En una medida sin precedentes adoptada por el Ministerio del Interior, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha comunicado a todas las comunidades autónomas, así como a Ceuta y Melilla, la apertura de un procedimiento excepcional para subsanar omisiones en la comunicación de emergencias ocurridas desde el 23 de junio y hasta el 25 de agosto del presente año. La medida busca evitar que los damnificados por estas catástrofes queden excluidos del acceso a las ayudas previstas en el marco del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que regula las subvenciones para situaciones de emergencia o catástrofe.
El detonante de esta acción ha sido la constatación de que varios episodios de emergencias no constan en el acuerdo aprobado recientemente por el Consejo de Ministros debido a que las comunidades autónomas no notificaron adecuadamente el inicio de dichos eventos ni su elevación a Situación Operativa 1 o 2 en sus respectivos planes de protección civil. En palabras de Barcones, “en atención a la excepcional magnitud y complejidad de los incendios que se han producido, y en aras a evitar que la falta de comunicación de los sucesos al CENEM se traduzca en un perjuicio a la ciudadanía y a los territorios afectados, con carácter excepcional se va a realizar una propuesta de ampliación de declaración de zonas afectadas por incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos acaecidos entre el 23 de junio y el 25 de agosto”.
La directora general ha subrayado que el listado de emergencias aprobado por el Consejo de Ministros se basa en datos aportados por la población más cercana al inicio de los sucesos, aunque eso no descarta que otras localidades también se hayan visto afectadas. Por tanto, será imprescindible acreditar adecuadamente esa extensión territorial para optar a la inclusión en el nuevo listado.
Este procedimiento excepcional contempla que, una vez las comunidades autónomas remitan al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) la información sobre los eventos no comunicados en su momento, el Ministerio del Interior elevará la propuesta al Consejo de Ministros. Así, se podrá reconocer oficialmente a dichas zonas como afectadas por una emergencia de protección civil, lo cual habilita el acceso a diversas líneas de ayuda.
La medida ha sido también comunicada a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el país. Se ha instruido a sus Unidades de Protección Civil a que inicien de forma anticipada la gestión de los expedientes y recursos asociados a estas ayudas, anticipando el procedimiento que se formalizará tras la ampliación oficial del acuerdo.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca garantizar que ningún ciudadano o territorio quede fuera del sistema de apoyo institucional por una omisión administrativa o técnica en la comunicación de emergencias. Se trata de una medida de equidad en el acceso a los recursos públicos en contextos de crisis, que pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación y comunicación entre administraciones.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 4o, 28 agosto). OpenAI)
