Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinieron en España un total de 7.349.839 productos falsificados durante 2025, una mercancía cuyo valor estimado en el mercado habría ascendido a 694 millones de euros. A lo largo del año se desarrollaron 1.677 operaciones relacionadas con delitos contra los derechos de propiedad industrial, que se saldaron con la detención o investigación de 1.429 personas.
Los datos han sido publicados por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de la Criminalidad y recogen las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y diferentes policías locales en la lucha contra la fabricación, distribución y venta de productos falsificados.
El sector de bebidas y productos alimentarios concentró el mayor volumen de artículos intervenidos, con el 26,5 % del total, seguido por la marroquinería y los complementos, que representaron el 12,7 %, y por los productos textiles, con un 6,3 %. La distribución de las incautaciones pone de manifiesto la diversidad de sectores afectados por este tipo de fraude, que alcanza tanto a bienes de consumo cotidiano como a artículos de mayor valor añadido.
Por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía e Illes Balears concentraron el mayor número de productos requisados durante el pasado año. En cuanto a los lugares donde se localizaron las falsificaciones, la mayor parte de las intervenciones tuvo lugar en naves industriales, fábricas y almacenes, que reunieron el 77,2 % de los artículos incautados. Los establecimientos comerciales representaron el 5,3 % de las actuaciones y los domicilios particulares el 1,2 %.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha destacado un año más la importancia de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra este tipo de delincuencia. El organismo recuerda que las vulneraciones de los derechos de propiedad industrial tienen un impacto económico que trasciende a las empresas afectadas, al perjudicar la comercialización de productos legítimos y afectar al empleo vinculado a estos sectores.
Además del perjuicio económico, la OEPM advierte de que determinadas falsificaciones pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores, especialmente cuando afectan a productos que eluden los controles de calidad, las normas de fabricación y las inspecciones necesarias para garantizar su seguridad antes de llegar al mercado.
El Ministerio del Interior considera que la información recopilada a través de estas actuaciones resulta también una herramienta útil para orientar campañas de sensibilización dirigidas a reducir la demanda de productos falsificados. Estas iniciativas forman parte del Plan Estratégico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que identifica la concienciación ciudadana como uno de los instrumentos para combatir un fenómeno delictivo que, según recuerda el organismo, suele estar vinculado a organizaciones criminales y a otras actividades ilícitas.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.5, 18 de julio). OpenAI).
