El argumento, la verdad sea dicha, no tendría mayor trascendencia que la puramente académica sino fuese porque el PP se empeñó en hacernos creer en las pasadas elecciones generales que era posible esta cuadratura del círculo, cuando su victoria electoral en dichas elecciones no necesitaba de un soporte teórico tan desafortunado para acompañar el descalabro socialista. Bastaba con apelar a la corrupción sin necesidad de meterse en camisas de once varas.
Aquel locuaz empeño del señor Aznar se ha demostrado, lógicamente, futil. Las cuentas, como no podía ser de otro modo, no cuadran, se miren por donde se miren y se hagan como se hagan. Mantener el compromiso social y de bienestar de los Pactos de Toledo con una baja imposición no sólo no ha resultado plausible sino que ha tenido el efecto contrario. La presión fiscal se ha estabilizado al tiempo que hay una alarmante pérdida de derechos sociales adquiridos.
De lo primero puede haber una percepción sesgada. Ciertamente ha habido cambios sustanciales en la imposición directa, en concreto en la modulación y retenciones del IRPF, aunque en realidad esos cambios benefician especialmente a las rentas más altas, por mucho que el señor Lucas se obstine en sostener que el suyo es el partido de las clases medias. Además, la imposición indirecta (la que grava el consumo y más afecta a las rentas menos pudientes) no ha variado, los impuestos especiales se han incrementado y otros «tributos menores» han ido apareciendo (peajes en autovías, etc.).
Sin embargo, de lo que no cabe duda, es del retroceso social que se está experimentando en España. El plan para la privatización de hospitales, el fomento de la enseñanza privada en detrimento de la pública y de los planes de pensiones y, sobre todo, una reforma laboral que ha disparado los índices de empleo precario, etc., etc. son claras manifestaciones de esa realidad. En aras de un crecimiento económico (un síndrome que está matando a millones de personas en todo el planeta) que nos aproxime a los grandes de Europa, el gobierno pretende abonarnos al modelo de sociedad de los Estados Unidos, un país que en las últimas décadas ha experimentado un significativo descenso de la calidad de vida popular.
Los fáciles recursos obtenidos de la furibunda oleada de privatizaciones realizadas y en curso están haciendo posible que, de momento, los que para la patronal y el gobierno son moderados recortes sociales no afecten a los pingües márgenes de beneficio empresarial y, lo que es más importante, a la conciencia electoral del país. El problema aparecerá cuando el gobierno del señor Aznar haya liquidado todo lo vendible y se vea en la tesitura de, o bien incrementar los impuestos, incluidos los que gravan a la gran empresa, para mantener los niveles de protección social existentes, o bien rebajar dichos niveles de protección.
Vistos los precedentes de estos últimos años, no es difícil adivinar que, con los sindicatos bajo control, los próximos gobiernos neoliberales en España (todo hace pensar que del PP) se lancen al ejercicio de políticas de corte ultraconservador al estilo de Thatcher o de Reagan, cuando, curiosamente, tanto en Gran Bretaña como en los otros grandes de Europa se ha optado por una «tercera vía» más moderada. Aznar y Rato cuentan, al menos durante algún tiempo, con la baza del desempleo y la excusa de la Unión monetaria y el Pacto de Estabilidad para poder desplegar con garantías políticas un plan de crecimiento económico basado en la flexibilidad, el rigor presupuestario y la moderación salarial sin un deterioro excesivo de su posición mientras financian a ciertas compañías (eléctricas, por ejemplo) con miles de millones de pesetas y ven incrementarse los beneficios de las grandes empresas.
Eso además de una estrategia de funcionamiento interior amenaza con ser un peligroso principio rector de la competitividad española de cara al exterior. Las palabras de estos últimos días del presidente del gobierno Aznar, de su vicepresidente económico Rato y del presidente de la patronal Cuevas postulando lo inapropiado de una armonización social en Europa (pese a la existencia de un federalismo monetario) y lo conveniente de una revisión a la baja de las normas protectoras parecen una apología poco disimulada a la vez que poco ética del «dumping social«. ¨Pretenden acaso acabar con el Estado del Bienestar español (un Estado del Bienestar que apenas ha empezado a construirse en la segunda mitad de los ochenta) y transformar España en una Corea europea? Si la cosa es así, como parece, no cabe duda que España acabará por convertirse en otra Gran Bretaña thatcheriana y contribuirá a desarbolar el principio de cohesión del que había sido abanderada.
