El verano de 2003 pasará a la historia como un anticipo de lo que puede suponer el cambio climático global, con sus secuelas de olas de calor, muertes directas por hipertermia, miles de muertos por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales, y una prolongada sequía de más de cuatro meses que termina bruscamente con tormentas, el fenómeno de la gota fría e inundaciones, con graves daños a la agricultura, al turismo y a las infraestructuras.
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 38% entre 1990 y 2002. El aumento de 2002 se debió al mayor consumo de energía primaria y al mal año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica fue un 44% inferior a la del año 2001, y consecuentemente las centrales de carbón funcionaron más horas (el consumo de carbón aumentó un 12% respecto al año 2001). El consumo de energía primaria aumentó un 3,3%, y las emisiones de CO2.por usos energéticos crecieron un 5,38% en 2002. Las emisiones de los seis gases y para todos los usos, aumentaron en un 4,54% en el año 2002, respecto al año 2001.
Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), cabría esperar una política más beligerante por parte de la Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir una cierta indiferencia, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas y en los bosques.
Según el gobierno han muerto 105 personas directamente a causa de la ola de calor del año 2003, pero la cifra real es muy superior, y no menos de 6.112 personas fallecieron en España en el verano de 2003 a causa de la ola de calor, y más de 30.000 en la Unión Europea. El gobierno del PP está retrasando y ocultando los datos de las muertes reales por la ola de calor y la contaminación por ozono troposférico, para evitar un debate como el generado en Francia, donde murieron 15.000 personas más en el verano de 2003.
Los daños a la agricultura, según las organizaciones del sector (UPA, COAG y ASAJA), ascienden a mil millones de euros. Las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales han sido igualmente cuantiosas en varias regiones, como Cataluña y Extremadura, y el consumo de electricidad creció un 14,5% en agosto a causa del mayor uso de las instalaciones de aire acondicionado.
El cambio climático es una realidad, que obliga a adoptar políticas serias para reducir las emisiones y mitigar sus consecuencias. El coste de no actuar será muy superior al de las inversiones necesarias para reducir las emisiones de gases de invernadero y prevenir los efectos. El gobierno español, como demuestra el aumento de las emisiones, no tiene ningún plan serio para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Lo mismo puede decirse de CiU en Cataluña (véase el Pla de L’Energia a Catalunya, donde se contempla un aumento de las emisiones del 81,2%).
Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero (GEI), han aumentado en un 38,06% en España entre 1990 (año base) y 2002, cifra que duplica con creces al 15% al que se ha comprometido el gobierno de España en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por considerarlo excesivo. Se ha criticado, con toda la razón, a Estados Unidos por su negativa a ratificar el Protocolo de Kioto y por el aumento de las emisiones, y sin embargo en EE UU las emisiones aumentaron un 16% entre 1990 y 2002, mucho menos que en España, mientras que en Alemania se han reducido en un 19%, y en el conjunto de la UE disminuyeron un 4%. Incluso en China las emisiones sólo aumentaron un 5% en el mismo periodo, a pesar de registrar las más altas tasas mundiales de crecimiento anual del PIB (más del 7%). A nivel mundial las emisiones crecieron un 8,2%, casi cinco veces menos que en España. La evolución de las emisiones de gases de invernadero es el mejor indicador del compromiso de un gobierno con el medio ambiente. Los datos aquí presentados no dejan lugar a dudas.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España entre 1990 y 2002, sin incluir los sumideros, han aumentado un 42,27%, pasando de 227 millones de toneladas en 1990 (año base) a 323,5 millones de toneladas en 2002. En 2002 representaron el 80,85% de las emisiones brutas de los GEI en España, sin incluir los sumideros.
En 1990, año base, se emitieron en España un total de 30.285.910 toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, mientras que en 2002 se llegó a 41.440.120 toneladas en unidades de CO2 equivalente, con un aumento del 36,83%, cifra muy considerable y que demuestra que la administración no ha hecho nada para reducir las emisiones. El metano representó en 2002 el 10,36% de las emisiones brutas de los seis GEI. En 2002 la fermentación entérica ocasionó el 37 %, la gestión del estiércol el 20%, los vertederos el 26%, la minería del carbón el 3%, el petróleo y el gas natural el 1,5%, y las aguas residuales el 6%. Los cultivos de arroz sólo emitieron 0,8%, cifra semejante a las incineradoras de residuos. Las emisiones de metano podrían reducirse fácilmente en una proporción importante, con medidas poco costosas.
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990 ascendieron a 26.635.350 toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron el 7,38% de las emisiones de GEI. En 2002 las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (60%). El sector energético emitió en 2002 el 20%, la industria química el 7%, la gestión del estiércol el 5% y las aguas residuales el 3,5%.
Los carburos hidrofluorados (HFC) han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras que en 2002 se llegó a 5.260.170 toneladas de CO2 equivalente, con una importante reducción a partir de 2001, por la recuperación de HFC en determinados procesos industriales. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles. En 2002 representaron el 1,3% de las emisiones de GEI.
La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (790.370 toneladas de CO2 equivalente). Las emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 180.320 toneladas de CO2 en 2002. En 2002 representaron el 0,04% de las emisiones de GEI.
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 93.580 toneladas de CO2 equivalente, y en 2002 las emisiones aumentaron hasta llegar a 223.450 toneladas de CO2 equivalente. En 2002 representaron el 0,06% de las emisiones totales brutas de GEI.
