Una investigación reciente liderada por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha puesto de relieve una paradoja inquietante: los subsidios que gobiernos de todo el mundo destinan a sectores considerados clave para el desarrollo económico —como la agricultura, los combustibles fósiles, la pesca, la minería, la silvicultura y las infraestructuras— están generando impactos devastadores sobre la biodiversidad, el equilibrio climático y la salud pública.
El trabajo, dirigido por la investigadora Victoria Reyes García y publicado en la revista científica Ambio, plantea que estas ayudas económicas no solo perpetúan modelos de producción insostenibles, sino que también incentivan actividades responsables de una pérdida acelerada de servicios ecosistémicos esenciales. Servicios sin los cuales la vida humana, y con ella la economía mundial, se ve directamente comprometida.
Estas ayudas económicas no solo perpetúan modelos de producción insostenibles, sino que también incentivan actividades responsables de una pérdida acelerada de servicios ecosistémicos esenciales. Servicios sin los cuales la vida humana, y con ella la economía mundial, se ve directamente comprometida.
El informe cifra en una horquilla de entre 1,7 y 3,2 billones de dólares anuales los subsidios públicos globales a estas actividades. Sin embargo, el coste medioambiental derivado de sus impactos indirectos se estima entre 10,5 y 22,6 billones de dólares al año, lo que revela una descompensación profundamente perjudicial para el equilibrio ecológico del planeta. En este contexto, el estudio advierte que el deterioro ambiental inducido por estos sectores ya está generando consecuencias económicas tangibles.
El propio Banco Mundial estima que la pérdida de funciones naturales críticas, como la polinización, la pesca marina o la provisión de madera, podría provocar una caída del producto interior bruto global de hasta 2,7 billones de dólares en el horizonte de 2030. En países como el Reino Unido, la pérdida de biodiversidad podría traducirse en una disminución del PIB nacional de entre el 6 % y el 12 % en el mismo periodo.
El análisis detalla los impactos específicos de cada uno de los sectores examinados. En el caso de los combustibles fósiles, las ayudas estatales alcanzaron en 2022 los 7 billones de dólares. Según los datos del ICTA-UAB, su eliminación podría reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 43 % y evitar hasta 1,6 millones de muertes prematuras anuales, gracias a la mejora de la calidad del aire.
La agricultura, pese a su papel fundamental en la seguridad alimentaria, es también fuente de graves externalidades negativas: emisión de gases de efecto invernadero, degradación de los suelos y contaminación de aguas dulces y subterráneas. Por su parte, el sector forestal recibió en 2024 unos 175 mil millones de dólares en subvenciones. Sin embargo, en 2023 la superficie deforestada alcanzó los 6,37 millones de hectáreas, un fenómeno incompatible con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático.
La construcción de infraestructuras, que en 2015 contó con 2,3 billones de dólares en ayudas, también representa un problema estructural por su contribución a la fragmentación de hábitats naturales y al uso desmedido de recursos hídricos. La pesca y la acuicultura, con 55 mil millones de dólares en subsidios en 2023, promueven en muchos casos prácticas insostenibles como la sobrepesca o la pesca ilegal, lo que amenaza gravemente la biodiversidad marina. En cuanto a la minería, el estudio destaca que al menos 40 mil millones de dólares se canalizan hacia esta industria, una cifra que podría ser mucho mayor debido a la escasa transparencia en el reporte de estos fondos. Además, el 80 % de la minería metalúrgica se lleva a cabo en regiones de alta biodiversidad, donde los daños ecológicos son especialmente severos.
Uno de los mensajes clave del estudio es la ausencia de un sistema global que permita rastrear de forma clara y accesible los flujos de subsidios públicos: a qué sectores se destinan, qué industrias los reciben y con qué objetivos. Esta opacidad institucional representa un obstáculo importante para la rendición de cuentas y la formulación de políticas públicas responsables. Para Reyes García, una mayor transparencia en la distribución de estos fondos es imprescindible si se quiere abordar con seriedad la crisis ecológica global.
A pesar de la gravedad de los datos, la investigación también pone el foco en experiencias que demuestran que otro camino es posible. Nueva Zelanda, por ejemplo, ha suprimido determinados subsidios pesqueros y ha implementado incentivos orientados a la sostenibilidad. Zambia ha comenzado a reconducir sus apoyos a la agricultura hacia prácticas más respetuosas con el clima y la biodiversidad, mientras que Inglaterra ha diseñado un sistema de pagos por servicios ecosistémicos en el sector agrario.
Estas iniciativas muestran que es viable redefinir el uso de los recursos públicos, no solo para garantizar la sostenibilidad ambiental, sino también para asegurar el bienestar económico y social de las generaciones presentes y futuras. El estudio del ICTA-UAB concluye que la transformación del modelo económico actual no es solo necesaria, sino urgente.
Referencia del artículo científico original:
Reyes-García, V., Villasante, S., Benessaiah, K., Pandit, R., Agrawal, A., Claudet, J., Garibaldi, L. A., Kabisa, M., Pereira, L., y Zinngrebe, Y. (2025). «The costs of subsidies and externalities of economic activities driving nature decline». Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-025-02147-3
artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 25 mayo). OpenAI)
