«Habitantes del ejido Loma Bonita, del municipio de Ocosingo, presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, lo que sería la primera queja por violación a los derechos colectivos de los pueblos indios. La acusación es en contra de elementos del Ejército Mexicano que desde el 9 de noviembre mantienen cercadas varias comunidades ubicadas en la zona de influencia del EZLN, impidiéndoles su desarrollo». Periódico La Jornada», 11 de diciembre, de 1999.
Si bien es cierto que esta es la primera denuncia formal sobre violación de derechos colectivos en Chiapas, no es la primera vez que campesinos e indígenas del Estado de Chiapas ven alterada su vida como pueblos, es decir, se violan sus derechos colectivos: Derecho al territorio, a la práctica de sus usos y costumbres, al uso de la lengua propia, al autogobierno.
A partir del levantamiento indígena en Chiapas, en enero de 1994, el Ejército y elementos de Seguridad Pública han incrementado su presencia en la zona, esto ha alterado profundamente las relaciones sociales y estructurales de las comunidades ind¡genas-campesinas. A la organizaci¢n de los pueblos ind¡genas y su toma de conciencia, que dio vida a los municipios aut¢nomos rebeldes, se han opuesto la aparici¢n y fortalecimiento de las bandas de choque paramilitares instaladas al interior de las comunidades, alterando las relaciones familiares al enfrentar a hermano contra hermano.
Asimismo, la presencia de civiles uniformados, identificados como campesinos de las localidades vecinas o del propio lugar, que acompa_an al Ej’rcito Nacional Mexicano en los operativos denunciando y se_alando casas y lugare_os, provoca m s conflictos y tensiones, pues generalmente estas personas son reconocidas, por la poblaci¢n afectada, a pesar de usar uniforme y capuchas.
Este tipo de acciones ha provocado numerosas discordias interfamiliares y ha profundizado las rivalidades entre la poblaci¢n ya que los civiles que apoyan las acciones militares son premiados con comida, materiales para arreglar sus viviendas y armas.
Numerosos testimonios, denuncias y comunicados, provenientes de la misma poblaci¢n afectada, dan cuenta de las graves consecuencias que tiene la presencia militar en la vida comunitaria de los pueblos ind¡genas: Drogadicci¢n, prostituci¢n, alcoholismo, ocupaci¢n de terrenos, escuelas, iglesias, comunidades enteras cercadas por retenes militares y en muchos casos obligadas a buscar refugio lejos de sus tierras, milpas y cafetales. De esta manera, se destruye la cultura y los usos y costumbres de pueblos enteros que se ven impedidos de preservar su identidad y sus territorios ocupados por la fuerza de las armas y la violencia social.
Los vuelos rasantes con aviones de rastreo, combate y helic¢pteros artillados y de asalto sobre las comunidades. Los patrullajes de d¡a y de noche por los caminos de los ejidos y sus milpas, los tanques y veh¡culos militares que llegan hasta las entradas de los pueblos, los retenes del ej’rcito mexicano, instalados para detener y revisar pertenencias, con soldados que fotograf¡an y toman videos de los rostros morenos de hombres y mujeres que transitan por carreteras y pueblos, principalmente en la denominada zona de conflicto, a los cuales se pretende intimidar y doblegar su voluntad de seguir apoyando al ej’rcito de insurgentes, es una imagen que ya se ha hecho parte de la vida cotidiana de miles de ind¡genas de la zona norte, de las ca_adas de la selva y de los Altos de Chiapas.
Por otra parte, en todos los operativos militares-polic¡acos, los soldados federales saquean las viviendas de la poblaci¢n tomada, profanan los templos, y obligan al desplazamiento de comunidades enteras de sus territorios. Cuando los pobladores denuncian estos hechos, su palabra no es tomada en cuenta por las autoridades, quedando en la larga lista de la impunidad los delitos cometidos en su contra.
Las mujeres y los ni_os son la poblaci¢n m s afectada por la presencia del ej’rcito. Un corresponsal del peri¢dico de circulaci¢n nacional » La Jornada», del d¡a 22 de agosto de 1999, report¢ que miembros del Ej’rcito mexicano usan a ni_os como esp¡as y correos y para atraer a sus hermanas a los cuarteles. Esto ocurre en le Valle de San Jer¢nimo de Tulij , en la zona tzeltal de Ocosingo.
Las mujeres de las comunidades denuncian reiteradamente su temor de ir a lavar su ropa al r¡o o a ba_arse, porque los soldados est n ah¡, para molestarlas o «hacer sus cosas» con las prostitutas, sin importarles la presencia de los ni_os. Los soldados ensucian el agua, contaminan con su basura y han llevado droga, prostituci¢n y pornograf¡a a comunidades donde no eran conocidas, pues no pertenecen a la cultura de los pueblos ind¡genas. Todo esto ha alterado considerablemente las relaciones culturales y sociales de un alto porcentaje de la poblaci¢n que tiene contacto cotidiano con la presencia castrense en Chiapas.
Las violaciones que atentan contra los derechos colectivos se realizan en contraposici¢n a todos los acuerdos firmados en relaci¢n con derechos humanos a escala nacional e internacional. Es el caso de la violaci¢n al derecho a la libertad de tr nsito en las comunidades en las que se han instalado retenes militares.
La Constituci¢n Pol¡tica Mexicana, dice en su Articulo 11: «Todo hombre tiene derecho para entrar, salir, viajar por su territorio». Con la llegada del ej’rcito y la instalaci¢n de sus cuarteles en las cercan¡as de las comunidades este derecho no se puede ejercer por poblaciones enteras que ven afectada su libertad de tr nsito.
Es el caso de la zona norte que a ra¡z de la guerra interna propiciada por las bandas paramilitares, los Chinchulines y Paz y Justicia, integradas por ind¡genas pri¡stas, con el apoyo del Ej’rcito mexicano y la Polic¡a Federal, han dejado a miles de campesinos desplazados de sus comunidades sin permitir la libertad de circular por las carreteras de la zona. De este modo las relaciones interculturales de las comunidades en muchos aspectos se han visto interrumpidas: la vida social, los encuentros de car cter religioso, el intercambio econ¢mico entre una comunidad y otra, etc.
Las cifras que denuncian la presencia militar en Chiapas son cada d¡a m s alarmantes y por supuesto, que estas difieren muchis¡mo de los c lculos oficiales.
Lo cierto es que organismos no gubernamentales de derechos humanos han denunciado que son alrededor de 70 mil los soldados que ocupan territorio chiapaneco, instalados en 66 de 111 municipios oficiales. El Ej’rcito Federal Mexicano debe salir de Chiapas. De no ocurrir as¡, la cultura, los usos y costumbres, la vida, y todo el legado hist¢rico de los pueblos mayas de esta zona desaparecer irremediablemente bajo la bota militar. (Mx/QR/Pi-Mt-Au/Dh-Pp/mc)
Por Margarita Plaza
