La ‘Ley de Internet’ intenta, entre otras medidas, igualar las actividades económicas en Internet a las tradicionales, prohibe la publicidad masiva sin permiso previo, conocida como ‘spam’, y estipula determinadas responsabilidades sobre los contenidos que circulan por la red.
En este sentido se aprobó una de las medidas más polémicas y discutidas, tanto por su contenido como por la vía por la que se introdujo (a última hora en el Senado), que obliga a las empresas a almacenar durante un año los datos de navegación de todos los internautas, porque según el PP esos datos son «básicos para el éxito de las investigaciones criminales».
La LSSI también establece sanciones para las irregularidades, cuya cuantía podrá oscilar entre los 600.000 y 3.000 euros.
El Gobierno aprobó en febrero el anteproyecto de ley, que incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre esta materia, después de intensos meses de debate y polémica que se ha prolongado hasta hoy.
