10 PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN ACUSAN A FUJIMORI

La mayoría de los partidos políticos y sectores sociales de Perú, rechazaron hoy la decisión del Gobierno de desconocer las decisiones jurídicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Diez partidos de la oposición emitieron una declaración conjunta, en la que acusan al presidente de Perú, Alberto Fujimori, de «pretender atemorizar» a los peruanos con «el rebrote del terrorismo» para, con «ese pretexto», desconocer la jurisdicción de la CIDH.
La CIDH dictó recientemente una sentencia a favor de que se someta a un nuevo proceso en el fuero civil, a los chilenos Jaime Castillo Petruzzi, María Concepción Pncheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga,- ver editorial de Gema Castellano » Yanamayo la creación del Fujimorismo»-, condenados los tres primeros a cadena perpetua y el otro a 30 años de prisión, por la justicia militar peruana. Esas cuatro personas de nacionalidad chilena, fueron acusadas de «traición a la patria» por su pertenencia a la organización armada peruana Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Apoyado por una mayor¡a absoluta parlamentaria, el Gobierno del presidente Alberto Fujimori envi¢ entonces al Congreso una disposici¢n con carcter de norma legal, en la que se rechaza la competencia jur¡dica en Pero de la CIDH.
Los partidos de la oposici¢n consideran en su declaraci¢n conjunta, que uno de los fines de Fujimori es crear «el ambiente pol¡tico propicio para generar una reelecci¢n presidencial», vetada por la Constituci¢n.
Denuncian adem s que el Gobierno trata de apartarse de las sentencias de la CIDH «bajo el pretexto de que dicha Corte estar¡a liberando terroristas, lo que -segon afirman- es falso porque la CIDH plantea el respeto al debido proceso».
El Gobierno peruano fundamenta su decisi¢n en que, a su juicio, la sentencia de la CIDH atenta contra la seguridad nacional y transgrede la Convenci¢n Americana de Derechos Humanos.
Los opositores expresan tambi’n su «rechazo en’rgico» por la decisi¢n gubernamental, porque opinan que lo que se trata es de impedir un futuro fallo de la CIDH, para que se reponga a tres magistrados del Tribunal Constitucional destituidos por la mayor¡a gubernamental en el Congreso, y segn la oposici¢n, ilegalmente.
Alertan a los peruanos de que la determinaci¢n del Gobierno y de su mayor¡a parlamentaria deja a los ciudadanos «sin derecho de recurrir a la Corte Interamericana, cuando sus derechos humanos sean violados».
Recuerdan adem s el convencimiento de la oposici¢n de que el Poder Judicial, el Ministerio Poblico y el Tribunal Constitucional, con tres miembros menos, est n intervenidos por el Gobierno, y que, por lo tanto, «m s que nunca» se requiere de la tutela de la CIDH, para la defensa de los derechos humanos de los peruanos.
El relator especial para los derechos humanos de las Naciones Unidas y ex senador peruano Enrique Bernales, declar¢ que la decisi¢n gubernamental es «una t¡pica tinterillada de un Gobierno autoritario en que se recurre a argumentos de aparente solidez, pero absolutamente inconsistentes».
A juicio de Bernales, el objetivo del Gobierno es evitar el cumplimiento en el futuro de fallos de la CIDH, que ordenen la restituci¢n de los tres magistrados del Tribunal Constitucional y que se le devuelva la nacionalidad peruana que le fue retirada hace dos a_os al empresario Baruch Ivcher.
El jurista coment¢ que la resoluci¢n de la CIDH sobre los terroristas chilenos, no pide la liberaci¢n de estos y que el Gobierno desconoce la competencia de la CIDH «a sabiendas» de que su decisi¢n es contraria al derecho internacional.
Segon Bernales, el desconocimiento de la Corte «implica desprotecci¢n» para los ciudadanos y los derechos humanos de 25 millones de peruanos «pasan a depender de un Gobierno de caracter 3/8sticas autoritarias».
El director ejecutivo de la Comisi¢n Andina de Juristas, Diego Garc¡a Sayn, opin¢ que la decisi¢n del Gobierno peruano «es el resultado de una campa_a de tergiversaciones de fallo» de la CIDH, en el caso de los terroristas chilenos.
Garc¡a Sayn coincidi¢ con Bernales en que Fujimori pretende «desactivar» los casos de los tres magistrados y de Ivcher, que est n en la Corte Interamericana.
Tambi’n consider¢ que la postura del Gobierno de Fujimori constituye un incumplimiento del Pacto de San Jos’, por el que se cre¢ la CIDH, y del que Pero es signatario.
El onico partido, adem s del fujimorista «Cambio 90», que no se sum¢ a la condena de la decisi¢n del Gobierno, fue el recientemente creado «Solidaridad Nacional», plataforma pol¡tica del candidato a la presidencia de la Repblica Luis Casta.