La demanda se basa en las múltiples irregularidades del proceso de ampliación de capital de la que además salieron malparados los accionistas minoritarios que acudieron, cuando, apenas tres meses después de la misma, el club procedió a realizar una operación acordeón mediante la cual las acciones pagadas a 49,88 euros por los accionistas pasaron a tener un valor de tan sólo 8,5.
Entre las irregularidades mencionadas se cuenta el hecho de que los actuales dirigentes del club utilizaran los votos de las acciones originales de 1992, cuando de hecho las citadas acciones no fueron desembolsadas hasta varios días después y, por lo tanto, no obraban en su poder.
Otra de las presuntas irregularidades denunciadas por los demandantes es la ocultación de información a los accionistas sobre el estado real de la SAD en el momento de la ampliación. En este sentido los dirigentes del club se negaron a contestar a las preguntas que los accionistas, dudosos de la veracidad de las cuentas, formularon en la junta que aprobó la ampliación de capital. Las dudas de los atléticos se tornaron en dura realidad cuando con motivo de la operación acordeón de pocos meses después, sus aportaciones perdieron más del 80% de su valor.
Los demandantes, todos ellos pequeños accionistas del club que se consideran engañados por sus dirigentes, piden la anulación de la ampliación de 2003, lo que tendría como consecuencia la anulación también de la ampliación que tuvo lugar tras la operación acordeón de unos meses más tarde. El Atlético de Madrid, de acceder la justicia a las pretensiones de los accionistas atléticos, quedaría por lo tanto en manos de los más de 20.000 aficionados y accionistas. De esta manera, el Atlético volvería a una situación similar a la disfrutada durante sus primeros 89 años de existencia en que el club fue propiedad de sus aficionados.
