Con esta medida se resolverían los problemas de legalidad a los que se enfrentan las administraciones españolas, y se daría respuesta a un buen número de usuarios, preocupados por la proliferación de la publicidad de casinos virtuales.
Las leyes españolas de juego de azar permiten que esta actividad se lleve a cabo en lugares específicos bajo autorización administrativa (casinos, bingos, etc…). Sin embargo, han proliferado en los últimos años casinos virtuales situados en paraísos fiscales a los que es posible acceder desde cualquier ordenador conectado a Internet. En estos lugares el único requisito para jugar es disponer de un medio de pago.
En el segundo semestre de 2001, Casino On-net, una empresa radicada en Antigua, ha liderado la inversión publicitaria en Internet en España, con anuncios en casi todos los portales y medios de comunicación electrónicos españoles, lo cual da una idea del potencial económico de este sector virtual. Esta actividad es considerada como ilegal tanto por la Comisión Nacional de Juego como por las autoridades autonómicas, competentes en materia de juego. La globalidad del medio lleva a confusión, por lo que ninguna de las autoridades designadas se considera competente para actuar sobre el juego en Internet.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) -cuya llegada al Senado es inminente- es la herramienta que permite actuar cuando se detectan actividades ilícitas en Internet. En la redacción actual se excluye explícitamente los juegos de azar (apartado 5[b]). La eliminación del apartado 5[b] abriría la posibilidad de actuar, mediante intervención judicial (como indica el artículo 8), en caso de detectarse alguna ilegalidad.
La AUI ha advertido al Senado de este problema y ha pedido también la definición clara, en el marco legislativo, de cuál es el órgano competente en juegos de azar por Internet.
Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Internet explicó en el Senado cómo ciertos servicios utilizan automáticamente sistemas de tarificación especial (906, mensajes a móviles, etc…) sin informar sobre el hecho de que se están utilizando, o sobre el coste de las tarifas aplicadas, contraviniendo claramente la reglamentación actual.
La AUI ha pedido que se haga respetar la legislación actual, y que se establezcan procedimientos prácticos para que el usuario pueda evitar, si lo desea, el acceso a estos sistemas de tarificación especial.
«El Senado tiene en sus manos la posibilidad de dar respuesta a un problema concreto y actual que afecta a los usuarios de Internet, ya que la LSSI va a ser objeto de discusión en esta cámara en los próximos días» declaró Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet.
