Comenzó entonces una de las
mayores catástrofes ecológicas, cuyas dimensiones se deben a la desidia
de las administraciones central y autonómica.
Cuatro años después la mina ha cerrado, 425 trabajadores han perdido sus
empleos, y según un informe de la Escuela de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid, la contaminación afectará durante al menos los
próximos 75 años al acuífero Niebla-Posadas. El caso de Aznalcóllar no
fue un hecho aislado, pues en España, según Adena/WWF, existen 743
balsas mineras, y actualmente se encuentra en fase de información
pública el proyecto de apertura de una nueva mina a cielo abierto, entre
Gerena y Guillena, en plena área de influencia de Doñana, y a sólo 25 km
de Sevilla, por parte de una empresa minera de EE UU.
Doñana, el más emblemático de los Parques Nacionales, donde Aznar se
fotografiaba con Tony Blair pocos días antes de la riada tóxica, se ha
visto afectado de forma grave y duradera. Los efectos más visibles, como
la muerte de miles de peces, a causa de la acidez del agua y su falta de
oxígeno, no son los más graves. Lo peor es la bomba de relojería que
suponen los metales pesados, debido a su persistencia y a su
bioacumulación, y muy especialmente el cadmio y el arsénico, y los
efectos se harán notar de forma lenta e insidiosa, a lo largo de muchos
años. La entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, conocida
por su defensa de las peores causas (transgénicos, energía nuclear) se
puso morada de langostinos a los pocos días de la catástrofe, para
demostrar que no pasaba nada.
Doñana fue una catástrofe anunciada. Los ecologistas, y la CEPA en
particular (hoy Ecologistas en Acción), fueron los únicos que habían
denunciado una y otra vez la situación. En Doñana, como en Chernóbil o
en tantos otros desastres, sucede lo imposible. En noviembre de 1995
Manuel Aguilar Campos fue despedido de la empresa minera por denunciar
el mal estado de la presa. Sólo la CEPA tomó en consideración sus
denuncias. La CEPA igualmente denunció el vertido de residuos tóxicos
procedentes del polo químico de Huelva en Aznalcóllar en varias
ocasiones, y en enero de 1996 presentó una denuncia ante la Unión
Europea, archivada al estimar que la respuesta del Gobierno español era
satisfactoria. Pocos meses antes del accidente, el 4 de diciembre de
1997, el grupo Menoba de Aznalcázar, integrado en la CEPA, denunció la
situación de la presa. Para Agaden se habían producido vertidos
continuados e ininterrumpidos desde 12 años antes al Agrio y por ello al
Guadiamar, a Doñana y al Guadalquivir.
Según el CSIC, los lodos vertidos contenían 8.000 gramos de zinc por
tonelada, 8.000 gr. de plomo, 5.000 gr. de arsénico, 2.000 gr. de cobre,
90 gr. de cobalto, 55 gr. de talio, 70 gr. de bismuto, 28 gr. de cadmio
y 15 gr. de mercurio. Los lodos también contenían de 4 a 10 gramos por
tonelada de aminas aromáticas e hidrocarburos policíclicos. La acción de
los microorganismos puede acelerar el proceso de lixiviación así como
alterar y transformar su composición; los tests de lixiviación
realizados por el CSIC indicaron una elevada movilidad para la mayor
parte de los metales, al poder pasar a los acuíferos o introducirse en
la cadena alimentaria, poniendo en riesgo a la fauna y a las personas.
Se ha constatado que gran parte del lodo de pirita estaba integrado por
partículas pequeñas susceptibles de ser inhaladas, con los consiguientes
riesgos para los trabajadores que los retiraron y la población de la
zona.
Los lodos retirados se llevaron a una mina a cielo abierto en desuso, la
Corta. La CEPA, Adena/WWF y Greenpeace denunciaron que bajo la mina
donde se vertieron los lodos retirados se encuentra el acuífero 26
Niebla-Posadas; el suelo por supuesto no está impermeabilizado y el
terreno tiene fracturas a causa de las pasadas voladuras. El desastre
esparció cerca de 2,5 millones de metros cúbicos de lodos por los cauces
del Agrio y el Guadiamar. La Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio
Ambiente se gastaron cerca de 20.000 millones de pesetas en limpiar la
zona afectada, cantidad a la que hay que añadir los 8.000 millones de
pesetas invertidos por la Junta de Andalucía en la restauración
ambiental, y los 10.000 millones de pesetas que costó la expropiación de
las tierras afectadas por el desastre.
El responsable directo del desastre fue la empresa Boliden Apirsa,
propietaria de la presa. Boliden pertenece al grupo Trelleborg, con sede
en Toronto (Canadá), y tiene cuatro minas en Suecia, otra en Arabia
Saudí y la de Aznalcóllar, que adquirió en 1987. En 1996 facturó 1.300
millones de dólares y obtuvo unos beneficios netos de 38,7 millones de
dólares; emplea a 13.443 personas, de ellas 4.818 en Suecia. A pesar de
la retórica ambiental, la empresa tiene un negro historial, con
accidentes graves en Chile (Arica) y Suecia, donde la rotura de una
balsa de lodos contaminó el lago Asajaure. En Chile, según el Instituto
de Ecología Política, las 19.500 toneladas de residuos tóxicos (cadmio,
arsénico, mercurio y plomo) exportados por Boliden por intermedio de la
empresa Promel a Arica hace 14 años, contaminaron a 15.000 familias y
causaron el envenenamiento de más de 500 niños en una zona pobre de la
localidad. La empresa ha adoptado una aptitud completamente
irresponsable, tanto ante los residuos exportados de manera ilegal (la
documentación falsa indicaba que se trataba de oro y plata), como ante
las consecuencias en la población afectada, a la que se niega a pagar
incluso los gastos hospitalarios. La corta Los Frailes daba trabajo a
520 personas de Aznalcóllar, y en 1997 se obtuvieron 125.000 toneladas
de zinc, 48.000 t de plomo, 4.700 t de cobre y 90,8 kilos de plata. La
intención de la empresa es reabrir la mina en otoño.
Las pérdidas económicas superaron los 40.000 millones, como mínimo, dado
que cerca de 5.000 hectáreas quedaron arruinadas para cualquier tipo de
cultivo durante muchos años, tanto por la contaminación, como por los
propios trabajos de limpieza, que en muchos casos eliminaron los suelos
fértiles. Desde 1993 la empresa Boliden Apirsa recibió de Hacienda un
total de 2.819 millones de pesetas, y de la Junta de Andalucía 1.025
millones, en parte destinados a la balsa que reventó. Una de las
lecciones de Doñana debería ser la necesidad de suprimir las
subvenciones a actividades dañinas para el medio ambiente, y además se
las debería gravar fiscalmente, iniciando la tan necesaria reforma
ecológica del sistema fiscal.
En nombre del mantenimiento del empleo las administraciones concedieron
generosas subvenciones, haciendo la vista gorda ante los constantes
incumplimientos de la legislación ambiental. A la larga tales posiciones
fueron contraproducentes. Mantener una actividad minera dañina para el
medio ambiente con dinero público puede costar miles de empleos en la
agricultura, la pesca y el turismo, actividades más sostenibles e
intensivas en empleo. La contraposición que tantas veces se ha hecho de
forma demagógica entre el medio ambiente y las personas, sintetizada por
Felipe González en la frase de que «entre los agricultores y los patos,
me quedo con los agricultores», es radicalmente perversa. De aquellos
polvos, estos lodos.
La ruptura de la balsa minera de la multinacional Boliden no sólo ha
dañado al medio ambiente. También ha causado un grave daño a la
credibilidad del sistema jurídico español, incapaz de impedir desastres
ecológicos y de velar por hacer realidad la máxima de que»el que
contamina, paga». Aquí el que contamina, no sólo no paga, sino que
además recibe subvenciones públicas y sentencias absolutorias.
La juez Cecilia Belhadj-Ben archivó el caso Aznalcóllar el 27 de
diciembre de 2000, concluyendo que ni Boliden ni Dragados y
Construcciones incurrieron en un delito de imprudencia grave, y no
tienen responsabilidades en el caso. La misma juez, según Los Verdes de
Andalucía, ya había archivado en 1996 las diligencias por las
filtraciones en el dique de la balsa minera. La sentencia, según
Greenpeace, Adena/WWF, Amigos de la Tierra, SEO, Ecologistas en Acción y
Los Verdes, es absolutamente «escandalosa». Es probable que Cecilia
Belhadj-Ben sea una presunta prevaricadora, por haber dictado a
sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta
injusticia.
