Confiamos en que en el proceso que tiene que pasar la propuesta de la Comisión hasta llegar al Parlamento europeo tenga la cura de racionalidad precisa, que proteja los derechos de los cerca de diez millones de fumadores españoles a consumir un producto que es legal sin sufrir el atropello de unas cargas fiscales desproporcionadas y abusivas.
Si la propuesta saliera adelante tal como fue planteada y los fabricantes no modificaran su precio neto, una cajetilla que ahora cuesta 205 pesetas pasaría a costar 350, las de 295 subirían hasta las 377, las de 325 hasta las 386 y las de 385 alcanzarían las 404.
La ponderación del tabaco (junto con las bebidas alcohólicas) en el IPC es del 3,2 %, lo que repercutirá de forma importante en el incremento de la inflación. De mantenerse las ventas estables, los ingresos que los impuestos del tabaco generan al Estado (que en 2000 fueron de 903.000 millones de pesetas) crecerían en torno al 35%.
