Entre ellas se incluyen la Plaza Cataluña, los Polígonos Prat de Llobregat, Tarrasa, Centro Comercial Glories, Avenida Diagonal y los Polígonos y parque empresarial Montigalá (Badalona).
Según el último estudio sobre Piratería Global realizado por la BSA, y presentado el pasado mes de junio, la mitad de los programas de software que funcionan en los ordenadores españoles son “piratas” es decir, copias ilegales. En concreto, el 49 por ciento del software que se utilizó en España durante el año 2001 tuvo un origen ilegal. Estas cifras colocan a España a la cabeza de la piratería informática dentro de la Unión Europea, solamente precedida por Grecia, cuyo índice asciende al 64 por ciento.
Los programas de ordenador son bienes inmateriales cuya protección se enmarca dentro del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia) concretamente en su artículo 10.1.i) que menciona expresamente al programa de ordenador como objeto de propiedad intelectual. Así mismo, el Título VII del Libro I del citado cuerpo legal regula en los artículos 95 a 104 de forma exclusiva los programas de ordenador.
En España, el Ordenamiento Jurídico tipifica dentro del ámbito Penal como delitos las infracciones contra la Propiedad Intelectual del software. En los artículos 270 – 272 del Código Penal de 1995 se recogen los delitos relativos a la propiedad intelectual, en los que se prevén penas de privación de libertad de hasta cuatro años, y hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de más de 216.000 euros.Penas a las que podrían ser condenados los responsables del cibercafé, en el caso de confirmarse la presunta situación irregular del software.
Según un informe del Ministerio de Interior, Cataluña, con el 18,9%, es la Comunidad con mayor número de intervenciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado en materia relativa a delitos contra la propiedad Industrial e Intelectual. Con respecto a la valaroción de los productos fraudulentos incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, Cataluña sigue ocupando el primer puesto con un 21%, seguida de Madrid, con el 20%.
Otro estudio europeo encargado por BSA, y realizado por Ashdown Group, revela que la flexibilidad y la falta de políticas empresariales acerca del uso de Internet en las PYMES europeas pone en peligro a un 40% de los negocios. La inexistencia de unas directrices serias sobre las descargas de programas de Internet, y las acciones ilegales de los empleados, pueden acarrear para las PYMES sanciones asociadas con el uso de software ilegal.
La investigación también revela la escasa meticulosidad de los españoles a la hora de comprobar sus licencias de software: solamente el 30% lo hace trimestralmente, un 14% cada seis meses y un 26% revisa su software anualmente. El 32% admite que nunca ha comprobado sus licencias o que desconoce este asunto,
En España, BSA cuenta con una línea telefónica de información y denuncias:
900-211-048
Y una página web, http://www.bsa.org/es para atender cualquier tipo de consulta en relación con la campaña contra la piratería informática.
Desde 1988, BSA (http://www.bsa.org/espana) representa a los fabricantes de software líderes del mundo ante gobiernos y consumidores en el mercado internacional. Sus miembros representan a la industria de crecimiento más rápido del mundo. BSA educa a los usuarios informáticos sobre los derechos de autor del software, defiende el interés público que fomenta la innovación y amplía las oportunidades comerciales, y lucha contra el delito informático. Los miembros de BSA en España incluyen a Adobe, Apple, Autodesk, FileMaker, Grupo SP, Macromedia, Microsoft, Panda Software y PowerQuest.
BSA España forma parte de la Mesa Antipiratería, que representa a la industria cultural y audiovisual de nuestro país
