La transición energética en Europa se encuentra en plena expansión, impulsada por la demanda creciente de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, este crecimiento acelerado ha sacado a la luz importantes desafíos ambientales y sociales asociados a la cadena de suministro de baterías. Desde la extracción de minerales hasta la gestión de residuos, cada etapa implica impactos significativos que exigen una respuesta regulatoria y empresarial contundente.
La Unión Europea ha dado un paso al frente con la aprobación de una nueva normativa sobre baterías que establece criterios estrictos de sostenibilidad para todo el ciclo de vida del producto. Esta legislación, pionera en su alcance, persigue un doble objetivo: reducir la huella ambiental del sector y asegurar una transición energética justa que respete los derechos humanos y el medio ambiente.
Una cadena de suministro bajo presión
La fabricación de baterías implica procesos altamente intensivos tanto en energía como en recursos. La extracción de litio, cobalto y níquel —minerales esenciales en la composición de las baterías— se ha convertido en una actividad crítica, muchas veces asociada a impactos negativos como la degradación del suelo, la contaminación del agua o la explotación laboral en países productores. Los riesgos no son solo ambientales, sino también sociales, con prácticas documentadas que incluyen trabajo infantil y violaciones de derechos laborales.
Afrontar estos retos implica transformar radicalmente el modelo de producción actual. La sostenibilidad ya no puede entenderse como una opción voluntaria, sino como una condición indispensable para operar en un mercado europeo que avanza hacia una economía baja en carbono y con elevados estándares de responsabilidad empresarial.
La respuesta normativa de la Unión Europea
La nueva normativa comunitaria establece un marco regulador que abarca todas las fases de la vida útil de las baterías. Entre sus puntos clave se encuentran:
Huella de carbono declarada: A partir de 2027, los fabricantes deberán reportar la huella de carbono de sus productos y respetar límites máximos establecidos por la normativa.
Diligencia debida obligatoria: Las empresas estarán obligadas a identificar y mitigar los riesgos sociales y ambientales presentes en su cadena de suministro.
Reciclaje y contenido reciclado: Se introducen objetivos mínimos de contenido reciclado en las baterías y se refuerza el papel del reciclaje como estrategia de circularidad.
Pasaporte digital de batería: Cada batería deberá contar con un pasaporte digital que contenga información detallada sobre su origen, composición, impactos ambientales y sociales.
Este conjunto de requisitos supone una transformación profunda para un sector caracterizado por la complejidad y globalización de sus cadenas de suministro.
Desafíos para la industria
La implementación de la normativa no está exenta de dificultades. Uno de los principales obstáculos radica en la propia estructura de la cadena de suministro: extensa, fragmentada y con múltiples actores distribuidos en diferentes países. La trazabilidad y verificación de datos a lo largo de esta red es un reto técnico y organizativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que disponen de menos recursos. A ello se suma la falta de estándares armonizados a escala internacional, que dificulta la comparabilidad de los esfuerzos en sostenibilidad entre distintos actores y productos. Además, los costes de implementación de medidas como la diligencia debida o la recolección sistemática de datos pueden ser significativos.
Una herramienta para facilitar la transición: el Battery Passport
En este contexto, el Battery Passport desarrollado por la Global Battery Alliance (GBA) emerge como una herramienta clave para facilitar la adopción de los nuevos requisitos europeos. Este pasaporte digital estandariza la medición y comunicación del desempeño en sostenibilidad en 22 indicadores ESG (del inglés ‘Environmental, Social and Governance’) Ambientales, Sociales y de Gobernanza incluyendo aspectos críticos como la huella de carbono, el respeto a los derechos humanos o la protección de la biodiversidad.
El Battery Passport no solo ayuda a las empresas a cumplir con la legislación, sino que también ofrece beneficios estratégicos:
Transparencia y confianza: Al permitir la trazabilidad de las baterías desde su origen, se refuerza la credibilidad de las empresas ante consumidores e inversores.
Diferenciación competitiva: Las compañías con mejor desempeño en sostenibilidad podrán destacar frente a sus competidores y atraer nuevas oportunidades de mercado.
Acceso a financiación: La disponibilidad de información ESG fiable facilita el acceso a fondos e inversiones alineadas con criterios de sostenibilidad.
La legislación europea y herramientas como el Battery Passport representan un cambio de paradigma en la industria. Las empresas que asuman un compromiso real con la sostenibilidad no solo cumplirán con las exigencias normativas, sino que estarán mejor posicionadas para liderar la transformación hacia una economía más justa y resiliente.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 22 abril). OpenAI)
