La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste en varias provincias del Levante español. La operación, denominada “Tenk”, ha culminado con 18 personas detenidas, otras 14 investigadas y la implicación de 40 empresas en un entramado diseñado para eludir impuestos, alterar el mercado de hidrocarburos y comprometer la seguridad del consumidor.
La investigación se inició en 2023, a raíz de las denuncias de vecinos de La Hoya del Campo (Abarán, Murcia), que alertaron del inusual tránsito de camiones cisterna en la zona. Esta información permitió a los agentes localizar un gasocentro irregular, en el que se hallaron más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria especializada y depósitos de almacenamiento.
El combustible intervenido resultó ser lo que en el sector se denomina “designer fuel”: una mezcla de gasóleo con otros componentes, diseñada para modificar sus propiedades físicas y, con ello, eludir la normativa fiscal y de calidad. Entre las sustancias encontradas se hallaba triacetina, un aditivo que no cumple las especificaciones legales para el gasóleo de automoción.
Las pesquisas permitieron vincular este centro con otros dos gasocentros clandestinos ubicados en Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia). Según los investigadores, el carburante adulterado tenía como destino final estaciones de servicio de bajo coste situadas en las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia.
Para evitar los controles regulatorios y fiscales, los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes, no como gasóleo, y procedían de países del este de Europa como Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Este mecanismo permitía sortear el pago del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades, generando importantes pérdidas económicas para la Hacienda Pública y creando un entorno de competencia desleal en el sector.
Además del fraude fiscal, el uso y almacenamiento de este combustible adulterado representa un riesgo ambiental, debido a la emisión de gases contaminantes en su combustión y al peligro de vertidos incontrolados. También puede tener consecuencias negativas para los consumidores, ya que los compuestos empleados pueden dañar los motores de los vehículos.
La complejidad del entramado quedó evidenciada a lo largo de los dos años de investigación, en los que se identificó a los miembros de la red y a las empresas pantalla utilizadas para blanquear capitales y canalizar las operaciones. Muchos de los supuestos responsables eran en realidad testaferros: personas en situación económica precaria que cedían su identidad a cambio de dinero para crear empresas ficticias y cuentas bancarias. Entre ellos figuran ciudadanos de Ucrania, Letonia, Francia y España.
Un total de 40 empresas con sede en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona han sido vinculadas a la organización. Las autoridades han inspeccionado once estaciones de servicio y empresas en el marco de la operación.
Las personas detenidas e investigadas están acusadas de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal. Destaca el caso de un conductor de camión imputado por 26 delitos contra la seguridad vial, por manejar vehículos con mercancías peligrosas sin disponer del permiso de conducción en vigor.
La operación “Tenk” pone de relieve la dimensión transnacional y el impacto económico, medioambiental y social de las prácticas fraudulentas en el sector de los carburantes, así como la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad para desarticular redes delictivas complejas y multiterritoriales.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 2025-09-27). OpenAI).
