Tan solo un centenar de empresas multinacionales son responsables de una quinta parte de los conflictos extractivos documentados en todo el planeta. Así lo indica un reciente estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), basado en el análisis del Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), una base de datos interactiva que localiza más de 4.300 conflictos medioambientales vinculados a actividades extractivas como minas, oleoductos y megaproyectos hidroeléctricos.
El trabajo, publicado en la revista científica Global Environmental Change, constata que las multinacionales del norte global se apropian de los recursos y beneficios generados, mientras los impactos ecológicos y sociales más graves recaen sobre comunidades del sur global.
Concentración de poder y conflicto
Según el estudio, las 100 empresas más conflictivas¹ —entre ellas Shell, Glencore, Repsol o Bayer-Monsanto— representan apenas el 2 % de las 5.500 compañías registradas en el EJAtlas, pero están implicadas en el 20 % de los conflictos documentados. La mayoría de estas empresas transnacionales operan en sectores de alta huella ecológica: energía, minería e hidroelectricidad.
Casi la mitad de los proyectos de estas compañías con sede en países ricos se desarrollan en países del sur global, y la mitad de las empresas implicadas en conflictos en regiones empobrecidas proceden de Estados Unidos, China y Europa.
“Las actuales reglas del comercio global —como los tratados de libre comercio, los tribunales de arbitraje internacional y los incentivos fiscales a la inversión extranjera— promueven el crecimiento sin restricciones de estas corporaciones, agravan los impactos sociales y ambientales de sus operaciones, y refuerzan un sistema de impunidad empresarial”, afirma Marcel Llavero-Pasquina, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB.
Alta conflictividad en proyectos de alto valor
El estudio identifica una mayor implicación de las grandes transnacionales en conflictos vinculados a productos estratégicos como petróleo, gas, minerales raros o cultivos transgénicos como el maíz y el algodón. Por el contrario, los proyectos menos valiosos económicamente, como la gestión de residuos o la extracción de carbón, suelen estar protagonizados por empresas nacionales.
Este desequilibrio se traduce en una forma de intercambio ecológicamente desigual, donde la extracción y el transporte de estos bienes permiten al norte global concentrar riqueza a bajo coste, trasladando los perjuicios —desplazamientos forzados, deforestación, contaminación del agua y el suelo— a poblaciones locales que a menudo ya viven en situación de vulnerabilidad.
El informe revela también que cuando los proyectos extractivos son liderados por multinacionales, las consecuencias para las comunidades afectadas son más severas. Se documenta un aumento de los episodios de violencia, despojo de tierras, pérdida de modos de vida, afectaciones específicas a mujeres e indígenas, y represión sistemática de la protesta social.
La falacia de la responsabilidad corporativa
Pese a estar adheridas a programas internacionales como el Pacto Mundial de la ONU, muchas de estas corporaciones continúan operando en sectores de alta conflictividad sin mecanismos reales de rendición de cuentas. Llavero-Pasquina alerta: “Las iniciativas voluntarias de responsabilidad social y sostenibilidad, centradas en la autoevaluación, proyectan una imagen engañosa de transparencia. Pero lo que muestran los datos es una historia de impunidad generalizada”.
En esta línea, Rachel Rose Jackson, directora de investigación de la organización Corporate Accountability, denuncia que “los compromisos voluntarios, la autorregulación y las medidas tibias no protegen ni a las personas ni al planeta, sino que perpetúan la impunidad empresarial”. Para Jackson, sin mecanismos legales vinculantes que aseguren la rendición de cuentas, las empresas seguirán actuando con total impunidad.
También desde el sur global se alzan voces críticas. Meena Raman, responsable de la Red del Tercer Mundo, señala que “las normas del comercio mundial son un legado del colonialismo que permite al norte global seguir saqueando recursos del sur”. En su opinión, solo un cambio de sistema basado en la justicia económica y ecológica puede corregir este desequilibrio.
En juego: la Directiva europea sobre diligencia debida
El estudio ve la luz en un momento clave, justo cuando el Parlamento Europeo debate una propuesta de la Comisión Europea para suavizar los requisitos legales en materia de diligencia debida corporativa. Esta reforma, conocida como “paquete Ómnibus”, podría debilitar significativamente las obligaciones de las empresas en relación con los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro.
Para activistas como Nick Omonuk, opositor al oleoducto EACOP de TotalEnergies en Uganda, estas propuestas legislativas son una amenaza directa para las comunidades afectadas: “Las empresas irresponsables no solo extraen recursos, extraen vidas. La Comisión Europea está convirtiendo la impunidad empresarial en norma”.
Un mapa para la justicia ambiental
El EJAtlas (www.ejatlas.org), base empírica del estudio, es una plataforma de mapeo colaborativo que documenta sistemáticamente más de 4.300 casos de conflictos socioambientales en todo el mundo. Incluye información detallada sobre actores involucrados, productos, impactos, formas de protesta y desenlaces de cada conflicto. Desde su creación en 2012, ha recibido premios como los Balzan y Holberg, y se ha consolidado como una herramienta esencial para investigadores, periodistas y activistas.
La investigación del ICTA-UAB no solo aporta evidencia sobre los vínculos entre grandes corporaciones y conflictos extractivos, sino que exige un replanteamiento estructural del marco normativo internacional. “Mientras los principios de equidad, autonomía y reciprocidad no rijan las relaciones comerciales globales, y mientras no existan normas vinculantes y ejecutables para las empresas transnacionales, los abusos seguirán ocurriendo con total impunidad”, concluye el informe.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 4.0, 20 mayo). OpenAI)
¹ En la lista de empresas superconflictivas en el EJAtlas hay un total de 104 empresas involucradas en más de 7 conflictos. Señalar que el EJAtlas no es una recopilación exhaustiva de conflictos ambientales y contiene sesgos regionales y sectoriales. Por favor, consulte los métodos y métodos suplementarios para una explicación completa.
Superconflictive_Companies_EJAtlas_Final
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