Con la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de las enmiendas incorporadas por el Senado, España da un paso crucial hacia la sostenibilidad alimentaria con la publicación de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 80, de 2 de abril de 2025).
Esta normativa tiene como principal objetivo reducir de manera drástica la pérdida de alimentos en toda la cadena agroalimentaria, respondiendo al mandato del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 de la Agenda 2030: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. De acuerdo con el nuevo marco, se busca alcanzar, para el año 2030, una reducción del 50 % de los residuos alimentarios per cápita a nivel minorista y doméstico, y una reducción del 20 % de las pérdidas en las cadenas de producción y suministro respecto a los niveles de 2020.
Una ley con vocación integral y colaborativa
La ley establece una jerarquía de prioridades en la gestión de los excedentes alimentarios, priorizando la prevención, la donación y la transformación alimentaria, por encima del reciclaje u otras formas de valorización como el compostaje. Para lograr estos objetivos, se ha definido un conjunto de obligaciones y recomendaciones dirigidas a todos los agentes implicados: desde productores primarios, pasando por distribuidores y restauradores, hasta llegar a las personas consumidoras.
Entre las medidas contempladas se incluye la promoción del consumo de productos locales y de temporada, el fomento de prácticas de cocina de aprovechamiento, y la divulgación educativa sobre fechas de caducidad y consumo preferente. Asimismo, se establecen buenas prácticas en infraestructuras y gestión del almacenamiento y distribución para evitar mermas innecesarias.
La ley prevé también el fomento de la economía circular, integrando la lucha contra el desperdicio alimentario en la Estrategia Española de Economía Circular 2030 y en la Política Agrícola Común (PAC), buscando así una mayor coherencia entre las políticas agrarias, ambientales y sociales.
Un marco sancionador y mecanismos de control
El texto normativo incluye un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento, y prevé la elaboración de un Plan Estratégico Nacional y un Plan Nacional de Control que serán evaluados periódicamente. Además, introduce obligaciones de cuantificación del desperdicio en cada eslabón de la cadena alimentaria, basadas en metodologías armonizadas con la normativa europea. La colaboración entre administraciones públicas y la participación del tercer sector (como bancos de alimentos y otras entidades sociales) se plantea como eje esencial de la implementación de esta ley. También se promueve el acceso a recursos logísticos y financieros para garantizar la eficiencia de estas organizaciones en la redistribución de excedentes.
Una enmienda polémica: control de depredadores
Durante su paso por el Senado, se incorporó una disposición adicional octava relativa al control de especies depredadoras naturales que afecten a la eficiencia del sistema productivo. Esta medida, que permite excepciones para la captura o extracción de especies como el lobo, ha suscitado un intenso debate por su impacto potencial en la biodiversidad y por las posibles tensiones entre intereses agrícolas y de conservación ambiental. No obstante, el texto deja claro que tales medidas deberán ajustarse a las exigencias de conservación de las especies autóctonas.
De la estrategia a la ley: evolución de un compromiso social
El nuevo marco legal se inscribe en la evolución iniciada con la estrategia «Más alimento, menos desperdicio» de 2013 y se construye sobre un legado de concienciación social, estudios, paneles de medición y promoción de buenas prácticas. La norma subraya que la reducción del desperdicio no solo mejora la eficiencia del sistema alimentario, sino que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, reduce la presión sobre recursos hídricos y contribuye a un sistema agroalimentario más justo y resiliente.
En definitiva, la Ley 1/2025 sitúa a España en la vanguardia de la lucha europea contra el desperdicio alimentario, alineando su acción con la Estrategia De la Granja a la Mesa y con las directrices de sostenibilidad de la Comisión Europea. Su aplicación efectiva dependerá, sin embargo, del compromiso de todos los agentes implicados y de una gobernanza multinivel que logre traducir los principios normativos en cambios reales y medibles en el sistema alimentario.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 04.11.2025). OpenAI)
