner los medios para que dicho principio se aplique de forma equitativa. Las emisiones, con el PNA, aumentarán un 24% en el periodo 2008-2012 respecto al año base 1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales, que parten de 1995). Ello supone una reducción del 22% respecto a las emisiones de 2004 (46%) y del 30% respecto a las emisiones tendenciales según los planes dejados por el anterior gobierno del PP. Alcanzar tal objetivo no va a ser una tarea fácil, y sólo se podrá lograr con un gran consenso de la sociedad española, las diferentes administraciones públicas (gobierno, Comunidades Autónomas y municipios) y las empresas, que deben tomarse el cambio climático en serio, y comprender que la reducción de emisiones, más que un sacrificio, es una oportunidad de modernización y de equidad generacional. La diferencia entre ese 24% y el 15% se cubre con sumideros (2%) y la adquisición de derechos en el exterior merced a los mecanismos de flexibilidad (7%, 20 Mt anuales).
Los mecanismos citados son la Aplicación Conjunta (proyectos de reducción entre países industrializados), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (proyectos en los países en desarrollo) y el comercio de emisiones. El coste de adquirir ese 7% irá de 100 a 200 millones de euros anuales, aunque todavía es muy pronto para hacer estimaciones fiables, pero tal cantidad es asumible y muy inferior, por ejemplo, al incremento del precio del petróleo. Aumentar la eficiencia y la participación de las energías renovables ayudará tanto a reducir las importaciones energéticas, como las emisiones.
Los instrumentos actualmente en vigor son la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999 y la Estrategia de Eficiencia y Ahorro Energético en España (E4). El IDAE contempla nuevos objetivos al alza de las energías renovables, y un Plan de Acción que complemente la E4. Para abordar anticipadamente tanto los efectos sociales adversos como las oportunidades que puede representar para cada uno de los sectores afectados por la aplicación del PNA se han constituido una Mesa General y sendas Mesas Sectoriales, de carácter tripartito, que son un instrumento de diálogo básico para cumplir con el Protocolo de Kioto con el necesario consenso social y de forma socialmente responsable.
Inventarios
Un instrumento clave son los inventarios de emisiones, que siguen una metodología homogénea y cada vez más depurada, y que cada año realiza el Ministerio de Medio Ambiente. La metodología en parte está descrita en el manual titulado «Método CORINE-AIRE para la elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozono» y en el manual Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones posteriores, tanto del Método CORINE-AIRE, como del IPCC.
José Santamarta
