Este Consejo es el órgano colegiado de análisis, impulso y coordinación técnica entre los diferentes Ministerios en relación con el uso de las lenguas oficiales. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia en la Administración General del Estado.
En su reunión constitutiva, el Consejo ha realizado una valoración muy positiva del cumplimiento de la normativa, destacando los principales avances producidos tanto en la promoción del plurilingüismo como en la garantía de los derechos de los ciudadanos que residen en comunidades autónomas con lenguas cooficiales.
INICIATIVAS PARA MEJORAR LAS TRADUCCIONES
El pasado 28 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Desarrollo de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Entre las medidas contenidas en el Plan, se incluye el compromiso de implantar durante 2008 una plataforma de asistencia a la traducción en todos aquellos ministerios y organismos públicos que lo requieran, lo que va a permitir agilizar el proceso de traducción de contenidos a las lenguas cooficiales, así como a lenguas extranjeras, especialmente al inglés.
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha finalizado la fase de pruebas de un sistema de traducción automática de certificados y otra documentación con destino a los ciudadanos, emitida por los registros públicos, lo que permitirá su entrada en funcionamiento en los registros ubicados en las comunidades bilingües en un breve plazo.
Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Oficina de Interpretación de Lenguas, está procediendo a la traducción a las lenguas oficiales españolas de los textos consolidados del Tratado de la Unión y del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión, que próximamente se pondrán a disposición de todos los ciudadanos.
Finalmente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) está articulando con la Generalitat de Cataluña un mecanismo que permita reducir drásticamente el periodo de tiempo actualmente empleado en traducir al catalán y publicar en esta lengua las disposiciones legales del Estado. Este procedimiento podrá hacerse extensivo a las otras Comunidades Autónomas que tienen suscritos convenios con el BOE para la publicación de las leyes en otras lenguas.
CREACIóN DE LA OFICINA DE LENGUAS
El Consejo se ha reafirmado en el compromiso del Gobierno de profundizar en esta línea de respeto y potenciación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, para lo cual estará apoyado administrativamente por una Oficina de Lenguas.
Como primera tarea, la Oficina de Lenguas procederá a actualizar el diagnóstico de situación del que se dispone en este momento acerca del cumplimiento de la normativa vigente. Para ello, ha elaborado un cuestionario que se remitirá a todas las delegaciones del Gobierno de las comunidades con lengua cooficial con el fin de obtener en un breve plazo información fiable en el ámbito de la Administración General del Estado.
En el cuestionario se preguntará sobre la disponibilidad de modelos normalizados, material impreso, rótulos, señalizaciones viarias y carteles publicitarios en las distintas lenguas oficiales, así como sobre la capacitación del personal para atender el derecho de los ciudadanos a comunicarse con los órganos estatales radicados en su comunidad en la lengua autonómica respectiva.
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través del Instituto Nacional de Administración Pública, ha expresado su compromiso de ampliar la oferta formativa en materia de lenguas cooficiales para el personal de la Administración General del Estado que lo requiera, atendiendo a las solicitudes que al respecto remitan los distintos departamentos.
En la presente Legislatura, un total de 19.154 funcionarios han recibido cursos de capacitación lingüística, lo que ha supuesto 67.197 horas lectivas y un coste de 1,84 millones de euros.
En los próximos días estará accesible la página web del Consejo de Lenguas, que se alojará en la página del Ministerio de Administraciones Públicas.
