La firma maderera Botrosa, uno de cuyos socios es el ministro de Comercio Exterior, Roberto Peña Durini, fue acusada ante la justicia en Ecuador de perseguir campesinos y ambientalistas en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Agricultores del lugar aseguraron en un juzgado penal de la ciudad de Quinindé, cercana a la zona del conflicto, que fueron retenidos y torturados por policías y guardabosques de Botrosa, que los amenazaron de muerte para expulsarlos de las tierras que trabajaban.
Los 350 miembros de la Cooperativa Ecuador Libre, sus familias y activistas, realizan protestas por la ocupación de Botrosa de los predios que, según dicen, pertenecen al grupo campesino, y por la deforestación en la región. El conflicto en Esmeraldas determinó la salida del país de Ricardo Buitrón, un activista de la no gubernamental Acción Ecológica, sobre el que pesa una orden de prisión por presuntas injurias e instigación a campesinos a ocupar tierras. Buitrón tambi’n asegur¢ que fue amenazado.
El punto central del problema son tierras que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) desafect¢ del conjunto de propiedades fiscales para adjudicarlas a Botrosa. La cooperativa afirma que ese predio, El Pambilar, forma parte de un bosque nativo declarado patrimonio forestal por el Ministerio de Ambiente.
Organizaciones ecologistas y humanitarias presentaron una denuncia ante la Defensor¡a del Pueblo de Esmeraldas por presuntos maltratos y la supuesta forma ilegal en que se resolvi¢ la entrega de las tierras a la compa_¡a maderera. Los denunciantes se_alan que el INDA s¢lo puede otorgar predios a campesinos y »no a grandes empresas madereras para que deforesten un rea que es patrimonio forestal». El gerente de Botrosa, Mauricio Ter n, asegur¢ que esta compa_¡a, una de las m s grandes de la regi¢n andina en el ramo, tiene 12.000 hect reas de bosque nativo legalmente adquiridas y otras 9.000 que ha reforestado en los oltimos 22 a_os. Por su parte, los cooperativistas dicen que tomaron posesi¢n de esas tierras hace m s de 30 a_os, cuando la regi¢n fue colonizada y mucho antes de que llegara Botrosa, por lo cual entienden que les corresponden »por herencia y derecho».
Adem s, aseguraron que desde que est n all¡ la deforestaci¢n ha sido m¡nima, pero »cuando llegaron las grandes madereras se han ido quedando sin bosque». Tambi’n se comprometieron a no utilizar las parcelas para extraer madera sino para hacerlas »producir de una forma sustentable, como hasta el momento». El enfrentamiento entre la cooperativa agr¡cola y la empresa Botrosa se remonta a 15 a_os atr s, pero se agudiz¢ este a_o, cuando los agricultores y sus familias fueron desalojados, al parecer en forma violenta, por polic¡as y por guardias contratados por la firma maderera.
Hace algunos meses y en forma sorpresiva »llegaron muchos polic¡as y guardabosques de Botrosa, tumbaron y quemaron nuestras casas de madera, destruyeron lo poco que ten¡amos y nos prohibieron la entrada para siempre», afirmaron a IPS los campesinos Laurence Vega, de 34 a_os, y Porfirio Reyes, de 44. Floresmilo Villalta, de 60 a_os, asegur¢ que algunos agricultores fueron atados a postes y obligados a comer tierra, dici’ndoles que ah¡ estaba la tierra que reclamaban, para luego hacerlos correr dispar ndoles a los pies. El joven campesino Javier Intriago espera que las autoridades actoen y se les permita regresar a las tierras que cultivaban. Agreg¢ que en 1987, cuando ‘l ten¡a tres a_os, hubo otra tentativa de expulsi¢n de los agricultores, que finalmente pudieron regresar. Por su parte, Marcelo Merino, portavoz de Botrosa y del Grupo Durini, al que est relacionado el ministro de Comercio Exterior, indic¢ que la empresa compr¢ las tierras de forma legal y que la polic¡a cumpli¢ ¢rdenes legales. A todo esto, el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, pidi¢ al Ministerio de Ambiente que comisione a su Direcci¢n Forestal para inspeccionar la zona del conflicto y verificar si el predio en disputa est dentro del rea declarada patrimonio forestal del Estado.
En junio se suspendi¢ en forma abrupta una inspecci¢n del lugar con la participaci¢n de representantes del Ministerio, de organizaciones humanitarias y ambientalistas y de la empresa maderera. «La inspecci¢n no se realiz¢ porque la empresa no autoriz¢ el ingreso de los t’cnicos del Ministerio de Ambiente», dijo el director forestal, Hans Thiel. Al respecto, Bel’n V sconez, integrante de la Comisi¢n Ecum’nica de Derechos Humanos (Cedhu), dijo que la compa_¡a arguy¢ para evitar la inspecci¢n que hab¡a un grupo de invasores de tierras, cuya presencia »no garantizaba la seguridad de quienes participar¡an de la misi¢n». Directivos de la firma tambi’n consideraron que la presencia de la Cedhu desvirtuaba »el car cter t’cnico de la inspecci¢n», para convertirla «en un sainete en desmedro de Botrosa». As¡ mismo, afirmaron que estaban en un proceso de negociaci¢n con los cooperativistas.
»El acuerdo nunca lleg¢ y en los oltimos d¡as se profundizaron las diferencias, sin que el Ministerio de Ambiente tomara cartas en el asunto», dijo Buitr¢n. Para que el predio adjudicado a la empresa sea recuperado por el INDA y los campesinos puedan permanecer en ‘l es necesario que el Ministerio de Ambiente declare que est ubicado en el rea declarada patrimonio forestal del Estado, explicaron los activistas.
Si bien el ministro de Ambiente, Rodolfo Rend¢n, asegur¢ a la prensa local que la zona es »patrimonio forestal del Estado ecuatoriano», todav¡a no se ha emitido el comunicado oficial respectivo, porque antes se debe realizar la inspecci¢n frustrada en junio. Los representantes de Acci¢n Ecol¢gica aseguraron que en las oltimas dos semanas han »recibido amenazas telef¢nicas y se increment¢ la persecuci¢n contra activistas». »No vamos a salir de la provincia de Esmeraldas, seguiremos acompa_ando a los campesinos, hasta que el Ministerio de Ambiente tome cartas en el asunto y asuma que el predio El Pambilar no es propiedad de Botrosa, sino un patrimonio forestal», agregaron.
Los ambientalistas tambi’n pidieron una auditoria internacional para que se conozca »cu ntos bosques entreg¢ el INDA en forma ilegal a distintas empresas madereras como en el caso de Botrosa».
La tala de 3,4 millones de rboles de bosque nativo cada a_o causa distorsiones en el ambiente de la Amazonia y la costa de Esmeraldas. Alrededor de 88 por ciento de los rboles que se cortan en Ecuador salen de los bosques naturales de esas dos regiones. De las 5.000 especies forestales de Ecuador, s¢lo 100 son utilizadas por la industria maderera, que participa con 3,5 por ciento del producto interno bruto, ocupando el s’ptimo puesto en la econom¡a nacional. Entre 1995 y 1998 se exportaron 857.000 toneladas de productos de madera como tablas, vigas, aglomerados, puertas, listones y muebles, por un equivalente a 354 millones de d¢lares. (FIN/IPS/kl/dm/en ip/00)
NIzkor
