El secreto y renovadas tensiones rodean el juicio en el que el Tribunal de Apelaciones de Chile debe resolver si quita al General Pinochet la inmunidad. Solo así, el ex dictador podría ser finalmente juzgado en su país.
Esta nueva fase de la larguísima maratón de la Justicia, se inició en realidad en octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón. Es por todos conocido que ese largo proceso tuvo finalmente una salida «política» y no judicial. Quizás porque esta era la única fórmula que podía permitir al ex general eludir la extradición a España y su proceso por los delitos cometidos durante su dictadura.
En aquel entonces, el argumento fue la supuesta invalidez física y mental de Pinochet. Pero su arribo a Santiago, mostró ante el mundo, un anciano consciente y súbitamente recuperado. Para conseguir el regreso, el gobierno chileno había argumentado reiteradamente que Pinochet podía ser juzgado en su país. Convencidos o no de esa posibilidad, familiares de las v¡ctimas de Pinochet comenzaron a presentar querellas que se fueron sumando a las pocas existentes. Ahora ya superan las 80, aunque las que m s comprometen a Pinochet, son las que se refieren al caso de la «Caravana de la Muerte».
Esta comitiva militar, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, fusil¢ a 75 prisioneros pol¡ticos en varias ciudades chilenas en octubre del a_o 1973. La orden para esta operaci¢n, y la responsabilidad como mando, corresponde al entonces Comandante del Ej’rcito, general Augusto Pinochet.
La Corte de Apelaciones de Santiago , integrada por 21 jueces, deber fallar en un plazo estimado entre 15 y 20 d¡as. En las calles, se ven nuevamente las manifestaciones de quienes reclaman justicia por un lado y de los partidarios de Pinochet por otro. En el aire, una vez m s, se respira la impunidad del m ximo s¡mbolo de la represi¢n en Chile.
El gobierno insiste en que Chile est tranquilo porque las instituciones y el poder judicial funcionan. El Presidente Lagos agreg¢ que «cualquiera sea el fallo, ser respetado». En cambio, el Comandante y sucesor de Pinochet al frente del Ej’rcito, Ricardo Izurieta habr¡a informado al Presidente Lagos que «las aguas no est n tranquilas» en el sector armado. El comentario quiz s era innecesario. Todos saben que la casi todos los mandos militares se sienten enjuiciados, junto a Pinochet. Es una situaci¢n que no desean y que preferir¡an evitar.
La derecha pol¡tica mantiene una simpat¡a formal con el ex dictador, pero ha establecido una conveniente distancia. Con esa t ctica logr¢ crecer electoralmente y no est dispuesta a perder terreno. Al menos formalmente tiene que proclamar su respeto por la independencia de la Justicia. Ante ese panorama, la defensa del ex dictador se aferra al que parece puede ser su onico argumento: la salud del general. Afirman que Pinochet no podr defenderse al estar incapacitado para dar instrucciones a sus abogados. Por lo tanto, afirman, que si se aprueba el desafuero, se atentar¡a contra sus derechos humanos.
Muchos de los prisioneros pol¡ticos fusilados en 1973, no hab¡an sido siquiera juzgados. Otros, ten¡an penas de prisi¢n de 3 meses a varios a_os, aplicadas por los propios tribunales militares. Todos fueron masacrados.
Ahora, los asesores legales del ex dictador argumentan que «todo acusado debe estar en condiciones de defenderse, lo que Pinochet no puede hacer por estar con su salud quebrantada.»
El onico eximente que un procesado tiene en la legislaci¢n chilena, es una locura certificada por m’dicos especialistas. Y una cosa es «hacerse el loco», como hizo el anciano dictador en Londres, y otra, ser declarado poblicamente como «demente».
Quiz s Pinochet nunca llegue a ser juzgado por un tribunal de Justicia. Pero el proceso iniciado por el Juez Garz¢n demostr¢ la validez de enfrentar la impunidad. Algo que los familiares de las v¡ctimas, movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos vienen haciendo, sin descanso, desde el tr gico golpe de setiembre de 1973. (Cl/QR/Au-Mt/Dh-Pl/ap)
Carlos Iaquinandi Castro
