En muchos hogares, escuelas, hospitales y oficinas de España existe un enemigo invisible que entra silenciosamente por el subsuelo y puede permanecer durante años sin ser detectado. Se trata del gas radón, una sustancia radioactiva que se forma de manera natural en ciertos tipos de suelos y rocas, y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, solo por detrás del tabaquismo.
El radón no tiene color, olor ni sabor, y se infiltra en edificios a través de grietas en los cimientos, juntas estructurales, desagües u otras aberturas. Una vez en el interior, se acumula y puede alcanzar concentraciones peligrosas si no existe ventilación adecuada o medidas constructivas específicas. A diferencia de otros agentes tóxicos, su efecto es acumulativo y a largo plazo: se respira sin saberlo y actúa sobre los pulmones de forma silenciosa.
Desde junio de 2024, todas las empresas ubicadas en zonas clasificadas como de “potencial exposición” están obligadas a medir la concentración de radón en sus centros de trabajo. La legislación española —en particular, el Real Decreto 1029/2022— establece un umbral máximo de referencia de 300 Bq/m³ para lugares ocupados por personas de manera habitual. Por encima de ese valor, deben adoptarse medidas para reducir la exposición: mejoras en ventilación, sellado de suelos o reubicación de actividades.
La cartografía del potencial de radón en España, desarrollada por el Consejo de Seguridad Nuclear, categoriza las zonas del territorio estatal en función de sus niveles de radón y, en particular, identifica aquellas en las que un porcentaje significativo de los edificios residenciales presenta concentraciones superiores a 300 Bq/m3.
La normativa laboral también es clara. El Real Decreto 665/1997, actualizado en 2021, equipara la exposición al radón a la de otros agentes cancerígenos en el entorno laboral. Esto implica que las administraciones públicas y empresas deben incorporar este riesgo en sus evaluaciones de prevención, informar a los trabajadores y realizar un seguimiento sistemático de su salud.
La situación ha adquirido un nuevo impulso tras la aprobación, el pasado abril, de la Instrucción IS‑47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que establece los criterios técnicos para las mediciones de radón e identifica los municipios con actuación prioritaria. El listado incluye a numerosos municipios de Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y buena parte del interior peninsular, así como algunas zonas de Cataluña y Andalucía. Los centros de trabajo ubicados en planta baja o bajo rasante en estas zonas deben realizar controles obligatorios con detectores homologados durante al menos tres meses, preferentemente en invierno.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha sido una de las organizaciones más activas en reclamar la aplicación estricta de estas medidas en centros de trabajo públicos, especialmente en provincias con elevado riesgo como Girona. Según el sindicato, «no podemos permitir que se ignore un riesgo cancerígeno ampliamente regulado por ley. Actuar ahora es una cuestión de responsabilidad y de cumplimiento normativo».
La Instrucción IS‑47 aplica a los municipios clasificados como Zona II en el Apéndice B del DB HS‑6 del Código Técnico de la Edificación, es decir, aquellos donde más del 5 % del tejido urbano presenta potencial de radón por encima de 300 Bq/m³
El problema del radón no es nuevo, pero hasta hace pocos años no existía una conciencia clara sobre su alcance. Hoy, sin embargo, su control se sitúa en la intersección de la salud pública, la seguridad laboral y la responsabilidad institucional. Desde organismos como el CSN o el Instituto de Salud Carlos III se han impulsado estudios, mapas de riesgo y campañas informativas, pero la respuesta aún presenta importantes desigualdades territoriales.
Mapa del Potencial de Radón de España CSN, 2017
Detectar la presencia de radón en un edificio es relativamente sencillo y económico. Los detectores pasivos —pequeños cilindros que se colocan en interiores— permiten obtener una media representativa tras varios meses de exposición. Si se confirma que se superan los niveles recomendados, las soluciones pueden ir desde simples ajustes de ventilación hasta intervenciones estructurales más complejas.
En un país donde muchas edificaciones públicas fueron construidas antes de que el radón fuera considerado un riesgo sanitario, abordar este problema exige planificación y voluntad política. Pero también conciencia ciudadana. Porque, aunque invisible, el radón está ahí. Y solo una estrategia preventiva decidida permitirá mantenerlo fuera del aire que respiramos cada día.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 25 julio). OpenAI)
