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La resolución no sólo obvia cualquier comentario relacionado con los derechos de los usuarios víctimas de estas conductas fraudulentas, sino que señala que dichas prácticas, «al favorecer el acceso al mercado de otros operadores», estarían, en todo caso, promoviendo la competencia. Con ellas, indica, «se reduciría el poder del operador dominante, quedando favorecida la competencia en el mercado».
Aunque la cifra de usuarios víctimas del fraude en las preasignaciones es prácticamente imposible de definir, la resolución llega al extremo de indicar que aunque ésta alcanzara el 10% de los clientes de Telefónica, no sería relevante en comparación con el número total de abonados.
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