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La BNFL arguye que quiere asegirarse el cobro de los daños y perjuicios que Greeneace la ha ocasionado, al retrasar varias horas la salida de un buque con carga nuclear de esta empresa británica. La BNFL reclama a Greenpeace 90.000 libras esterlinas, unos catroce millones y medio de pesetas.
Portavoces de la organización ecologista han calificado esta medida judicial de "terrorismo financiero" y asegura que, no obstante, Greenpeace no está en peligro de quiebra porque dispone de otras cuentas bancarias.
