La imagen de un despliegue de ambulancias, un hospital de campaña y un puesto de mando avanzado de Protección Civil durante las fiestas de Huesca podría dar la sensación de que todo está perfectamente controlado. A ojos de un observador inexperto, el dispositivo parece impecable. Pero, como suele ocurrir, la diferencia entre lo que se ve y lo que realmente hay detrás en materia de gestión de riesgos marca la línea entre la prevención eficaz y la simple apariencia.
Durante el arranque de las fiestas en honor a su patrón, San Lorenzo, en Huesca, la Policía Nacional desplegó también un dispositivo de seguridad de acuerdo a su análisis de riesgo, una práctica habitual en eventos multitudinarios. Sin embargo, el verdadero “test de coherencia” llegó al cierre de las celebraciones.
El Gobierno de Aragón había decretado que, a partir del sábado 16 de agosto a las 00:00 horas, el riesgo de incendios se elevaba de alerta roja a alerta roja plus, lo que implicaba la prohibición de espectáculos pirotécnicos. La medida impedía la celebración de los fuegos artificiales y la traca final de fiestas, previstos exactamente para esa hora. La respuesta municipal fue simple: adelantar el espectáculo 15 minutos, de forma que el cierre de fiestas se celebró el 15 de agosto a las 23:45 horas; dentro de la legalidad. Un gesto que, aunque solventa el trámite administrativo, deja en evidencia la escasa flexibilidad de la prevención real frente al cumplimiento estricto de lo mínimo exigido.
Lo ocurrido en Huesca no es un caso aislado. La práctica de “ajustar” las cifras y las normas al límite de lo permitido se repite en muchos municipios cuando se organizan eventos con gran afluencia.
Otro ejemplo reciente es el de un dispositivo sanitario de riesgo previsible diseñado para unas fiestas que, según la prensa y el histórico, reúnen a más de 30.000 personas. La legislación gallega establece que, para esa cifra, deberían desplegarse al menos dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y una de soporte vital avanzado (SVA o UVI móvil), además de otros recursos complementarios. La solución municipal fue corregir el aforo previsto a 29.800 personas, justo por debajo del umbral, lo que permitía reducir el dispositivo a solo dos ambulancias SVB.
La medida, técnicamente legal, evidencia una práctica cuestionable: ajustar la previsión de asistentes para reducir costes y medios. Todo ello con la complicidad necesaria de los técnicos responsables de validar los planes, en un contexto en el que el hospital más cercano se encuentra a 30 kilómetros y con un centro de salud local de capacidad limitada.
La legislación establece siempre mínimos de seguridad, no máximos. Su objetivo es garantizar un punto de partida sobre el que los técnicos deben aplicar criterio, experiencia y razonamiento lógico para adaptar cada dispositivo a la realidad del evento. La prevención eficaz no consiste en sortear umbrales ni en hacer encajes de cifras, sino en prever lo imprevisto y garantizar una respuesta adecuada cuando la seguridad de miles de personas está en juego.
La tentación de quedarse en el cumplimiento formal existe, porque permite exhibir recursos, proyectar una imagen de control y, al mismo tiempo, reducir costes. Pero la prevención real se construye desde la responsabilidad técnica y política de ir más allá del mínimo exigido. Y en eso, todavía estamos lejos de aprobar la “prueba del algodón”.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 16 agosto). OpenAI)
