Denuncias

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario hacer un segundo pronunciamiento frente a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer (28 de julio).

Los paramilitares tienen ubicados retenes de control que impiden el ingreso de alimentos y que los campesinos entren o salgan de esta zona. Y hasta la fecha ningún organismo humanitario se ha hecho presente con alimentos, a pesar de la solicitud expresa de organismos de derechos humanos a la Red de Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo (Barrancabermeja), Cruz Roja Colombiana y Comité Internacional de la Cruz Roja.

Demandamos que el Gobierno Colombiano apoye que la OEA y otros organismos intergubernamentales adopten medidas inmediatas que, respetando el principio de no injerencia, contribuyan sin embargo a presionar al gobierno peruano en orden a desmontar el aparato de control político de las instituciones y abrir un diálogo sincero con la oposición democrática y sociedad civil del Perú para implementar reformas que fortalezcan la democracia y la convocatoria a una consulta popular que devuelva la legitimidad a las autoridades electas de dicho país.

En concordancia con esta Declaración solicitamos a otros gobiernos que adopten similares posturas y que revisen las relaciones diplomáticias y económicas con el gobierno Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, para ello creemos se debe utilizar como clausula de condicionalidad el cumplimiento irresctrito de la doctrina emergente de los dictámenes e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.

Posteriormente, el día 19 de julio, los paramilitares incursionaron en El Diamante y las 700 familias que vivían este corregimiento tuvieron que desplazarse hacia la montaña junto con las de 3.500 personas que se encuentraban huyendo de los corrgimirntos de el paraíso , Aguas Lindas y Vallecito. Estos campesinos requieren con urgencia ayuda humanitaria (alimentos, carpas, plásticos, frazadas, medicamentos, toldos), sin que hasta el momento sus llamados desesperados sean atendidos.

Los efectivos de la Judicial, Seguridad Pública, Federal de Caminos y Migración en Chancalá, confirman la presencia de la fuerza paramilitar de la Policía Federal Preventiva en el Estado de Chiapas, que, aunque no utilicen el uniforme de este agrupamiento, no significa que no pertenezcan a esta fuerza, pues se sabe, es la nueva institución y agrupamiento de violencia y represión en contra del pueblo, y sabemos que la PFP agrupa a estos organismos mencionados, como se ha publicado en la prensa.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos solicita su intervención ante las IRREGULARIDADES JURIDICAS Y VIOLACIONES EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PRESOS DE CONCIENCIA: Justino HERNANDEZ JOSE y Zacarías PASCUAL LOPEZ, INDIGENAS ZAPOTECOS DE LA REGION LOXICHA.

El Colectivo de Derechos Humanos «SEMILLAS DE LIBERTAD» denuncia ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos:

En este contexto, las siete organizaciones de derechos humanos, ecologistas y académicas que constituimos el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, entregamos las siguientes informaciones precisas y puntuales recomendaciones a organizaciones y redes de la sociedad civil ecuatoriana, a las instituciones del Estado, embajadas, ONGs de la región, medios de comunicación y, en especial, la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional.

Atento a lo resuelto por esta Mesa Representativa el pasado 31 de marzo, encomendando a esta Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales, «para que, tal como lo ha venido haciendo, continúe evaluando el desarrollo de los acontecimientos a los efectos de aconsejar a los órganos competentes del PIT/CNT, los pronunciamientos y las acciones que se estimen convenientes».

El Ministerio de RR.EE. y la Oficina de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), deben informar a la opinión pública el contenido del denominado «Plan de Contingencia» (y las denominadas estrategias del «Plan Ecuador» o «Plan Socio-económico fronterizo»), elaborado semanas atrás y que, al igual que la información sobre el Plan Colombia y la Base en Manta, se ha caracterizado por el secretismo oficial.

Una prueba de la gravedad de las fumigaciones contempladas en el «Plan Colombia», es un informe detallado de Sunshine Project. Esta nueva organización sin ánimo de lucro está dedicada a poner al descubierto los abusos de la biotecnología y hace un llamado a la reunión del Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas para ponerle alto a los experimentos peligrosos que Estados Unidos está llevando a cabo con estos hongos diseñados para matar cultivos de narcóticos (coca, amapola y marihuana); y ahora pretende aplicarlos en Colombia.

Desde nuestra Constancia Histórica y Censura Moral esperamos que algún día la conciencia de la humanidad permita esclarecer y juzgar los silencios, las omisiones, las complicidades y las participaciones que posibilitaron y desarrollaron este nuevo genocidio, anunciado y nunca evitado. Si un nuevo daño irreparable contra la Comunidad de Paz se realiza la humanidad por lo menos sabrá quiénes son los responsables.

A lo largo de casi cuatro años han sido detenidos 132 indigenas zapotecos sin embargo, fuera de negociaciones politicas, han salido libres por falta de elementos para procesar 47 de ellos. La mayoria de los detenidos y desaparecidos han denunciado la detencion sin ordenes de aprehension, retencion en lugares distintos a los destinados ex profeso (carceles clandestinas), desaparicion forzada transitoria, torturas fisicas y psicologicas, procesos judiciales irregulares, traslados al penal de maxima seguridad y pesimas condiciones en el interior de los penales (un indigena loxicha murio por falta de atencion medica …

Víctor Hugo de León, Vicepresidente de la Felap, manifestó que este es un nuevo atropello a la libre emisión del pensamiento, «deplorable y por demás serio, se suma a las amenazas que en mayo y junio pasados se realizaron contra periodistas de distintos medios, tanto impresos como radiales, que cumplen con el deber de informar libremente del acontecer diario».

La solución está en manos de la legislatura que deberá estudiar un proyecto de ley que permita un nuevo juicio para los inculpados en el asalto a un cuartel militar en Buenos Aires, el 23 de enero de 1989. Dicho asalto fue reprimido con violencia, varias personas fueron acribilladas y otras recibieron condenas severas.

El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado de graves amenazas de que se cometa una masacre en los barrios El Pinal y la Cruz, asentamientos de desplazados en Medellín. De acuerdo a la información de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización miembro de la red de la OMCT, el 2 de julio del 2000 un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos de civil, quienes se identificaron como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, llegaron a los Barrios El Pinal y La Cruz y …

Acompañamos a los 2 estudiantes del Albergue de UDPM en su denuncia por apremios ilegales cometidos por la Policía de la Provincia en sus efectivos del comando radioeléctrico y personal de la comisaría 4¦ ubicada en la Av. Madariaga cerca de la Estación de trenes.

Es por ello que solicitamos que toda personalidad política, gremial, social o eclesiástica de orden nacional, provincial o municipal que esté dispuesta a atestiguar en el juicio, nos haga llegar su adhesión, a fin de ponerlo en la lista de testigos para que en el tribunal se puedan escuchar las voces que testimonien la verdadera situación social de exclusión de millones de argentinos.