La situación chilena actual puede ser entendida como el resultado buscado por una estrategia aplicada de gobierno o como la consecuencia de una sumatoria de causas para las que se fueron aplicando soluciones «en la medida de las posibilidades» o de «los recursos humanos y económicos disponibles».
Si lo que se pretendía era atomizar el Estado como empresa pública, generador directo de mano de obra, elevar la cesantía a un nivel «saludable» como para obtener la flexibilización óptima de las relaciones laborales en beneficio de la empresa privada, desintegrar el tejido social privilegiando el individualismo, remplazar la conciencia política de masas por la «conciencia consumista», la competencia de todos contra todos, la actividad gremial dirigida por el empresariado (concibiendo a todos como empresarios reales o en potencia), inculcar que el lucro es el gran motor de cualquiera actividad humana y que la ley del más fuerte es una ley natural sagrada, entonces el gobierno ha tenido pleno ‘xito y el resultado obtenido es correcto, independiente de la opini¢n que merezca a la mayor¡a.
Obviamente, ningon gobierno cuyos fines sean los expuestos va a confesar que las observadas en el Chile de hoy iban a ser sus metas. Menos aon explicar¡a los m’todos a emplear. Tendr¡a que actuar y disfrazar sus acciones mediante declaraciones poblicas exactamente como lo han estado haciendo Frei y su equipo. Y deber¡a proseguir tal cual. S¢lo requiere para ello de una adecuada fluidez comunicacional embaucadora y de la complicidad irrestricta de todos los medios de comunicaci¢n trascendentes.
En cambio, si lo que observamos es consecuencia de causas cuyas soluciones aplicadas fueron tard¡as, incompletas o inadecuadas, ya sea por falta de recursos, incapacidad o corrupci¢n administrativa, estar¡amos presenciando el fracaso completo de la actual administraci¢n. Como se ha insistido en exhibir las cifras macroecon¢micas como una prueba del ‘xito del modelo no hay derecho a invocar falta de recursos. Si se niega que haya corrupci¢n administrativa nos queda la incapacidad como el factor responsable. Esta incapacidad pudo darse de modo inducido (oposici¢n) o por negligencia y falta de visi¢n administrativas.
Algunas pistas para determinar frente a qu’ hemos estado se consiguen del discurso poblico tanto de gobierno como de oposici¢n. Otras se logran como resultado del an lisis de los hechos reales.
El discurso poblico nos habla de otorgar tantas facilidades como sea preciso al inversionista para que disponga de sus capitales como estime m s conveniente y teniendo la certeza que el Estado no ser un competidor, bajo promesa solemne. La interpretaci¢n de ese discurso ha sido la salida masiva de los capitales chilenos al extranjero y la entrada de capital extranjero para capturar todas las actividades estrat’gicas del pa¡s. Ambos sectores, as¡ beneficiados, se observan satisfechos de la gesti¢n gubernamental y esperan que estos criterios se mantengan.
Las alarmas poblicas sobre la actual situaci¢n provinieron temprano de sectores econ¢micos y empresariales medianos y peque_os comprometidos con nuestra realidad porque est n inmersos en ella y dependen de ella, ya sea para su ‘xito pol¡tico o econ¢mico. Fueron desechadas por el gobierno calific ndolas de «alarmistas». Esto implica que las autoridades de gobierno estaban conscientes de lo que hac¡an. Si lo estaban, entonces obedec¡an a intereses o planes diferentes.
Algunos hechos reales sugieren improvisaci¢n, negligencia, legislaci¢n inadecuada u obsoleta y falta de marcos regulatorios, todo lo cual se puede englobar en una falta de visi¢n o voluntad pol¡tico-administrativa, bordeando la corrupci¢n o ampar ndola. El caso Copeva fue una muestra vistosa de un hecho repetido en varias ciudades del pa¡s, con diversas variantes pero con el id’ntico resultado de pobladores estafados. La crisis energ’tica dej¢ en evidencia la priorizaci¢n del inter’s utilitario empresarial sobre las necesidades poblicas b sicas y que las privatizaciones se llevan adelante desestimando las consecuencias de corto y mediano plazo.
En Agosto deber¡a hacer crisis una serie de anormalidades ocurridas en Lota, tras el cierre de las actividades del carb¢n. All¡, el gobierno implement¢ una serie de medidas que subdividieron a los afectados en grupos de modo tal que perdieran su capacidad de hacer un frente comon de lucha. Por otra parte, los recursos destinados a generar fuentes de trabajo alternativas se han consumido en aventuras que cuesta calificar de empresariales ya que tienen el car cter de simples estafas legales. All¡ se dan casos de empresas montadas ex-profeso para tragarse los recursos dispuestos y abandonar a los trabajadores a su propia suerte.
El patr¢n de conducta del gobierno actual y de los legisladores en general es mantener un discurso poblico que declara preocupaci¢n por los problemas del pa¡s mientras se elaboran decretos, reglamentos y leyes que hacen caso omiso de la opini¢n ciudadana. Se administra y legisla a espaldas de la opini¢n poblica y se contiene el reclamo con t cticas de discurso dilatorio, promesas de futuras soluciones, rechazo al di logo conminatorio que no acepta reglas del juego pre establecidas. El Presidente afirma, enf ticamente, que seguir adelante con un proceso que llama «modernizaci¢n del pa¡s» y «pensando en el futuro de Chile», aon cuando no expone medida previa alguna que prevenga efectos inmediatos de desempleo e inseguridad laboral. A tal grado llega el autoritarismo gubernamental que, aon cuando deja disconformes, simult neamente, a empleadores y trabajadores, impone la tramitaci¢n forzada de un proyecto llamado Protrac que supuestamente deber¡a conciliar a quienes lo impugnan. Se configura, as¡, el abuso de autoridad como m’todo usual institucionalizado. Estos conceptos son tan evidentes y f ciles de demostrar que la oposici¢n de derecha los ha convertido en sus banderas de lucha para la campa_a presidencial de su candidato.
Las ins¢litas posturas gubernamentales desconciertan al pa¡s. La incoherencia entre el discurso de intenciones supuestamente beneficiosas y los actos de gobierno llevan a pensar que pudiera estarse buscando, premeditadamente, el fracaso del candidato oficialista y el afianzamiento del opositor. Esta idea no es descabellada si se considera que, dentro de la Concertaci¢n, existen sectores, ya derrotados lapidariamente en las primarias, y que preferir¡an un triunfo del candidato derechista antes que tolerar a un Presidente socialista. El mensaje que va horadando progresivamente las mentes de los electores es cada vez m s claro: la opci¢n de cambios es m s factible con un candidato opositor.
El candidato oficialista est literalmente atado de pies y manos. Su compromiso pol¡tico lo obliga a justificar y a defender las medidas de gobierno. Su escaso margen de acci¢n lo obliga a emplazar a la derecha sobre asuntos que resultan lejanos e incomprensibles para una ciudadan¡a agobiada por la cesant¡a, la drogadicci¢n, la delincuencia y el desamparo gubernamental ante su realidad inmediata y palpable. La masa despolitizada y desinformada no tiene posibilidad alguna de visualizar que el modelo de pa¡s en fase final de implementaci¢n se ajusta, a la medida, a los planes futuros de un gobierno derechista. La derecha chilena se apresta, pues, a edificar sobre las bases macroecon¢micas dejadas por la Concertaci¢n.
El candidato de gobierno no supo aprovechar la gran oportunidad para haber optimizado su opci¢n presidencial cuando gan¢, de modo apabullante, las primarias. Se lleg¢ a hablar de un co-gobierno debido a que la DC, el principal partido gubernamental, fue el gran derrotado. Pero opt¢ por la lealtad a la coalici¢n gobiernista entendi’ndola como un respaldo al gobierno actual. Esto dio a los derrotados la oportunidad de recomponerse y distribuir eficazmente a quienes, al interior de la coalici¢n, no desean a un socialista en la presidencia del pa¡s. Los cambios introducidos en el equipo de gobierno a sugerencias del candidato oficialista apuntaron, fundamentalmente, a buscar soluciones r pidas a problemas pol¡ticos pendientes. No hubo cambios que sugieran cuestionamiento del modelo de pa¡s. Este acomodo arroja buena luz sobre las preocupaciones primordiales del gobierno, del candidato oficialista y de las soluciones urdidas.
Dado que los candidatos oficialista y derechista apoyan al modelo econ¢mico imperante y ponderan el ‘xito del pa¡s segon las cifras macroecon¢micas, la diferencia fundamental entre ellos habr¡a que buscarla en sus criterios pol¡ticos de cara a las cuestiones pendientes de Justicia respecto de Derechos Humanos, Caso Detenidos Desaparecidos, modo de aplicar o no justicia, Ley de Amnist¡a, caso Pinochet, composici¢n del Senado (vitalicio, designados), Ley Electoral y Constituci¢n Pol¡tica.
En la medida que la crisis econ¢mica se ahonda, con sus secuelas de cesant¡a, inseguridad laboral, drogadicci¢n, delincuencia, inseguridad ciudadana, hay marginalidad por extrema pobreza, deudas impagas al profesorado, cheques en garant¡a por atenciones urgentes de salud, ex-mineros de Lota estafados, situaci¢n de mapuches sin resolver, actividad portuaria perturbada y otros problemas inmediatos generan tensi¢n superficial visible a los ojos despolitizados y de visi¢n poco profunda o no anal¡tica, las perturbadoras cuestiones de Derechos Humanos, Pinochet, Amnist¡a y puramente pol¡ticas tienden a perder fuerza reivindicativa masiva para confinarse en sectores directamente afectados y elitistas.
M s aon. Los claros indicios de esfuerzos para un pacto entre Derecha, Oficialismo y FFAA que permita «dar vuelta a la hoja de la Historia» sin culpables sancionados debidamente restan fuerza electoral al candidato oficialista, legitimando el discurso derechista. Por eso el candidato derechista puede darse el lujo de un discurso conciliador, pacificador, aprobando las medidas pol¡ticas que le convienen, evitando la confrontaci¢n simplista, explicando la profundizaci¢n de la crisis como una «tardanza en aplicar medidas correctoras o ineficiencia del gobierno» y prometiendo cambios inmediatos para resolver el comulo de problemas visibles superficialmente. As¡, el candidato derechista ha logrado afianzar como suyos los conceptos «cambio» y «soluciones pr cticas». Gruesos sectores de la ciudadan¡a ya deben estar sopesando si vale la pena hacer la vista gorda ante las graves pero a_ejas injusticias para probar seductoras soluciones pr cticas que tan urgentemente se necesitan. Entonces, el relajado discurso del candidato derechista aparece cada vez m s seductor y el agresivo, desafiante y duro discurso del candidato oficialista comienza a resultar destemplado y poco convincente porque los actos de gobierno lo desmienten.
El oficialismo ha logrado abortar y controlar un naciente movimiento estudiantil, la protesta de mapuches, docentes y de la salud, donde hab¡a fuerzas de izquierda y concertacionistas, pero v¡a su ahogamiento manipulado. Sin embargo han prosperado los paros gremialistas de la Locomoci¢n Colectiva y de Portuarios donde es dif¡cil detectar liderazgo de izquierda o concertacionista. Estos oltimos sectores y otros ya est n anunciando un gran paro de protesta de car cter nacional. Se hace evidente que el descontento ciudadano est siendo capitalizado por sectores no ligados a compromiso pol¡tico con el oficialismo. La lectura de estas consideraciones es que el oficialismo desalienta y desilusiona a su caudal electoral y no puede evitar el aglutinamiento del descontento en sectores que no puede controlar.
La conclusi¢n obvia de este an lisis es que el candidato oficialista est perdiendo toda posibilidad de ganar las presidenciales en una primera votaci¢n y tendr¡a que enfrentar una segunda vuelta con menores posibilidades de ‘xito que su contendor derechista. Aon es tiempo de definiciones m s claras al interior de la Concertaci¢n. A mi modo de ver, vale m s la pena perder las presidenciales por haber sido consecuente con principios fundamentales que perder las mismas tras haberlos sacrificado de cara al inapelable juez electoral an¢nimo pero con una memoria hist¢rica mejor de la que se supone.
Valentin Marchant
Desde Santiago de Chile
