El número de empresas gestoras (excluyendo a los centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso, así como a las empresas que sólo realizan el transporte y/o almacenamiento de residuos peligrosos) se sitúa en torno a las 250, que generan un volumen de empleo de unos 3.000 trabajadores.
. Gestión de residuos peligrosos
Desde finales de los años noventa, el valor del mercado de gestión de residuos peligrosos registra una favorable evolución, presentando en el período 1998-2005 un crecimiento medio anual situado en torno al 8%.
Respecto al destino de los residuos peligrosos, el 29% se destina a recuperación y el 71% restante a eliminación. Dentro de la eliminación, el 41% se dirige a depósitos de seguridad, un 26% recibe un tratamiento físico-químico y el 4% restante tratamiento biológico.
En el año 2005, la rentabilidad de las empresas del sector mostró un ligero incremento, situándose la participación del resultado operativo sobre los ingresos totales en torno al 8-10%.
Las positivas perspectivas de evolución del mercado, impulsado por el desarrollo de normativas que declaran nuevos residuos peligrosos o especiales, favorecerán la entrada de nuevas empresas en el sector en los próximos años. A este crecimiento contribuirá la aplicación por parte de las autoridades españolas de medidas de tratamiento de materiales peligrosos, haciendo hincapié en la reutilización y el reciclado de los componentes en detrimento de la eliminación
No obstante, se mantendrá la tendencia de concentración de la actividad en los principales grupos, que crearán filiales o absorberán a otras empresas con el fin de ampliar su cobertura geográfica e incrementar sus áreas de actividad, lo que permitirá ofrecer un servicio global al cliente, según DBK.
Entre los nuevos mercados de residuos peligrosos, destacan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuya normativa entró en vigor en 2005, tras la adopción del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos, y la gestión de sus residuos.
Cataluña destaca como la comunidad con mayor capacidad de gestión de residuos peligrosos, con el 19% del total; seguida de Andalucía, País Vasco y Asturias, reuniendo estas cuatro comunidades de manera conjunta el 67% del total de capacidad instalada.
