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Las medidas económicas que anunció el Ministro de Economía, José Luis Machinea, si bien extraoficialmente ya habían generado malestar por el tenor de las mismas, el anuncio oficial sólo arrojó combustible a una situación ya caldeada.

Ante el responsable de la política interior del país, el obispo Arizmendi señaló que la presencia militar en Chiapas es «excesiva», tal como lo ha expresado en varias ocasiones la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación. Sin embargo, indicó que la disminución de ese despliegue tiene que lograrse en forma bilateral.

Arnoldo Alemán dijo que al Diálogo Nacional serán invitados las «Fuerzas Vivas de la Nación». Además el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Estos organismos serán invitados como moderadores del foro, que será coordinado por el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social.

Desde el lugar de conflicto advirtieron que la medida de presión no será levantada hasta que el Servicio Nacional de Caminos envíe maquinaria a la zona para los trabajos. En La Paz, autoridades del sector afirmaron que la semana pasada se tomaron previsiones para mandar equipos y no hallan motivo para el bloqueo.

También el sector «moderado» de la Confederación anunció medidas contra la política económica del gobierno de Fernando De la Rúa. El Secretario General de la Confederación General del Trabajo, Rodolfo Daer, informó que la organización se reunirá el próximo 14 de junio para decidir las medidas a tomar.

Esta ruptura se produciría debido a malos tratos que recibió un dirigente del sector por parte del Ministro de Desarrollo Sostenible, José Luís Carvajal. Este la tomó contra el dirigente Alberto Zapata, profiriendole una serie de insultos durante una reunión, según la versión de los dirigentes campesinos.

El propio Presidente estadounidense, Bill Clinton, ya anunció el viernes pasado que revisaría las relaciones con Perú, a menos que los comicios fueran claros y limpios, situación que no se dio. Afirmó que incluso una breve demora daría a la OEA la oportunidad de supervisar la votación con mayor confianza.

Las guerrilleros piden que en caso de aceptar el cese al fuego, el gobierno colombiano financie la alimentación y el mantenimiento del pie de fuerza que no combatirá. Según la organización rebelde, se tendría que hacer aportes por un millón de dólares mensuales.

Según declaraciones del Presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco Távara, los votos de la oposición ascienden al 40.8 por ciento . Esa cifra incluye los votos obtenidos por Alejandro Toledo y los sufragios viciados, en la medida que encarnan la protesta de la ciudadanía frente a la irregularidad de los comicios. Según cifras oficiales, el Presidente Fujimori obtuvo el 40. 3 por ciento de la votación.

Amenaza con represión: para eso creó una división especializada en sin-tierra en la Policía Federal, que como los propios agentes dijeron es la recreación del DOPS (Departamento del Orden Público y Social, la policía política que funcionó bajo la dictadura). Amenazó con la utilización del Ejercito.

Han pasado poco más de 11 años, del copamiento, en la provincia de Buenos Aires, del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada por parte de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Quienes, luego de una profunda evaluación política decidieron, en ese entonces, que la única acción para evitar un posible golpe de Estado – de los militares llamados ôcarapintadasö- era la incursión al regimiento militar.

La historia de América Latina, desde hace varias décadas, reconoce un patrón común: el terrorismo de Estado. En la década de los 60, la desaparición forzada de personas comenzó a practicarse en Haití y Guatemala. Diez años después esta práctica se había masificado en el Cono Sur, extendiéndose poco después a toda Latinoamérica. Esa fue la respuesta del Estado terrorista a las luchas de liberación surgidas en el continente.

La Defensora del Pueblo, Dilia Parra, hizo un llamado al Congresillo para que removiera a esos funcionarios y no aceptara sus renuncias, para que se los pueda sancionar por su responsabilidad en las postergación de los comicios que debían celebrarse el 28 de mayo.

Durante estos 12 días que lleva vigente el Estado de Excepción ya se ha detenido a un centenar de personas, entre ellos políticos, periodistas, policías, militares y civiles, presuntamente implicados en la intentona golpista. Las personas que salieron del país suman tres: el doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano, Vicedecano Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y el ex Senador Colorado Carlos Zayas Vallejos.

En respuesta a las denuncias de fraude, Fujimorí destacó que en la elección del domingo 28, en la que fue único candidato, había quedado demostrado la eficiencia de los recursos técnicos. domingo ôquedó demostrado que existía la logística, los suficientes recursos técnicos y los miembros de mesa capacitados que se requerían, es decir las condiciones adecuadas para garantizar en todo el territorio de la República el respeto a la voluntad popularö.

Diversas organizaciones sociales anunciaron que las protestas son inminentes porque «las medidas son terribles para el pueblo». La información fue dada a conocer por Napoleón Saltos, de la Coordinadora de Movimientos Sociales. El gobierno elevó los precios de los combustibles en un 80 por ciento.

Según monseñor Porras, su decisión se debe a que ese es un cargo público y la Iglesia no debe participar en ello. No obstante, si aceptó servir como mediador o asesor del proceso para poder llevar a un feliz término las accidentadas megaelecciones en Venezuela.

Esta situación es mucho peor en los sectores rurales, de acuerdo con el informe «Pobreza en Guatemala». En definitiva, todas estas personas están bajo los límites de pobreza y entrando a la pobreza extrema, según lo señalan estudios internacionalmente aceptados. La independiente Asociación de Investigación y Estudios Sociales, autora del informe, señala que los programas gubernamentales contra la pobreza y por el desarrollo están a capricho de los funcionarios de turno.

Aumentarán su presión para conseguir que no se entregue el control de la educación a los municipios y padres de familia, y expresaron su desacuerdo con la elevación salarial anunciada por el gobierno. Los profesores piden un ingreso mínimo de 100 dólares mensuales. La Presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Aracely Moreno, dijo que la elevación que propone el gobierno, atenta contra la Ley de Carrera Docente.