Es más que evidente que el sentido de aquel anuncio tenía y tiene visos claramente electoralistas, como electoralistas son las intenciones de otros muchos presidentes y alcaldes que se han subido al carro de incrementar las pensiones más bajas con el fin de lanzarse a la caza de uno de los votos más dúctiles como es el del pensionista. Lógicamente, el conocido como "voto cautivo" no va dejar de seguir siendo uno de los aspectos más turbios y contradictorios del sistema democrático liberal, así que qué remedio, no sólo se hay que aceptarlo como una variable política más, sino que hay que aprender a rentabilizarlo, juego que a ciertos políticos, aunque parezca lo contrario, les viene que ni pintado.
Si a Chaves le ha correspondido el honor de levantar la liebre de la polémica de las pensiones comprometiéndose a financiar con dineros de Sevilla algunos créditos de más a favor de aquellos de sus pensionistas que menos perciben del erario público, a otro de esos supuestos "incrementófilos", el taimado presidente Pujol, le cabe el más grande honor, aun, de soliviantar a gobierno y oposición cuestionando las bases del welfarismo español consensuadas en el "sagrado" Pacto de Toledo, algo de lo que, por otras parte, parece sentirse muy satisfecho, especialmente ahora que Maragall se perfila como un serio y verosímil competidor en la carrera por la presidencia del gobierno catalán. Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, los socialistas con Almunia a la cabeza, y tras él veremos cuántos otros y de qué tendencias, se erigen en fedatarios del clamor popular que recorre el país vociferando en favor de la subida de las pensiones.
Que la postura de Pujol pone en entredicho el Pacto de Toledo no debe ser motivo especial de alarma. Es algo que antes o después tenía que suceder y que no era difícil de vaticinar. En primer lugar, por que, y está más que demostrado, la villanía política de los partidos en ocasiones no entiende de límites ni de honor cuando sus líderes están en situación de sacar tajada, aun a costa del orden más justo (o sino ahí está el problema vasco para corroborarlo); pero además, por que el Pacto en sí no es más un pequeño cuento que todos hemos deseado creernos, un sedante para conciencias cándidas que pospone coger de una vez por los cuernos el toro de los problemas y deficiencias financieros de la Seguridad Social española. En realidad, lo verdaderamente preocupante de todo este asunto de las pensiones, y es ahí donde radica la diferencia entre Chaves y Pujol, son los argumentos que el presidente catalán esgrime para justificar el incremento (ridículo, por otra parte) de las pensiones en su Comunidad Autónoma. Establecer un sistema de pensiones conforme a criterios de PIB y renta per cápita no sólo es lo habitual, sino lo prudente. La clave entonces reside en los límites espaciales de ese modelo. En el caso del territorio español, tomado en su conjunto, la propuesta de Pujol, más que romper, efectivamente, con la caja única de la Seguridad Social atenta contra sus bases mismas y los principios de unidad, cohesión y solidaridad sobre los que se erige. En definitiva, se están estableciendo los argumentos con que justificar la ruptura de la unidad territorial y forzar la descentralización de la gestión de la Seguridad Social española, cuando no de lograr una segregación de ésta. En este sentido, que el objetivo último sea obtener votos, la transferencia de tal gestión o un más que un dudoso giro social tendría una importancia si no menor, al menos, relativamente secundaria.
El más que potencial peligro de ruptura de la centralización de la gestión de la Seguridad Social (algo que Cataluña viene pidiendo desde hace tiempo a través de distintas fórmulas, como la cesión de los servicios del INEM, etc.) es uno de los motivos que pueden servir para explicar el por qué el gobierno de Aznar ha entrado al trapo tendido por su socio de gobierno y no al del socialista Chaves viéndose, de esta forma, obligado a alcanzar un compromiso para la revisión de las pensiones en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para las mismas. Un compromiso vago del que, aún sin concretarse cifras ni fechas, es ya seguro va a salir un incremento tanto de pensiones contributivas como no contributivas en los próximos días, antes de que se cierre la negociación de los Presupuesto Generales del próximo año. Ese giro incrementalista en la política de pensiones del gobierno podrían tener su respuesta, igualmente, en el temor del ejecutivo de que el Tribunal Constitucional no asuma las tesis de Pimentel y de Arenas al interpretar de forma desfavorable para el Estado el artículo 149.17¡ de la Constitución sancionando formalmente la postura catalana, y tras ésta la del resto de Comunidades Autónomas disidentes. Pero, sobre todo, lo que está claro es que nadie quiere perder posiciones en la gran batalla electoral que se juega en los próximos siete u ocho meses, y Aznar menos que ninguno.
Pero concretando, +supone el más que hipotético nuevo escenario de las pensiones en Cataluña, Andalucía, etc., etc. una orientación radicalmente novedosa en el futuro de la cohesión social del territorio español? Evidentemente no. El modelo mismo de descentralización territorial que prevé la Constitución en su Título VIII porta de manera implícita el germen de la descohesión social en el conjunto del Estado español. Ejemplos no faltan: +Acaso todos los ciudadanos españoles soportan una misma presión fiscal o tienen que hacer frente a los mismos impuestos (sin entrar siquiera en lo que supone el actual modelo de recaudación del IRPF)?, ¨Son homogéneos salarios (incluidos funcionarios de una misma categoría, como profesores) y nivel de vida no sólo en cada región sino en cada ciudad? El caso de la sanidad es paradigmático. Desde la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad, las diferencias de gasto sanitario per cápita entre las Comunidades Autónomas con gestión de la sanidad transferida y aquellas otras gestionadas directamente por el Insalud se han mantenido o incluso se han incrementado. Igualmente entre las del primer grupo, de tal forma que esa ratio es casi veinte mil pesetas más alta en Navarra que en Andalucía. Como también hay importantes diferencias en el número de médicos o camas por cada mil habitantes. Ni que decir tiene lo que puede suceder a corto plazo con el gasto farmacéutico a raíz de la iniciativa de Chaves de financiar algunos de los medicamentos excluidos por la Seguridad Social. En el caso de los gastos en enseñanza, cultura, medio ambiente o demás capítulos sociales el panorama no es muy distinto.
Entonces, +de qué cohesión se habla estos días? Quizá la pregunta que habría que hacerse, en consecuencia, es la de sí se ha plantado o se plantea en el esquema del Estado autonómico una verdadera estrategia de cohesión interregional que tenga en cuenta que el hecho de la descentralización tiende a agudizar las diferencias económicas y, por tanto, sociales de un territorio como el del Estado español ya de por sí plagado de desequilibrios o, como en otros tantos temas y ocasiones, la improvisación está a la orden del día.
Sea cual sea el resultado de este conflicto entre administraciones por el tema de las pensiones es más que probable que debamos ir acostumbrándonos a una España socialmente plural no sólo de hecho sino de manera formalmente establecida en el marco de un federalismo creciente, del mismo modo que entre los Estados de la Unión europea (incluso entre regiones de algunos de ellos) persisten las diferencias en cuanto a los regímenes sociales (incluidas las pensiones o la sanidad) dentro un ámbito que se pretende común y armonizado en el terreno económico y en el que nadie niega la legitimidad de los mayores beneficios sociales de unos ciudadanos europeos sobre otros. La Seguridad Social española, en su espacio, y la Unión europea, en el común, deberían velar para que, al menos, se estableciese y respetase un umbral mínimo elevado de protección por encima del cual toda aportación adicional debería ser bien vista, ya sea regional, comunal, local o del tipo que sea. Ese sería el verdadero sentido de una Política Social europea (la misma que denostó Aznar en Amsterdam) en la que la Seguridad Social español funcionaría como un engranaje más de un modelo de protección social superior.
