SANIDAD P+BLICA

Estos día se está hablando mucho de los déficit de la sanidad pública, coincidiendo al mismo tiempo las huelgas de profesionales del medio en demanda de superiores dotaciones presupuestarias en salarios y servicios y el haberse destapado el muy lamentable tema de la gente, especialmente enfermos cardio-vasculares, que ha muerto mientras estaban en las listas de espera de las instituciones dependientes del Institut CatalÓ de la Salut, esperando que les llegara el turno para ser intervenidos quirúrgicamente. Coincide también con el día mundial anti-tabaco, elemento que también incide de forma muy considerable en este mismo tipo de enfermedades. Son muchas las reflexiones que pueden y deben hacerse alrededor de este tema, e incluso acerca de cuestiones relativamente secundarias, subsidiarias en cualquier caso de toda esta clase de situaciones, como por ejemplo las pensiones de invalidez que, de forma especial cuando se trata de esta clase de enfermos û me consta de manera específica para los afectados por el s¡ndrome post-tromb¢tico -, son rechazadas con frecuencia por el organismo estatal encargado de administrarlas, obligando a los afectados a demandar al ente ante las magistraturas de trabajo – dado que se trata precisamente de cuestiones derivadas de las propias cotizaciones laborales de los enfermos -, que demasiadas veces parecen desviar el conflicto hacia los tribunales superiores, mientras los sujetos de estas importantes carencias quiz s no mueran f¡sicamente, como s¡ hacen los anteriormente citados, pero se van muriendo de asco poquito a poco.

Una de estas reflexiones tiene que ver con el mismo modelo de sociedad donde se supone que estamos viviendo. Este modelo comporta elevados niveles de tasas e impuestos, incluidas todas las cotizaciones al ente antes mencionado, precisamente para poderlos convertir en lo que se llama salario social, consistente en que los ciudadanos tengamos garantizadas por el estado una serie de prestaciones, como por ejemplo la ense_anza poblica, la sanidad y las pensiones, gracias a todas estas aportaciones que hemos realizado por adelantado y que, a no ser a cambio de estas cosas, se tornar¡an en un expolio absolutamente injustificable. Una vez establecido esto, resulta de una claridad di fana que no se nos puede hablar para referirse a eso de cosas como rentabilidad, o de d’ficits u otros conceptos del mismo cariz cuando se habla de las muchas cosas que no acaban de funcionar de forma adecuada en estos  mbitos, porque los servicios poblicos, y muy especialmente estos que encima tienen esta caracter¡stica a_adida del car cter social que comportan, no tienen que regirse por esta clase de criterios sino por los de su conveniencia y prioridad.

Es costumbre que las instituciones de autogobierno de Catalunya, cada vez que se suscita esta clase de tema, lancen balones fuera y se remitan a la falta de dotaci¢n suficiente que, segon ellos, nos hace para estas mismas cosas el gobierno de Madrid, extremo que seguramente es cierto, porque los gobiernos centrales siempre se han caracterizado por un elevado nivel de taca_er¡a a la hora de valorar los servicios transferidos a las comunidades aut¢nomas – en abierta contradicci¢n con el realismo con que hacen sus propios presupuestos para sus propias competencias -, pero que contrasta con el apoyo entusiasta que estas mismas instituciones y, sobre todo, sus l¡deres y las organizaciones pol¡ticas que las gobiernan, dan a estos mismos gobiernos de Madrid, a los del PSOE en su momento y, oltimamente y por cierto con mucho m s ‘nfasis que entonces, a los del PP. Se ve que, contra lo que dicen los veinte a_os de experiencia que tienen encabezando todo eso de las instituciones aut¢nomas, aun no se han percatado que no hay gran cosa que hacer, y que cada vez que parece que abren un poco la mano, como por ejemplo en el caso de las cesiones parciales del IRPF, la cierran por otro lado, por lo que los progresos son nimios y totalmente insuficientes.

Es en estas circunstancias que unos cuantos ciudadanos, m s de los que algunos quisieran, at¢nitos por el espect culo penoso de las explicaciones de los «consellers» de turno, volvemos a pensar una y otra vez en aquel considerable d’ficit fiscal que padecemos y nos pasa por la mollera que, pagando lo mismo, nos lo podr¡amos montar bastante mejor nosotros solos. Quiz s incluso podr¡amos dotar de modo m s adecuado las unidades cardio-vasculares de nuestra red de hospitales poblicos y concertados, y as¡ se nos quedar¡a menos gente entre las manos mientras esperan pacientemente su turno para la intervenci¢n que tiene que salvarles la vida.

Jordi Portell