A comienzos de la década del 2000, un caso de enfermedad pulmonar grave en trabajadores de una fábrica de palomitas de maíz para microondas encendió las alarmas sanitarias. Estos empleados desarrollaron una dolencia irreversible conocida como bronquiolitis obliterante, más comúnmente llamada “pulmón de palomitas”. La causa: la exposición prolongada al diacetilo, un compuesto químico utilizado para recrear el sabor de la mantequilla.
Este hallazgo marcó un punto de inflexión en la percepción del diacetilo, al evidenciar su potencial nocivo cuando es inhalado. El caso generó una respuesta inmediata por parte de autoridades sanitarias de diversos países, que comenzaron a evaluar con mayor severidad la presencia de este químico en productos de consumo, especialmente aquellos susceptibles de ser inhalados.
Con la irrupción de los cigarrillos electrónicos a comienzos de la década de 2010, la atención regulatoria se centró en los líquidos utilizados en estos dispositivos. Al detectarse diacetilo en algunos de ellos, la reacción no se hizo esperar. Países como la Unión Europea, Reino Unido y Australia optaron por su prohibición inmediata en productos de vapeo. La lógica parecía clara: si el diacetilo está relacionado con una enfermedad pulmonar grave, no debería estar presente en ningún producto que se inhale voluntariamente.
Más aún, no existe ni un solo caso clínico documentado de “pulmón de palomitas” en fumadores, lo que añade un nuevo matiz al debate. En los cigarrillos tradicionales, el diacetilo no es un aditivo introducido intencionalmente, sino un subproducto natural del proceso de fermentación de las hojas de tabaco. Esto contrasta con su presencia en los líquidos de vapeo, donde se añadía de manera deliberada para mejorar el sabor, replicando el gusto mantequilloso u otras notas aromáticas.
Esta diferencia en el origen del compuesto podría explicar, al menos en parte, el enfoque desigual de la regulación. El tabaco, como producto de consumo masivo y con una larga historia legislativa, está sujeto a normativas que preceden incluso al conocimiento de los efectos del diacetilo. Cambiar esa legislación de forma puntual para restringir un solo componente entre más de 7.000 sustancias químicas identificadas en el humo del cigarrillo podría haber parecido, para algunos reguladores, un esfuerzo estéril frente al impacto sanitario general del tabaco.
Por su parte, los cigarrillos electrónicos emergieron en un contexto regulatorio distinto, donde la aplicación del principio de precaución ha sido más estricta. Ante la duda sobre la seguridad de los componentes de los e-líquidos, muchos países optaron por restringir cualquier sustancia potencialmente peligrosa, incluso si su impacto era, en términos relativos, mucho menor que en los productos de tabaco tradicionales.
“La regulación sanitaria no siempre responde exclusivamente a criterios científicos”, afirman diversos expertos en salud pública. “A menudo está influenciada por factores políticos, presiones sociales y consideraciones de oportunidad”. Este reconocimiento no implica necesariamente un fallo estructural, pero sí revela la complejidad del diseño normativo en un entorno donde ciencia, economía y salud pública se entrelazan de forma constante.
En el fondo, el debate sobre el diacetilo no es solo una cuestión química. Es un ejemplo de cómo las decisiones regulatorias pueden generar incoherencias difíciles de explicar desde una lógica puramente científica. También invita a reflexionar sobre la necesidad de revisar normativas que, con el paso del tiempo y el avance del conocimiento, pueden volverse obsoletas o ineficaces para proteger adecuadamente la salud de la población.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (versión 4o, 12 febrero). OpenAI)
