La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común. Esta medida, calificada como histórica por el Ejecutivo, busca corregir el sobreendeudamiento generado tras la crisis financiera de 2008-2013 y permitirá a las autonomías mejorar su situación fiscal, acceder en mejores condiciones a los mercados y liberar recursos para fortalecer los servicios públicos.
En el caso de Cataluña, la condonación alcanzará los 17.104 millones de euros, situándose como la segunda comunidad con mayor importe condonado dentro del plan.
Una medida para sanear las finanzas autonómicas
El Gobierno ha remitido a las comunidades la metodología que determina la cantidad de deuda que será asumida por el Estado en cada territorio. La propuesta se debatirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las autonomías podrán pronunciarse sobre el reparto de la condonación.
«Con menos deuda, hay más Estado del Bienestar», ha afirmado Montero, destacando que esta iniciativa permitirá reducir el pasivo de las comunidades y reforzar servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia.
Asimismo, ha subrayado que esta política es coherente con la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez de garantizar la financiación suficiente a las comunidades, especialmente en momentos críticos como la pandemia de COVID-19 y la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Sánchez ha incrementado en 300.000 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas en los últimos siete años en comparación con el mismo periodo bajo el mandato de Mariano Rajoy.
Criterios para el reparto de la condonación
El cálculo del importe condonado se basa en el análisis del crecimiento de la deuda autonómica en dos periodos clave:
- Entre 2009 y 2013, cuando la deuda de las comunidades creció en 109.582 millones de euros.
- Entre 2019 y 2023, cuando el incremento fue de solo 29.272 millones de euros.
La diferencia entre ambos periodos, que asciende a 80.310 millones de euros, es la base inicial de la condonación. A partir de este dato, la distribución del importe total se realiza en tres fases:
Distribución por población ajustada: el 75% del sobreendeudamiento (60.232 millones de euros) se reparte en función del peso de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta fase fija una condonación media del 19% de la deuda autonómica.
Corrección para garantizar equidad: se incrementa la condonación para las comunidades que, en la fase anterior, quedaron por debajo del 19% de media, sumando 11.514 millones adicionales.
Ajustes adicionales:
- Se equipara la condonación por habitante ajustado tomando como referencia la Comunidad Valenciana, que alcanza los 2.284 euros por habitante.
- Se compensa a las comunidades que han tenido una financiación per cápita inferior a la media en el periodo 2010-2022.
- Se establece una compensación adicional de 917 millones de euros para aquellas autonomías que han ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF, reconociendo así el esfuerzo fiscal de algunos territorios.
El importe máximo de deuda que asumirá el Estado en cada comunidad será del 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023.
Cataluña y el impacto de la medida
Para Cataluña, la condonación total asciende a 17.104 millones de euros. En la primera fase de reparto, la comunidad recibe 10.249 millones, lo que representa el 11,92% de su deuda total, un porcentaje inferior a la media nacional del 19,3%. En la segunda fase, al quedar por debajo de la media, la condonación se incrementa en 6.371 millones adicionales. Finalmente, en la tercera fase, que ajusta la condonación en función de criterios de equidad, Cataluña suma otros 484 millones, alcanzando el importe final de 17.104 millones de euros.
Montero ha defendido que este esfuerzo financiero permitirá a las comunidades afrontar el futuro con mayor estabilidad presupuestaria y mejorar la prestación de los servicios públicos. «Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado», ha declarado la ministra. Asimismo, ha instado a las autonomías a participar en un debate constructivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, recordando que «sería difícil de entender para los ciudadanos rechazar algo así».
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 4). OpenAI).