Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comisaría de la Bisbal d’Empordà, en colaboración con la Policía Local de Palafrugell, han detenido el pasado 30 de julio a un hombre de 57 años como presunto autor de una trama de falsificación documental y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El arrestado se enfrenta a 23 delitos de falsificación de documento público, oficial o mercantil y a otros 23 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La operación, fruto de una investigación conjunta que se ha prolongado más de un año, ha permitido destapar 30 reagrupamientos familiares fraudulentos tramitados en Palafrugell entre los años 2020 y 2024, de un total de 300 expedientes analizados. Además, hay 30 personas más detenidas o investigadas por su implicación en la falsificación de contratos de alquiler que facilitaban estos empadronamientos irregulares.
El caso se inició tras la denuncia de una mujer que detectó la falsificación de un contrato de alquiler sobre un inmueble propiedad de su marido, fallecido tiempo atrás. Este primer indicio encendió las alarmas en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Palafrugell, donde también se habían observado irregularidades en la acumulación de empadronamientos en viviendas concretas, acompañadas de solicitudes de reagrupamientos familiares.
La gravedad de las evidencias llevó a la creación de una comisión específica de empadronamientos en la que participaron la Oficina Municipal, la Policía Local y la Unidad de Investigación de los Mossos, lo que permitió trazar la red de irregularidades hasta identificar al presunto responsable principal: un copropietario y administrador de una antigua gestoría de seguros de la localidad, cuya actividad mercantil había cesado en 2023.
El detenido aprovechaba su extensa cartera de clientes, forjada desde 2009, para falsificar contratos de alquiler y utilizaba inmuebles sin el conocimiento de los propietarios, o con la connivencia de algunos de ellos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad económica. Se han documentado casos en los que casas en venta, segundas residencias, viviendas de personas mayores en residencias o incluso inmuebles ocupados por sus propietarios eran alquilados ficticiamente para facilitar empadronamientos falsos.
Estos contratos permitían a ciudadanos extranjeros, principalmente no comunitarios, sortear los requisitos legales necesarios para obtener la regularización por reagrupamiento familiar, como la necesidad de disponer de un contrato de alquiler válido, un Número de Identidad de Extranjero (NIE) y medios económicos suficientes. La contraprestación económica a los titulares de las viviendas oscilaba entre los 300 y 500 euros mensuales, mientras que los interesados en obtener la reagrupación familiar podían llegar a pagar hasta 6.000 euros por familia regularizada de forma fraudulenta.
La trama, según fuentes policiales, no solo vulneraba los derechos de los ciudadanos extranjeros, sino que también suponía un fraude a la Administración Pública, al facilitar el acceso de manera irregular a ayudas y prestaciones sociales y económicas locales, autonómicas y estatales.
Durante el desarrollo de la investigación, los Mossos han detenido e investigado a 30 personas por falsificación de documento público, oficial o mercantil. Asimismo, el pasado 29 de julio, otra persona vinculada a una gestoría de Palafrugell, una mujer de 68 años, fue también investigada por dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos de falsificación documental.
La investigación sigue abierta, y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones, así como la verificación de contratos de trabajo fraudulentos que podrían derivar en nuevos delitos de fraude a la Administración Pública.
El detenido principal, sin antecedentes previos, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de la Bisbal d’Empordà el pasado 31 de julio.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 2025-08-01). OpenAI).
