Denuncias

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en relación al asunto en referencia. Al respecto, pongo en su conocimiento que en el día de la fecha, la Comisión ha remitido al gobierno de Argentina una solicitud de medidas cautelares, cuyas partes pertinentes se acompañan en anexo. También se ha establecido un plazo de 10 días para que el gobierno proporcione información a la Comisión acerca de las medidas adoptadas.

Unos días antes de que el Sr. Presidente tomara la mencionada decisión, el Director de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) había enviado un llamado tanto al Sr. Presidente como a los dirigentes de las FARC. Por una parte exhortando al Gobierno colombiano a «prorrogar por lo menos seis meses la moratoria de las actividades armadas en las zonas de distensión» y por otra, requiriendo a las FARC- EP a que «reanuden las conversaciones de paz».

Aun sin alcanzar a entender porque y sin ninguna explicación a 6 meses de mi detención el viernes 1¦ de Diciembre comparecí ante el tribunal oral n¦ 2 de esta ciudad donde mi defensa legal pidió la detención domiciliario. Días después me la negaron.

Que en el mes de Septiembre de 2000, en los días en que se celebraba la «Semana por la Paz», del 03 al 09, aparecieron varios grafittis en la ciudad de Tumaco, anunciando oficialmente la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Nos extraña mucho que coincida con el inicio también de las fumigaciones para erradicación de cultivos ilícitos como parte del Plan Colombia.

Los grupos guerrilleros no pueden hacer alarde de igual legitimidad. Su poderío militar no logra ocultar la debilidad de su respaldo político. Mediante amenazas, pueden sin duda lograr la sumisión de las autoridades locales, pero su impopularidad a nivel nacional es evidente. Sus métodos ùen particular la práctica del secuestro y reclutamiento forzado de adolescentesù provocan un rechazo generalizado.

El fiscal actuante en la causa que investiga la muerte del estudiante Sebastián Bordón provocada por agentes policiales mendocinos pidió que se condene a ocho de los nueve involucrados. Consideró que los agentes Gomez, Gualpa y Cubillos fueron los autores materiales del delito de homicidio simple. A ellos se sumó el comisario Trentini (a quien se le adicionó otra causa por tortura) y el cabo Merelo, este último como partícipe necesario. Para todos ellos solicitó la condena de 15 años de prisión, y para el resto pidió penas menores por encubrimiento.

Los acusados son el ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco y el ex embajador uruguayo en Venezuela, Julio César Lupinacci, actualmente embajador en El Vaticano. También fueron acusados el embajador -lvaro -lvarez y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Guido Michelín Salomón.

La Mesa de Trabajo de acompañamiento a la ocupación pacífica de las familias desplazadas que se encuentran en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Bogota, a saber: Colectivo José Alvear Restrepo, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA-, la Asociación de Ayuda Solidaria -ANDAS- y la Coordinación Nacional de Desplazados, entre otros, manifiestan ante la comunidad nacional e internacional, los siguientes hechos.

Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra y que además serán juzgados por ser integrantes de una organización.

Tres conductores de ambulancia, dos secretarias, un técnico de mantenimiento y otro de administración, también fueron desplazados forzosamente del pueblo debido a las amenazas, tal como tuvieron que hacerlo hace ocho meses otros tres funcionarios por la misma causa.

Como se recodará, cuando se desarrollaba el proceso penal relacionado con la desaparición forzada de Elena Quinteros, la aprobación de la Ley 15.848 del año 1986, impidió la acción penal en lo que refería a los funcionarios militares y policiales involucrados. En cambio, en relación a los civiles (no militares ni policías) que no fueron beneficiados por la norma jurídica citada, y que según entendemos han incurrido en varios delitos relacionados con la desaparición de Elena Quinteros, nada obsta a la prosecución de la indagatoria presumarial iniciada.

Todos los integrantes, miembros, numerarios y efectivos de la Policía bonaerense comenzarían un curso de DD HH por orden del ejecutivo de Ruckauf. Aquél que ha hecho apología del gatillo fácil, que ha proclamado la necesidad de darle más poder a la policía que en los hechos es tortura y muerte, ahora para «maquillar» la cara de la «mejor policía del mundo» al decir de su socio y antecesor Duhalde, quiere que estudien derechos humanos.

«Este compañero, RAMON MOLINA, 23 años, casado con un hijo y otro por venir, estaba cortando la ruta 11 adhiriendo de ese modo al paro nacional convocado por los gremios a nivel nacional.Sus agresores dispararon a quemarropa desencadenado su muerte y otros heridos».

A nivel teorico los Presos Políticos podrían apelarse a la Corte Suprema, pero una sentencia sería emitida despues de su muerte . Así que la última esperanza está en la solidaridad del Mundo . para que el Presidente de la Repúbblica Argentina, Fernando de la Rúa, opte para conceder el indulto, conmute ellos las condenas o dicte un decreto ley (que en Argentina se llama Decreto de Necesidad y Urgencia) que permita una segunda instancia procesual de sus casos.

Con profunda consternación vemos como en los últimos meses han sido asesinados cientos de palestinos, miles de heridos, los cuales en estos últimos días se han incrementado con los Bombardeos Aéreos indiscriminados por parte de los israelitas en contra de la población civil palestina.

Como ya hemos dejado saber, la historia de esta negociación revestía una gran preocupación para el Women’s Caucus, ya que el controvertido lenguaje era el resultado de un compromiso basado en una propuesta de 11 países árabes, los cuales intentaron excluir los crímenes de violencia sexual y de género cuando fueran éstos cometidos en el seno familiar o como parte de una tradición religiosa o cultural.

El informe, presentado en Ginebra, Suiza, señala que desde la firma de la paz, en 1996, el gobierno de Guatemala no ha ejecutado las medidas necesarias para indagar sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada durante los 36 años que duró el conflicto.

Los Defensores de DDHH en las zonas rurales son quienes se encuentran más expuestos a las amenazas debido a la mayor actividad de los grupos armados, a la práctica contrainsurgente, a la falta de infraestructura y a la escasa presencia de la estructura civil del Estado.

Según ha afirmado el secretario general adjunto de Amnesty International, Vincent del Buono, hay señales muy preocupantes del empeoramiento de la ya inestable situación de Chiapas en el periodo previo a la asunción del poder por el presidente electo Vicente Fox el 1 de diciembre, y la posterior toma de posesión de su cargo del gobernador electo para Chiapas, Pablo Salazar, que tendrá lugar una semana después.