600 GUERRILLEROS EN HUELGA DE HAMBRE EN LAS CÁRCELES DE PER+

Una huelga de hambre de los 600 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) presos en cárceles de Perú, agrega tensión al debate sobre derechos humanos en el escenario preelectoral.
Victor Polay, Peter Cárdenas y Miguel Rincón, los tres principales líderes del MRTA, comenzaron el día 21 una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad del Callao, ciudad portuaria vecina a Lima.
Los tres dirigentes guerrilleros exigen la eliminación del régimen de aislamiento casi total, que se les ha impuesto en esa prisión custodiada por la Marina y el derecho a la visita de familiares, que se les limita a una sola por mes.
Polay y sus compañeros lograron sacar al exterior un documento de denuncia en el que comunican la huelga de hambre, y su mensaje llegó a los militantes del MRTA recluidos en otras cárceles. El 23 se unieron a la huelga de hambre los 52 miembros de esa organización destinados a Yanamayo, una prisi¢n situada en la sierra sur y reservada a condenados a cadena perpetua. Y al d¡a siguiente, se sumaron los guerrilleros del MRTA detenidos en otras c rceles.
«Mediante la huelga de hambre de sus militantes presos, el MRTA interviene en el escenario preelectoral con un prop¢sito pol¡tico que va m s all  de la denuncia contra las duras condiciones de reclusi¢n», afirm¢ el soci¢logo Flavio Solorzano, analista de la organizaci¢n no gubernamental Poblaci¢n y Desarrollo.
«Con el ayuno de los presos, que se convertir  en un tema dram tico si se prolonga lo suficiente, el MRTA quiere poner a prueba la dureza antisubversiva que proclama con fines electorales el presidente (Alberto) Fujimori», opin¢ Solorzano.
«La oposici¢n denuncia la pol¡tica antisubversiva como fuente de violaciones de derechos humanos y civiles, acusaciones que Fujimori no se muestra muy interesado en refutar, pues parte de su estrategia electoral se basa en mostrarse duro para capitalizar el miedo al retorno del terrorismo», agreg¢.
Hasta ahora, la campa_a para cerrar el paso a la intenci¢n de Fujimori de ser reelegido el a_o pr¢ximo para un tercer per¡odo consecutivo de gobierno se concentraba en el fracaso de la pol¡tica econ¢mica para abatir el elevado desempleo y en el autoritario centralismo que se endilga al presidente.
En materia de derechos humanos, los opositores se limitaban a denunciar actos de hostilidad realizados supuestamente por simpatizantes del gobierno contra actos poblicos de los adversarios de Fujimori y la ilegal intercepci¢n telef¢nica de sus conversaciones.
Las denuncias de acoso a los candidatos de oposici¢n no parecieron interesar al electorado, que sigui¢ otorgando a Fujimori el primer lugar en las encuestas de intenci¢n de voto, a pesar de que su postulaci¢n ha sido cuestionada con base en cl usulas de la Constituci¢n.
La oposici¢n incorpor¢ en las oltimas semanas a sus banderas pol¡ticas la demanda de revisi¢n de la legislaci¢n antiterrorista, apoyada en el conflicto entre el gobierno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San Jos’ de Costa Rica.
«Si es cierta la afirmaci¢n de Fujimori de que las organizaciones terroristas han sido aplastadas, no hay raz¢n para mantener una legislaci¢n excepcional, dictada en tiempos de emergencia ya superados», se_al¢ el parlamentario social cristiano Antero Flores Araoz.
Pero el presidente advirti¢ este martes que no modificar  la legislaci¢n antisubversiva y que tampoco retornar  al  mbito jur¡dico de la CIDH «mientras ese organismo internacional siga apoyando al terrorismo».
La CIDH declar¢ el lunes inadmisible la decisi¢n de Fujimori de desconocer su jurisdicci¢n, y Pero se arriesga a sanciones que podr¡an llegar incluso a su separaci¢n de la Organizaci¢n de Estados Americanos.
El entredicho surgi¢ cuando la CIDH se pronunci¢ contra el procesamiento y condena en Pero de ciudadanos extranjeros por el delito de traici¢n a la patria y pidi¢ que tres militantes chilenos del MRTA sentenciados por esa causa sean puestos en libertad y juzgados nuevamente.
Fujimori rechaz¢ ese fallo de la Corte y desconoci¢ la jurisdicci¢n contenciosa de la CIDH, aunque aclar¢ que Pero manten¡a su adhesi¢n al Pacto de San Jos’, que dio origen a ese tribunal interamericano.
La CIDH, por su parte, inform¢ que seguir  contemplando otras denuncias planteadas contra el gobierno peruano, incluyendo entre ellas la situaci¢n de los miembros del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por oponerse a la reelecci¢n de Fuijimori.
Mientras, las madres de Polay y Rinc¢n se entrevistaron el lunes con el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, quien acept¢ respaldar su gesti¢n para felixibilizar las rigurosas condiciones de encarcelamiento de los guerrilleros.
Santistevan, segon los familiares de presidiarios que lo entrevistaron, se habr¡a comprometido igualmente a pedir que se atenoen las condiciones de reclusi¢n en Yanamayo, una prisi¢n ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una altiplanicie batida permanentemente por un viento helado.
La prisi¢n de Yanamayo alberga a 376 reclusos, de los cuales 18 son presos comunes, siete fueron condenados por terrorismo pero niegan pertenecer a ninguna organizaci¢n pol¡tica, 52 qpertenecen al MRTA y los restantes al partido insurgente Sendero Luminoso.
Los militantes de Sendero Luminoso no secundaron la huelga de hambre, debido a su enemistad con el MRTA, una organizaci¢n que alcanz¢ notoriedad internacional al tomar en diciembre de 1996 la residencia del embajador de Jap¢n en Lima, cuando se hallaban all¡ 450 invitados.
La captura de la residencia del embajador japon’s y la toma de cientos de rehenes fue la operaci¢n m s espectacular del MRTA, pero pag¢ por ella un alto precio.
En abril de 1997, el ej’rcito liber¢ el edificio, con un ataque que cost¢ la vida a dos soldados, a uno de los 72 rehenes que quedaban y a los 14 guerrilleros que manten¡an la ocupaci¢n.
En Yanamyo se encuentran los tres chilenos miembros del MRTA sentenciados por traici¢n a la patria, y cuya situaci¢n jur¡dica provoc¢ el conflicto entre el gobierno de Pero y la CIDH. (FIN/IPS/al/ff/hd ip/99)