El señor Xavier Ribas, abogado que representa a los querelleantes, deberá generar la sensación de validez a las «pruebas» practicadas, y digo pruebas por si llegado el caso, se considerasen como tal. Estas pruebas de dudosa validez, que infringen la privacidad de las comunicaciones de los usuarios, pretenden probar un delito sin tipificar que consiste en compartir ficheros sin ánimo de lucro.
Para que un delito contra la propiedad intelectual sea considerado como tal, el código penal español señala que debe existir la intención de generar ganancias.
Opino que las empresas representadas por el señor Ribas, que se mantienen en el anonimato para evitar represalias, únicamente están llevando a cabo propaganda para generar temor entre los usuarios de redes P2P.
Es recomendable configurar nuestro cortafuegos adecuadamente para que bloquee los rangos de IPs citados en:
http://www.simply-click.org/uploadertest/pg2.asp.
Gerard Edo
Consultor Informático
g.edo@r-irix.com
