Este plan responde al firme compromiso del Gobierno español con las políticas de mejora de la normativa y de reducción de cargas administrativas de la Unión Europea. En el caso de España resulta particularmente relevante trasladar la estrategia europea de simplificación administrativa, debido a la estructura empresarial española, en la que priman empresas de tamaño reducido, y al modelo de distribución competencial de nuestro país, que en ocasiones genera duplicidades normativas innecesarias
El esfuerzo del Gobierno por reducir las cargas administrativas y mejorar la regulación se realiza junto a otras iniciativas que se están desarrollando para facilitar la relación de empresas y ciudadanos con la Administración, como son la transposición de la Directiva de Servicios y la adaptación de los procedimientos administrativos a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
En el Plan se establecen los objetivos y medidas para hacer menos costosas las gestiones administrativas asociadas a la creación y funcionamiento de las empresas y a la actividad de profesionales, trabajadores autónomos y ciudadanos, en general.
Las acciones se centrarán en aquellos procedimientos que permitirán liberar recursos para la inversión y el crecimiento de las empresas, facilitar la tramitación para su creación y disolución, abaratando los costes asociados, y fomentar la inversión productiva con el fin de impulsar la actividad empresarial en nuevos sectores o ámbitos geográficos.
REDUCCIóN DE UN 30% DE LAS CARGAS
Este Plan es el primer paso para identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias y revisar los trámites que puedan ser simplificados o realizados por medios telemáticos. Para ello, se establecen dos líneas de trabajo, una sobre el pasado y otra dirigida hacia el futuro. Así, por un lado se persigue reducir en un 30% en el horizonte de 2012 las cargas que afectan a las empresas, especialmente PYMES, derivadas de la normativa vigente superando el objetivo del 25% fijado por la UE; y, por otro, se busca minimizar las cargas administrativas sobre las empresas en la nueva normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009.
Para conseguir estos objetivos, las actuaciones que se desarrollarán estarán dirigidas a medir las cargas administrativas en las seis áreas de carácter horizontal, consideradas prioritarias: derecho de sociedades, legislación fiscal, estadísticas, contratación pública, medio ambiente y entorno laboral-relaciones laborales.
Además, en la Administración General del Estado se adoptará el Modelo de Costes Estándar (SCM) como instrumento para medir las cargas administrativas y, por lo tanto, para cuantificar el ahorro que supondrá para las empresas la reducción de las mismas.
Con el fin de contrastar y mejorar su operatividad, el plan prevé la puesta en marcha de un proyecto piloto que el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) realizará en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sobre el procedimiento de notificación de traslado de residuos peligrosos en el territorio nacional. Este procedimiento administrativo alcanzó un volumen de 94.000 actuaciones en 2007.
Respecto a la nueva normativa, el Plan propone la elaboración y aplicación de un protocolo de actuación para valorar durante su proceso de elaboración el impacto de las nuevas normas en la actividad de nuestras empresas y evitar así la imposición no justificada de nuevas cargas administrativas.
COOPERACIóN ENTRE ADMINISTRACIONES
El Plan está diseñado para la reducción de cargas administrativas en la Administración General del Estado, aunque establece mecanismos de colaboración con todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para impulsar estas medidas de simplificación administrativa en sus ámbitos de competencia. También se prevé la colaboración con las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales y sindicales, en función de la naturaleza de cada tema.
En este sentido, el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha suscrito acuerdos de cooperación con las Cámaras de Comercio, la CEOE y CEPYME para el intercambio de información y selección de la metodología más adecuada para la elaboración del Plan.
En el apartado de medidas tecnológicas, el proyecto aprobado hoy incluye iniciativas para la simplificación administrativa, como la interconexión electrónica de los sistemas de información de las administraciones públicas, la ventanilla única apuntada en el proyecto de transposición de la Directiva de Servicios o un portal específico sobre las cargas administrativas.
Durante la vigencia del Plan, hasta el año 2012, el Gobierno aprobará en el último trimestre de cada año un proyecto normativo de reducción de cargas administrativas, que recogerá las propuestas de mejora y las medidas concretas de simplificación de las áreas prioritarias analizadas, identificadas en ese período.
PARTICIPACIóN Y SEGUIMIENTO
El Plan también establece cauces para la participación de los ciudadanos y los empresarios en su desarrollo. Para ello, desde octubre de 2007 en www.map.es se ofrece la oportunidad de contribuir directamente a mejorar la calidad de la legislación. En el apartado de Reducción de Cargas Administrativas de la página se incluye información sobre el tema y dos formularios para presentar ideas al Gobierno de España o a la Comisión Europea sobre simplificación administrativa.
El Ministerio de Administraciones Públicas se encargará de realizar un seguimiento del Plan e informará periódicamente de su desarrollo al Grupo de Alto Nivel para la Reducción de Cargas Administrativas y, en su caso, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El acuerdo también incluye la incorporación de los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Trabajo e Inmigración al Grupo de Alto Nivel, dada la significación que tienen sus ámbitos de competencias en las áreas prioritarias definidas por este Plan.
