Denuncias

El secuestro de Gil, González y Pinto eleva a 33 el número de periodistas secuestrados desde 1998 en Colombia. La mayoría de ellos (32) fueron cometidos por grupos guerrilleros casi siempre a fin de obligar a los medios de comunicación a difundir comunicados de prensa o denunciar las exacciones perpetradas por los paramilitares.

Al Sr. Montesinos, asesor del presidente Fujimori, no se le puede conceder ningún asilo porque esa figura legal ampara el refugio a un perseguido. Al Sr. Montesinos no solo no lo persigue el gobierno peruano, sino que le ampara y le protege.

La soberanía no es un concepto teórico, sino que es producto de una realidad; cuando se trata de minimizarla, es que se oculta alguna forma de dominación e imposición. Quienes tildan de anticuada la defensa de la soberanía, olvidan que las potencias si defienden la suya, en los campos concretos de su territorio, lengua, moneda, recursos estratégicos, mercados, implementación de políticas, etc.; con decisiones de poder, que al mismo tiempo apuntan contra las bases nacionales de los países débiles.

Nos puede parecer una buena medida realizar todas las averiguaciones y las conjeturas tendientes a desacreditar o acreditar la veracidad de las declaraciones del ex soldado Pintado, pero ello, por más eficaz que lo sea, no logra » esclarecer los hechos relativos a la desaparición de la Sra. Elena Quinteros» y menos su paradero.

Ante la audiencia del juicio de amparo promovido por la defensa del ex-capitán de la Armada Argentina, criminal y genocida, Sr. Ricardo Miguel Cavallo, Miguel -ngel Cavallo, alias Marcelo, Sérpico, Ricardo, o como quiera denominarse, se hace necesario aclarar a la Opinión Publica.

Que es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas del Perú para la inmediata formación de un gobierno provisional de transición que comience la ejecución de las medidas señaladas y convoque a elecciones generales presidenciales y legislativas trasparentes, que aseguren iguales oportunidades de participación para todos los peruanos.

El sábado en horas de la noche se conoció el fallo absolutorio dictado en la causa que se les seguía a Emilio Alí, Ricardo Barrospe y Graciela Meza por el delito de «turbación de la propiedad» por la ocupación de la catedral marplatense. Aunque no se han conocido aún los fundamentos de la sentencia, lo cierto es que se echó por tierra la conjura fabricada contra los desocupados.

Ante la grave crisis económica y social que padece el país en general y nuestra provincia en particular, surgió la necesidad de incorporar a nuestra lucha como Organismo de Derechos Humanos, además de lo aportado conceptualmente por la demanda de Memoria y Justicia, la idea del «desaparecido social», sujeto que surge producto de la exclusión de importantes sectores de la población de los beneficios del modelo, recluyéndolos a escalas de marginación del nuevo orden económico, y que como método de control social consolidan la fórmula Ajuste = Represión.

En estas circunstancias, no basta negarle asilo político a Montesinos, sino que las autoridades judiciales panameñas deben además iniciar una investigación penal para determinar su responsibilidad en graves violaciones a los derechos humanos. Entre los casos ampliamente conocidos en el ámbito internacional como nacional, se incluyen el secuestro y tortura en 1997 de la ex-agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Leonor la Rosa Bustamante, la tortura y ejecución extrajudicial en el mismo año de Mariela Lucy Barreto Riofano, y la tortura en mayo del presente año del periodista Fabián …

El pasado 19 de Septiembre del 2000, presuntos miembros de las Fuerzas Armadas a bordo de un buque de guerra fondearon Al frente de la desembocadura del río Yurumangui, Vereda Verenal del Carmen, municipio de Buenaventura. Posteriormente a bordo de cinco lanchas rápidas desembarcaron aproximadamente 200 efectivos de la infantería de Marina adscritos a la Fuerza Naval del Pacifico y Brigada de Infantería de Marina con sede en Buenaventura. Los efectivos portaban armas y algunos de ellos cubrían su rostro con capuchas rodeando de inmediato la vereda y crearon el pánico …

Las organizaciones campesinas se han dirigido a las autoridades solicitando su intervención para que cesen de manera inmediata las medidas que se vienen tomando por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército Nacional (Fuerza de Despliegue Rápido, Brigada Móvil Número Uno, Batallón 39 Sumapaz, Batallones Contraguerrillas) entre otros, y que violan nuestros derechos a la vida, a la libre movilización, derechos de los niños y ancianos con medidas como el impedimento total y arbitrario del paso de víveres para nuestros hijos.

Los primeros resultados de este operativo da un saldo de una persona muerta y más de 20 personas heridas por balas de guerra, impacto de granadas de gas, balines de goma, entre ellos algunos niños entre 6 y 10 años, y un número indterminado de detenidos trasladados al cuartel de Cotapachi en la zona de Quillacollo.

La aprobación del Consejo de Ministros de España es considerado como un mero trámite y se había demorado debido a que determinados documentos anexos al auto del Juez de Instrucción, Baltasar Garzón, se demoraron en ser enviados al Ministerio de Justicia, a causa de la complejidad de su elaboración.

La respuesta del gobierno a estas movilizaciones ha sido el uso de la fuerza y la violencia policial y militar, con un saldo social cada vez más preocupante, toda vez que los intentos de diálogo promovidos por la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y de las mismas organizaciones populares no han sido hasta el momento escuchadas.

Como fuerza de seguridad del Estado, responde a sus intereses. Esos policías que ayer golpearon y trataron de evitar que los compañeros de HIJOS escracharan a Olivera en su estudio jurídico frente al Palacio de Tribunales, y que se fueron con los zapatos llenos de pintura, no estaban ahí porque en una asamblea en la comisaría lo resolvieron.

Gracias a la intervención de altos funcionarios civiles responsables de la economia nacional, se compraron los «papeles» de la deuda externa peruana a la quinta parte de su valor. Lo comprado fue luego pagado al cien por ciento de su valor por el gobierno, cuando este los incluyo en el Plan Brady de 1996. El monto en juego eran varios centenares de millones de dólares.

Amnistía Internacional denuncia la situación de abuso del derecho de asilo político que se estaría dando entorno al caso del ciudadano peruano Vladimiro Montesinos. Según informaciones recibidas el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos habría estado presionando a las autoridades panameñas para que se otorgue asilo político a Vladimiro Montesinos en el país.

ANTE JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 2¦ TURNO, Tota Quinteros, madre de Elena Quinteros, representada por el Dr. Pablo Chargoñia, solicito se intime al Ministerio de Defensa Nacional- Poder Ejecutivo, el cumplimiento de la sentencia N¦ 28 de fecha 10/5/00, confirmada por sentencia N¦ 98 del Tribunal de Apelaciones el 31/5/00.

La única dificultad que durante este tiempo dichas familias habían tenido, fue la discusión con el Gobierno Nacional (INCORA y Ministerio de Agricultura), por la pretensión que tenía éste de cobrar el 30% del valor de los predios entregados.